La expansión de las ciudades: un problema nacional

México es un país urbanizado, por encima del promedio mundial (50 por ciento). Del total de 112 millones de habitantes, 63 por ciento (70.3) viven en 93 ciudades. Sin embargo, como los procesos de urbanización han sido expansiones en la periferia de ciudades ya existentes que se hicieron de manera muy rápida y sin un apropiado control, su resultado ha provocado una situación cuyas consecuencias son muy graves para la evolución urbana del país. En 30 años, 68 ciudades han expandido su superficie más de cinco veces y, por contraste, la población aumentó en ese periodo 1.7 veces.

El problema es evidente: se ha propiciado —o tolerado— un modelo de desarrollo urbano de expansión horizontal, fragmentado y disperso. Por supuesto, hay responsables de esta situación. El primero ha sido el gobierno federal —específicamente Sedesol—, que por casi 20 años no ha intervenido para evitarlo. Además, muchos gobiernos municipales, basados en su autonomía, han autorizado expansiones de diez, 20 o 76 veces la superficie original de la ciudad; un escándalo por la corrupción que han propiciado, o de la que se han sido cómplices.

El uso de suelo ha provocado un crecimiento horizontal de muy baja densidad en las ciudades que ha hecho difícil y de enorme costo construir y mantener la infraestuctura y los servicios urbanos, que son un problema para los municipios por las inversiones que representan, y que producen una secuela de segregación económica y social en las ciudades. La dispersión y carencia de servicios en las periferias sólo han sido atendidas ante una fuerte presión social como reacción al problema, y no como parte de una política nacional de planeación urbana.

Esta grave situación no ha sido atendida ni por el gobierno federal ni por la Cámara de Diputados ni por los estados o los municipios que —basados en su autonomía— han sido directamente responsables de este proceso de expansión explosiva. Un ejemplo más de la parálisis que impide que el país progrese.

Como no hay un órgano del gobierno federal que controle y regule el proceso de urbanización explosiva, horizontal y dispersa que se ha propiciado, es necesario que el Ejecutivo proponga a las cámaras un plan nacional para contender con el problema de la expansión incontrolada de las 93 ciudades del país.

El saldo negativo de la urbanización horizontal dispersa hace urgente atender las periferias conurbadas de esas ciudades: en las 11 zonas metropolitanas, realizar un plan que permita atender sus problemas. Interconectar esas zonas con vialidades y transporte público. Propiciar la consolidación de subcentros urbanos en esas áreas, dignificando sus espacios públicos, y consolidarlas con la infraestructura y servicios urbanos necesarios, evitando que se autoricen inversiones en nuevos desarrollos.

Densificar esas áreas con construcciones verticales (incluida la vivienda). El balance, tras 30 años de expansión de las ciudades, es muy grave porque ha comprometido y condicionado su futuro desarrollo. Sólo hay dos alternativas: permitir que crezcan si control, porque en promedio su superficie creció diez veces (La expansión de las ciudades: 1980-2010, Sedesol, 2011) o promover —con la intervención de los gobiernos federal y estatales y los apoyos legales necesarios— que se utilice la superficie existente para densificar las ciudades y se evite la creación de urbanizaciones horizontales. El futuro de las ciudades dependerá de cuál sea la alternativa que se escoja.