GIEI tiene guardadito sobre caso Ayotzinapa

Ángela Buitrago y Carlos Beristain afirman que, si es necesario, harán pública la ruta que siguieron para obtener la información de su investigación sobre los 43.

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Ángela Buitrago y Carlos Beristain, integrantes de GIEI.

El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) —que dejó de operar en julio de 2023— reveló que tiene detalles de cómo, quién y cuándo se generó la información de su investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace nueve años en Iguala, que entregó al gobierno y que no fue parte de ninguno de sus informes, y que, de ser necesario, la “podemos poner a disposición”.

En una “nota aclaratoria de exintegrantes GIEI, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain, sobre la proliferación de noticias, comentarios y opiniones sobre la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, difundida ayer y confirmada a Excélsior con un “sí, señor” por la doctora Buitrago, en su punto 4 de 8 señalan:

Cada uno de los avances significativos de la investigación y revelaciones que posteriormente hizo el GIEI fueron antes compartidas con la UEILCA (Fiscalía especial del Caso Iguala) y la CoVAJ (Comisión de la Verdad), y dadas a conocer previamente al propio Presidente de México. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio la orden de abrir los archivos a los que se tuvo acceso por parte de la CoVAJ y el GIEI. En varias ocasiones su mensaje fue de aliento y de impulso en la investigación. Tenemos todos los detalles y la trazabilidad de estas acciones y, si es necesario, las podremos poner a disposición de las autoridades y del pueblo de México”.

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De acuerdo con este párrafo, Buitrago y Beristain tienen información que no es parte de su sexto y último informe titulado Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes, que no necesariamente servirían para aclarar el caso, que a decir de la Reconstrucción de los hechos fue presentada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejando Encinas, el pasado 26 de septiembre, tomando como base la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de noviembre de 2018.

Buitrago y Beristain, que se autodefinieron como coadyuvantes en la investigación desde 2020, señalan que “hemos entregado a la nueva Fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes”.

Los investigadores —que han sido llamados a declarar por la defensa de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionados en las investigaciones del Caso Iguala— señalaron que desde la invitación que recibieron del actual gobierno para seguir con sus trabajos:

Durante dos años y medio trabajamos en impulsar la investigación con dichas instituciones (la Fiscalía especial y la Comisión de la Verdad), avanzando en la misma y logrando el acceso a nuevos testigos e informaciones de archivos que han ayudado a avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El GIEI desde sus inicios insistió a las autoridades de México que se necesitaba pedir a EU las escuchas de Chicago sobre la actuación de G.U. (Guerrero Unidos). Fue ese trabajo y confianza para romper pactos de silencio con diferentes personas, testigos protegidos de la Fiscalía e instituciones, lo que llevó después a encontrar los restos de otros dos normalistas a partir de las declaraciones de un testigo protegido de la Fiscalía”.

Los exintegrantes del GIEI señalan que el trabajo de derechos humanos y la investigación de hechos atroces como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una enorme carrera de obstáculos.

En el último año, esos obstáculos llevaron a la salida del fiscal del caso (Omar Gómez Trejo, quien también está llamado a declarar por la defensa de los militares presos) y la bajada de órdenes de captura ya concedidas por un juez. Posteriormente, y a pesar de un escenario adverso, el trabajo del GIEI ha llevado a que se retomen dichas órdenes, al menos parcialmente, en los últimos meses, mostrando la evidencia existente en el expediente, así como a documentar los casos contra Tomás Zerón o (Jesús) Murillo Karam y otros cargos de la PGR.

Hemos entregado a la nueva Fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes”, señalan.

Argumentan que sus informes no muestran opiniones, sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que basaron su investigación.

En contrapunto a la defensa que el Presidente ha hecho de la actuación de la Sedena, entregando todo lo que tiene sobre el caso, los exmiembros del GIEI señalan que “las respuestas dadas por Sedena de que el CRFI de Iguala no existía, que dependía del Cisen, que no realizaban interceptaciones telefónicas cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quiénes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad”.

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*mcam

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