Autodefensas: preguntas sin respuestas

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Alberto Begné Guerra 13/01/2014 02:10
Autodefensas: preguntas sin respuestas

El nebuloso fenómeno de los grupos de autodefensa alcanzó en los últimos días una dimensión mucho más compleja y delicada, en la medida en que el gobierno federal ha quedado directamente involucrado. En efecto, a la par del escalamiento del conflicto en Apatzingán y otros municipios de la región, la decisión de brindar protección al doctor José Manuel Mireles, el líder más visible de estos grupos en Michoacán, plantea interrogantes que, en términos políticos  y constitucionales, exigen respuestas claras y puntuales.

Para quienes no contamos con la información necesaria para una valoración sustentada y seria sobre los orígenes, naturaleza y fines de estos grupos —lo mismo en Guerrero que en Michoacán, donde se han manifestado con mayor fuerza—, caben distintas suposiciones. Hasta la semana pasada, cabía suponer que se trataba de la respuesta genuina de la sociedad ante el dominio violento del crimen organizado y la ausencia de autoridad; pero también de la reacción encubierta de organizaciones criminales antagónicas a las dominantes; o bien, una mezcla de las dos. En todo caso, entrañan una situación muy grave. Ambas implican la incapacidad del poder público para cumplir su responsabilidad primigenia de proteger la vida de los gobernados y hacer valer la ley. Claro, con una diferencia, pues en el primer supuesto estaríamos ante una ruptura del orden constitucional, inadmisible legal y políticamente, pero comprensible social y humanamente: la defensa directa de los miembros de una comunidad, dada su absoluta vulnerabilidad frente a la barbarie impuesta por el crimen organizado. Esta interpretación, incluso, suele conferir tintes de heroísmo a quienes encabezan la lucha. Pero lo cierto es que sabemos muy poco.   

La ecuación, sin embargo, se complica por las relaciones gubernamentales con estos grupos. Las primeras evidencias de una relación por lo menos ambigua, surgieron cuando el gobierno de Guerrero decidió apoyar con armas a las llamadas policías comunitarias, contra preceptos constitucionales básicos. Pero estas relaciones se convirtieron en un asunto nacional a raíz de la actuación del gobierno federal tras el accidente aéreo sufrido por Mireles el pasado 5 de enero. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, explicó que negociaban con estos grupos para que se apegaran a la ley, y justificó la protección brindada a Mireles por el riesgo que corren “las personas que han venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a Los Templarios”. Esto se puede entender. Pero cada vez hay más preguntas que exigen respuestas, pues de lo contrario se extenderá otra suposición, gravísima: que exista una estrategia gubernamental velada, con el fin de apoyar el combate civil contra dichas organizaciones criminales.

                *Socio consultor de Consultiva

                abegne.guerra@gmail.com

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