La reforma de la discordia; trae conflictos partidistas
Desde su aprobación en 2014 en San Lázaro y posterior a su discusión en el Senado ha sido rehén de las disputas
CIUDAD DE MÉXICO.
Creada constitucionalmente desde el 2 de febrero de 2014, la Fiscalía General de la República suma 34 meses como carne de cañón de la discordia política, en el Congreso de la Unión, primero por la oposición de la izquierda y luego por la campaña del PAN en contra de Raúl Cervantes, a quien apodó “el fiscal carnal”.
La reforma constitucional que dio origen a la transformación de la Procuraduría a Fiscalía General de la República ordenó al Legislativo federal a crear la Ley de la Fiscalía General, para que a partir de ese momento naciera oficialmente la Fiscalía y el titular de la PGR se convirtiera en automático en el primer fiscal general durante nueve años.
La Cámara de Diputados, presidida por el ahora líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, aprobó la Ley de la Fiscalía General y envió la minuta al Senado, que la recibió el 11 de diciembre del 2014, poco menos de tres meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y que generó una presión constante al entonces procurador Jesús Murillo.
El PRD en el Senado frenó el plan de aprobación inmediata de la ley por parte del Senado y logró que se planeara una ronda de análisis y foros, a fin de que no se avalara en sus términos y porque no querían que Murillo Karam quedara como fiscal general durante nueve años.
La discusión y consultas a expertos, fijada para enero del 2015 jamás se realizaron y la Ley General quedó en los archivos de la Comisión de Justicia del Senado y hacia el tercer trimestre del año pasado se generó una presión desde algunos grupos sociales para impedir el pase automático, luego de que Raúl Cervantes aceptara su interés de convertirse en el primer fiscal general, lo que generó que a finales del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto mandara una propuesta de reforma constitucional para quitar ese pase.
Durante la última semana de abril de este año, el grupo parlamentario del PAN en el Senado frenó la aprobación en comisiones de la eliminación del llamado pase automático del titular de la PGR a fiscal general de la República, porque valoró en ese momento que era fundamental hacer una reforma integral y no era suficiente la sola eliminación del pase automático.
Desde el 6 de abril, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos, entregó a los senadores de la comisión el proyecto de dictamen basado en la iniciativa presidencial para quitar el pase automático y permitir a Raúl Cervantes competir por la Fiscalía, junto con otros interesados.
Pasaron dos semanas completas sin que el PAN fijara posición. En los días 26 y 27 de abril, Puntos Constitucionales citó a reuniones para abordar tres temas.
Las tres convocatorias se tuvieron que cancelar, porque el PAN asumió la posición de no aprobar la eliminación del pase automático hasta que existiera una reforma a fondo.
El 23 de agosto se difundió una información sobre la riqueza de Ricardo Anaya y su familia política, lo que desató la ira del líder del PAN, quien acusó que se trataba de un golpeteo del gobierno, orquestado porque el PAN no iba a dejar pasar a Cervantes como fiscal.
El PAN colocó el tema como moneda de cambio. Obligó al PRI en San Lázaro a presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el pase automático y sólo así permitió la instalación de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria. Hasta el momento, la discusión sigue.
