Transparencia: el logro ciudadano; 15 años de lucha por la apertura

CIUDAD DE MÉXICO.

En la era del acceso a la información, que se inició formalmente hace 15 años, todavía quedan pendientes y rezagos, sin embargo, es también un logro ciudadano que ha ido transformándose.

Con la apertura de información las democracias se consolidan, los Estados generan confianza y los ciudadanos son quienes tienen el poder de su gobierno.

Sin embargo, en el quehacer diario, contar con una entrada a la transparencia tiene sus implicaciones y retos, señalaron expertos a Excélsior.

Para Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, de hace 15 años a la fecha sí han existido avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información.

Ejemplificó que “anteriormente era sumamente difícil saber el número de funcionarios de dependencias e incluso saber cuál era su remuneración económica”.

Este tipo de avances ha significado mucho para la historia reciente del país, sin embargo, los retos aún persisten.

Uno de ellos es fortalecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con el objetivo de que sea el órgano garante de este derecho. 

EL PODER CIUDADANO 

La lucha por la transparencia comenzó en 2001, cuando en el Seminario de Derecho a la Información, celebrado en Oaxaca, un grupo de académicos y organismos no gubernamentales signan un documento a favor de una Ley de Acceso a la Información.

En un análisis hecho por Juan Francisco Escobedo, doctor en Ciencia Política, este grupo logró “posicionar en la agenda pública el tema del derecho a la información en su vertiente de derecho de acceso a la información pública”.

“Nada podría entenderse sin esta movilización que desde la misma sociedad se engendró: plasmar como derecho fundamental la apertura de la información”.

En la primera ley en la materia se conceptualizaron varios de los 10 puntos impulsados por el Grupo Oaxaca.

Entre ellos, que la información pública le pertenece a las personas, tiene que cumplirse la obligación de entregar a las personas la información que posee el Estado y sus procesos deben ser ágiles, sencillos y a costos mínimos; debe haber mínimas excepciones a la norma de máxima apertura; debe seguirse la pista del dinero; y contar con un organismo autónomo para promover la apertura de la información.

La declaración hecha por el Grupo Oaxaca tuvo tal trascendencia que el 6 de diciembre de 2001 fue presentado en el pleno de la Cámara de Diputados.