Acusan indolencia en robo de armas

CIUDAD DE MÉXICO.

Si el Estado de México es la principal víctima del país en robo o extravío de armas asignadas a los policías, pues y ahí se perdieron dos de cada diez armas por este delito en los últimos cinco años, “se debe a que en los sectores de seguridad pública se incumplen protocolos básicos de resguardo y en lugar de colocarlas en armerías, se guardan en los cajones de cualquier archivero”, aseguró Alejandro López Morelos, exjefe de la unidad de Recursos Materiales y Armamento del municipio de Tlalnepantla.

Fueron siete mil 97 armas cortas y largas las que autoridades estatales y federales reportaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como robadas o extraviadas de 2011 a abril de 2016. De esas armas, dos mil dos eran propiedad del Estado de México, asignadas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría mexiquenses.

Entre las responsabilidades que López Morelos tenía, hasta marzo pasado, estaba el dotar a los elementos de seguridad de todas las herramientas para ejercer sus funciones, como armas de fuego, municiones, uniformes y vehículos.

También bajo el control y cuidado de López Morelos estaba un depósito donde se guardaban las armas de fuego nuevas que ni el comisario ni el subsecretario de Seguridad Pública habían asignado aún y aquellas pistolas o rifles descompuestos.

Con López Morelos, las armas y municiones estaban seguras; el riesgo surgía justo cuando se las entregaba a los jefes de los sectores y a los grupos especiales.

Cuando entregaba el armamento que era asignado por el comisario, con el visto bueno del subdirector de Seguridad Pública, se firmaba un resguardo por el jefe de sector que era el nuevo responsable del buen o mal uso que los efectivos a su cargo les dieran a las armas”, explicó.

De acuerdo con López Morelos, todos los sectores de Seguridad Pública del Edomex, no sólo Tlalnepantla, sino toda la entidad, son sitios no aptos para el resguardo de armas de fuego, porque carecen de armería para depositar las pistolas y rifles operados por la policía, y tampoco existe un armero que las custodie, acomode y lleve un control de entradas y salidas.

Las medidas de seguridad que establecen la Sedena y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana es que las armas deben estar en un gabinete, encadenadas, guardarse sin carga, ser recibidas por un armero, vigiladas por cámaras de seguridad, y para abastecerse, tener areneros de protección por si se escapa un tiro. Sin embargo, los sectores no tienen depósitos de armas como lo exigen las normas”, afirmó.

En su lugar, denuncia, existen archiveros comunes. Donde se guardan hojas, lápices y plumas aparecen armas de fuego como pistolas Sig Sauer calibre 9 milímetros o subametralladoras Mendoza.

Hay sectores donde las armas no están siquiera en una oficina o cuarto con puertas, sino quedan resguardadas por algún guardia que, además, atiende el radio, recibe reportes y elabora informes.

Sectores que han dejado las armas sin guardia, han sido sorprendidos por el robo masivo de armas, como sucedió en Tlalnepantla en 2014. La madrugada del 5 de octubre, el grupo de supervisión, ubicado frente a la Comisaría de Tlalnepantla, guardó las armas en archiveros comunes; antes de salir le colocaron un candado a la puerta.

Cuando regresaron del cambio de turno, el candado había sido violado y los cajones vaciados. Les robaron 16 armas cortas calibre 9 milímetros del archivero.

A mí la comandante y dos elementos de turno me entregaron el acta que fueron a levantar ante el ministerio público. Yo a mi vez, la llevé a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y esa dependencia se la dio a la Sedena para reportar el robo de las 16 armas”, dijo.

Por esta negligencia, destituyeron a la comandante de turno.

Las armas de fuego, no son las únicas que desaparecen en los sectores de seguridad pública, también las municiones.

El especialista acusa que cada vez que llega un nuevo comandante al sector, cuando recibían el encargo público reportaba que no había balas.

SIN MUNICIONES

• Alejandro López Morelos acusa que el órgano de control de las corporaciones no verifica que, cuando un comandante deja el cargo, entregue al nuevo el material bajo resguardo.
• El no hacerlo provoca que no se les pueda surtir a los policías más municiones, pues deben comprobar el consumo o extravío de éstas a la unidad de Recursos Materiales y Armamento.
• Así, muchos policías deben trabajar sin parque suficiente, pues los mandos no les dan balas.

Se pierden al menos 176 mdp por extravíos

Si se realizara un estimado de lo que pierde el erario por las armas de fuego que les han robado o han extraviado las corporaciones de todo el país en los últimos 10 años, ascendería a 176 millones de pesos, si se toma en cuenta el precio del arma más barata vendida a éstas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con un oficio que Excélsior tiene en su poder.

El arma de fuego más accesible es una subametralladora calibre 9 milímetros, marca Mendoza fabricada en México, que cuesta 13 mil 729 pesos. Si se multiplican las 12 mil 878 armas de fuego cortas y largas que, según una petición de información a la Sedena, se han extraviado o perdido por el precio de la subametralladora Mendoza, el resultado sería de 176 millones 802 mil pesos.

El estimado podría ser bastante inferior a la realidad, porque entre las corporaciones, como en Tlalnepantla, hay un fusil marca Sako, modelo TGR 22, calibre .308 Win de manufactura filandesa que cuesta cinco mil 866 euros (124 mil 535 pesos).

Este rifle de francotirador aún sigue sin asignarse a algún agente, pues no existe aún el policía que conozca cómo operarlo, según Alejandro López Morelos, exjefe de Recursos Materiales y Armamento en Tlalnepantla.

De los diez años que la Sedena reportó el número de armas robadas o extraviadas, 2009 fue la de mayor incidencia, con dos mil 81 unidades, de las cuales 882 desaparecieron de las policías de la CDMX.

Estas armas, al extraviarse, generan un costo al erario. Fueron adquiridas con dinero de todos los mexicanos, y por si fuera poco, caen en manos de quién sabe quién, seguramente del crimen organizado”, reclamó Adrián Juárez Jiménez, exdiputado local y federal panista del Edomex, quien denunció en tribuna el robo de 16 armas en Tlalnepantla en 2014.

Pero ¿cuál es el proceso para que las corporaciones adquieran armas de fuego y de dónde sale el recurso para comprarlas?

En el caso de Tlalnepantla, cada año se hace un balance de las que necesitan el próximo periodo y se solicitan a la Sedena, a nombre de la licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego del Estado de México, número 139, porque no las venden a los municipios.

La Sedena envía una cotización a las entidades y cada ayuntamiento decide qué porcentaje de recursos —propios o del subsidio del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad de los Municipios— será destinado a armarse.