Mexicana: acabar con la impunidad

Se trata de miles de familias cuyos ingresos, patrimonio y estabilidad social y emocional fueron arrasados o erosionados...

COMPARTIR 
Alberto Begné Guerra 07/04/2014 02:37
Mexicana: acabar con la impunidad

La declaración de quiebra y la instrucción de someter a Mexicana a concurso mercantil, 43 meses después de la suspensión de operaciones de la aerolínea, marcan el principio del fin de una oscura trama que, como en otros grandes escándalos recientes —Línea 12 y Oceanografía—, muestra una vez más las poderosas redes de complicidad y protección que permiten la planeación, ejecución y consumación de fraudes de tales dimensiones y desfachatez. Estos grandes desfalcos sólo son posibles con la concurrencia de muchos actores: empresarios que defraudan y desfondan empresas para engrosar sus fortunas personales; autoridades corruptas u omisas que no cumplen debidamente sus funciones; intermediarios profesionales, contables, legales y financieros, al servicio de la violación de la ley; y, en última instancia, funcionarios judiciales que, como el destituido juez Felipe Consuelo, reducen la función jurisdiccional a una mera herramienta de los particulares que la pueden pagar. Es la expresión más acabada de la ilegalidad e impunidad sistematizadas.

El concurso mercantil, una vez realizado el inventario de activos, debe cubrir, en primer lugar, los pasivos laborales a favor de más de ocho mil 500 trabajadores, principales víctimas de la depredación de Gastón Azcárraga y su grupo. Se trata de miles de familias cuyos ingresos, patrimonio y estabilidad social y emocional fueron arrasados o erosionados por un fraude urdido y ejecutado con la frialdad y precisión de un relojero, y con la complicidad o pasividad de los funcionarios encargados de regular a una empresa de interés público. Es previsible, con la información disponible, que la masa del inventario no sea suficiente para pagar el pasivo laboral. La responsabilidad institucional en la comisión de este fraude, al menos por negligencia, impone a las actuales autoridades la obligación legal y social de hacer absolutamente todo lo posible por recuperar los recursos desviados a las cuentas y patrimonios de los beneficiarios de estos ilícitos. De otro modo, además del inadmisible abandono de las víctimas, seguirá abonándose la contracultura jurídica que tanto daña al país.         

Giovanni Tarello, el lúcido jurista genovés, cuyos trabajos tuvieron como eje el estudio de los diversos factores que moldean las culturas jurídicas de las naciones, lo tenía muy claro: el arraigo de los valores y las prácticas de la legalidad, en una sociedad, carece de viabilidad mientras el comportamiento de sus élites políticas y económicas —referentes naturales— transmita las señales contrarias, finalmente plasmadas en la percepción social sobre la eficacia de la violación de la ley y la ineficacia de su observancia. Acabar con la impunidad es la única forma de transformar este código de valores invertidos.

                *Socio Consultor de Consultiva    

                abegne.guerra@gmail.com                                

Comparte esta entrada

Comentarios