El Instituto Nacional de Elecciones
La propuesta de creación del Instituto Nacional de Elecciones INE, como parte de la iniciativa de reforma políticoelectoral que se discute en el Congreso, ha generado el rechazo de diversos actores, principalmente de los integrantes de los organismos electorales locales. ...
La propuesta de creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), como parte de la iniciativa de reforma político-electoral que se discute en el Congreso, ha generado el rechazo de diversos actores, principalmente de los integrantes de los organismos electorales locales. Sus argumentos están centrados en la defensa del sistema federal y la autonomía de las entidades federativas, pero no rebaten las motivaciones más importantes de esta propuesta: la defensa de la autonomía ciudadana frente a la injerencia indebida de muchos gobernadores en los órganos y los procesos electorales locales, y la reducción del gasto desorbitado que representa la organización de las elecciones en México.
El ordenamiento constitucional vigente establece bases generales y disposiciones específicas que deben observar las normas electorales locales, lo cual ha propiciado, para bien, una homologación de las reglas y los procedimientos en todo el país. El problema radica en su observancia, pues este piso normativo nacional no ha sido suficiente para hacer valer, sin excepciones, los principios constitucionales en materia electoral en los procesos electorales locales. La razón es evidente: este piso mínimo, construido para garantizar elecciones libres, autónomas y legales en todas las entidades federativas, frecuentemente es fracturado por la intervención de los gobernadores, en muchos casos sin que exista la capacidad e independencia institucional necesarias en los organismos locales para resistir o sancionar estos embates.
En cuanto al gasto y la racionalidad funcional para la organización de las elecciones, la motivación de la reforma es sólida: la duplicidad de estructuras, funciones y erogaciones producida por la existencia de un organismo federal y 32 organismos locales es inaceptable en un país con tantas carencias y necesidad de recursos para asuntos vitales. Sin considerar el doble gasto en inmuebles, equipos, vehículos y servicios generales, entre otros conceptos, el presupuesto destinado a recursos humanos representa, en números redondos, dos terceras partes del gasto de los organismos electorales (federal y locales), una cifra superior a siete mil millones de pesos anuales.
La organización de las elecciones es una función técnica, reglamentaria y ejecutiva, con una alta carga de tareas administrativas, operativas y logísticas que, con legalidad y eficiencia, deben garantizar que la integración de los órganos de representación popular refleje la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas. Este debe ser el único criterio para determinar el mejor diseño institucional para el ejercicio de la función electoral, y que los funcionarios más competentes, federales y locales, debidamente evaluados y seleccionados, se hagan cargo de ella.
*Socio Consultor de Consultiva