Ante el reto enfrentado hoy, ¿hay conciencia de su gravedad, y la decisión para enfrentarlo?

Si revisáremos los conflictos políticos y retos que ha enfrentado el Estado mexicano desde los años sesenta del siglo pasado a la fecha, lo sucedido en Guerrero —y sus secuelas éstas últimas casi cuatro semanas— constituye, sin duda, el más complejo de todos.

Pienso, espero comparta esta opinión, que lo sucedido y lo que sin duda se dará durante las próximas semanas, constituye el mayor desafío y la amenaza más seria a la estabilidad política y la seguridad nacional, que el Estado mexicano haya debido enfrentar estos últimos 50 años. 

Dada la conducta y medidas tomadas en respuesta a los acontecimientos registrados en Guerrero, lo que ha distinguido a las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha sido, imposible negarlo o tratar de ocultarlo, su incapacidad para hacer frente a un conflicto de esa magnitud.

Frente a la penetración de las bandas de delincuentes en áreas críticas del sector público, la respuesta primera fue la inmovilidad cuando no el silencio cómplice; al paso de los días, y ante la gravedad que alcanzó el conflicto, el Estado reaccionó. Sin embargo, lo hizo tarde y con una respuesta que por decir lo menos, dejó mucho que desear.

Tengo la impresión que aún hoy, no ha sido cabalmente entendida la significación y consecuencias del conflicto, en tanto que desafío directo al Estado mexicano; tampoco se ha visto la decisión de enfrentarlo con toda la fuerza del Estado para, además de detener el agravamiento del mismo, empezar a encausarlo dentro del ámbito de la ley y las funciones fundamentales de todo Estado.

Es tal la inmovilidad y casi pánico del Estado y sus instituciones frente al conflicto que les estalló en la cara, que ni siquiera han podido, querido o sabido enviar un mensaje de confianza a la población mediante una clara demostración de firmeza en el mando, y claridad en el rumbo.

Lo que la población ha visto a la fecha de los tres órdenes de gobierno ha sido pues, confusión y desorden; también, un claro temor a utilizar los recursos que la ley pone en manos del Estado para hacer que aquélla sea respetada por todos. 

La falta de resultados y la parálisis ante la delincuencia —cuando no la abierta complicidad— fueron, por años, los mejores estímulos para que la CNTE, la CTEG y estudiantes normalistas violaran la ley sin límite alguno. 

Ellos, junto con las bandas que se dedican al narcotráfico, la extorsión y secuestro entre otros delitos, el poder real en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El Estado mexicano y sus instituciones son hoy, frente a ellos, un cero a la izquierda; esta conducta, lejos de promover el respeto de la ley, estimula violarla.   

¿Qué va a pasar si no hay resultados que satisfagan a los que hoy, ante la complacencia y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se han adueñado de oficinas públicas en Guerrero y quemado y destruido palacios municipales y parte del Palacio de Gobierno del Estado? ¿Hasta dónde los dejará llegar el Estado mexicano? ¿Hasta destrozar Guerrero?

¿Acaso esa conducta —dejar que grupos diversos delincan en la total impunidad—, es la única vía para solucionar éste o aquel conflicto? ¿Eso es lo que piensan los responsables de respetar la ley, y hacer que todos la respetemos?

¿Qué piensan en otros países de la conducta de nuestras autoridades ante el conflicto en Guerrero? Lo menos, que somos un país de chiste. ¿Arriesgarán entonces aquí, miles de millones de dólares?