Reforma Energética: lectura obligada

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Alberto Begné Guerra 16/12/2013 03:29
Reforma Energética: lectura obligada

Las reformas constitucionales en materia energética establecen las bases para la transformación de un sector estratégico del país que, como tal, ha sido soporte del desarrollo, pero que, para seguirlo siendo, requiere profundos cambios normativos, institucionales, financieros, laborales, tecnológicos, comerciales y operativos. Las reformas no garantizan, por sí mismas, la realización de estos cambios, pero sin ellas no había forma de iniciarlos y sustentarlos. Para lograr su materialización, ahora es necesario definir y desahogar con precisión, eficacia, oportunidad y transparencia la agenda de las reformas a la legislación secundaria, las políticas públicas y los procesos de rediseño institucional inherentes al cambio planteado.

Por lo pronto es útil disipar la contaminación discursiva y tener claridad sobre el significado y los alcances de estas reformas, especialmente en torno al carácter estratégico del sector y al dominio nacional sobre los recursos naturales del subsuelo, donde más se han concentrado quienes se oponen a ellas, muchas veces sin siquiera haberlas leído. El texto constitucional, ya reformado, no deja lugar a dudas. El artículo 25 señala: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas que se establezcan”. El artículo 27 dispone: “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”. Está claro que ni dejan de ser áreas estratégicas del Estado, ni se pierde el dominio de la Nación sobre los recursos naturales del subsuelo, ni su explotación será concesionada.

Lo que hacen las reformas es establecer las bases constitucionales necesarias para crear nuevas reglas del juego y promover las grandes inversiones que se requieren para lograr la modernización, eficiencia y transparencia del sector, así como el mayor aprovechamiento de estos recursos de la nación. El artículo 27 puntualiza: “Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares (…) En cualquier caso, los hidrocarburos del subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

¿Es muy difícil entender esto? La lectura de la reforma es obligada, aunque haya quienes, aún leyendo, prefieran seguir inmersos en sus dogmas de fe.   

                *Socio Consultor de Consultiva     

                abegne.guerra@gmail.com

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