Empleo para discapacitados, obligación del Estado

De acuerdo con el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial 2010, existen aproximadamente mil millones de personas en el mundo con alguna discapacidad, número que va en aumento por el envejecimiento progresivo de la población.

La discapacidad es una condición que impone una desventaja para la realización de las actividades propias del ser humano; no obstante, es un obstáculo superable. Puede ser física, sensorial, intelectual o mental; congénita o adquirida, permanente o temporal.

Entre los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad se encuentran: la ausencia de políticas públicas y de leyes eficaces; los prejuicios de la sociedad que obstaculizan el acceso a la educación, al empleo, a la atención a la salud y su consecuente integración a la sociedad; la prestación insuficiente de servicios o su ineficacia; la falta de recursos presupuestales; la existencia de inmuebles y medios de transporte con infraestructura inadecuada para permitir el acceso a las instalaciones o a los recursos como la tecnología, etcétera.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró un repertorio de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo en el que se establecen las obligaciones de los empleadores, de los representantes de los trabajadores y las responsabilidades de las autoridades competentes, además de tratar aspectos relacionados con la contratación, la promoción laboral, el mantenimiento en el empleo y las medidas de ajuste tales como accesibilidad, adaptaciones, incentivos y servicios de apoyo.

En México contamos con un amplio marco normativo encabezado por nuestra Constitución y ordenamientos secundarios como La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la Norma Mexicana MNX-R-050-SCFI-2006 Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio Público-Especificaciones de Seguridad, y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene, entre otros. 

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el Convenio 159 de la OIT en el que se establece el derecho que tienen las personas con discapacidad para trabajar de acuerdo a sus capacidades, en condiciones de igualdad salarial y de oportunidades de desarrollo, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, son los principales instrumentos en los que se fundamenta el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 (PRONADDIS) a cargo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Dicho programa atiende a su vez a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo; y por tanto, adolece del mismo defecto que este último, es decir, se trata de un instrumento desarticulado en el que el Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo no tienen participación en su desarrollo y elaboración.

La inclusión social de las personas discapacitadas es un asunto que impone un cambio de cultura nacional, y no puede ser exitoso mientras los programas destinados a lograr esta transformación, y las políticas públicas sobre el tema se mantengan en una sola esfera, que es la del Poder Ejecutivo, cuya mirada unidireccional resulta excluyente. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, elaborada por CONADIS, uno de los problemas principales que enfrentan las personas con capacidades diferentes es el desempleo, problema que debe ser atendido por las autoridades a través de la creación de políticas públicas adecuadas.

La política pública encaminada a la inserción de los discapacitados al mundo laboral no es de carácter asistencialista, es un reconocimiento de sus derechos como personas.  Por ello, a partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y al juicio de amparo, el Estado tiene la obligación de garantizar a las personas con discapacidad el acceso a un empleo digno, y ellos, el derecho a exigir su cumplimiento.

Es por ello que el Consejo de la Judicatura Federal, con el impulso de su presidente, ha implementado políticas públicas incluyentes que faciliten la integración social y laboral de las personas con discapacidad, lo cual debe ser un ejemplo para otros órganos de gobierno.

Como un primer paso en la implementación de dichas políticas, se ha ordenado que cuando exista una vacante en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, por lo menos una plaza sea cubierta por una persona con discapacidad que pueda desempeñar la función respectiva.

Todos podemos sufrir una discapacidad en cualquier momento de nuestras vidas, es momento de transformar el entorno y eliminar los obstáculos que impiden al ser humano un desarrollo pleno. 

Los verdaderos discapacitados son aquéllos que no piensan en sus semejantes.

*Consejero de la Judicatura Federal