Estado-Iglesia, la relación del estira y afloja; buscan acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno y la Iglesia católica mexicana han entrado en una nueva etapa de tensión, incluso de confrontación, por temas como la iniciativa de matrimonio igualitario; este escenario, no obstante, se ha repetido en las últimas décadas en tiempos de crisis políticas.

“La Iglesia es muy hábil y sabe manejar muy bien las coyunturas de tensión, de debilidad, vulnerabilidad del sistema político para introducir sus demandas, su agenda, para introducir privilegios o posicionamientos que en situación normal no se atrevería. Es su modus operandi”, opinó Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura.

“Evidentemente la Iglesia católica ha aprovechado coyunturas de debilidad del gobierno para insertar su agenda. Pasó con la caída con el gobierno de Miguel de la Madrid, que se da con rasgos muy dramáticos a partir del terremoto del 85, cuando la Iglesia empieza a insertar reclamos, demandas de reforma al artículo 130”, explicó en entrevista con este medio.

Los pretextos de hoy son varios, desde las elecciones 2016, la violencia en el país, el conflicto magisterial, el fuego amigo entre priistas, el aborto y, por supuesto, las bodas gay, que han dejado en vulnerabilidad al Ejecutivo federal.

“Evidentemente hay un levantamiento de un sector del Episcopado que busca, por un lado, tomar distancia, pero también renegociar los términos de relación de ese acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno federal, evidentemente buscando mayores privilegios, o bien buscan un nivel de interlocución en la agenda propia”, señaló el autor del libro Las batallas del Estado laico.

El pasado 14 de junio, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo a Grupo Imagen que la Iglesia “está muy participativa, incluso en confrontación, lo que no debe de suceder”; Alfonso Miranda, secretario general del Episcopado Mexicano, confirmó a Excélsior que ambas partes sostuvieron una reunión privada la semana pasada para abordar el tema.

La lectura de Barranco es que el gobierno de Enrique Peña Nieto seguramente “está mal asesorado por Carlos Salinas y por la propia práctica del grupo Atlacomulco, que sitúan a la Iglesia como un factor de gobernabilidad”, la que define como “doctrina Prigione”, en referencia al exnuncio apostólico en México.

“Es decir, la Iglesia colocada al interior del Estado como un factor de paz social, de puente entre amplios sectores de la sociedad y gobierno. Ésta es la hipótesis que tuvo Prigione al desatar las reformas del 91 y es el acuerdo, el pacto que establece con Carlos Salinas de Gortari”, expuso.

Dicha lógica tuvo altibajos con los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, sin embargo Enrique Peña Nieto recuperó la noción de la Iglesia como un aparato de Estado que funciona como una voz de gobernanza.

Peña Nieto pactó con el entonces presidente de la CEM (2006-2012), el obispo Carlos Aguiar Retes, lo que se tradujo en los cambios al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa, empero, no hizo lo mismo con la actual jerarquía católica.

Hostilidades recientes

El debilitamiento del gobierno de Miguel de la Madrid se percibía a mitad del sexenio, tras factores como la crisis del terremoto del 85, sumando el presunto fraude electoral del PRI en Chihuahua en 1986 y el de las presidenciales en 1988.

En el 86, frente a la llamada imposición de Fernando Baeza como gobernador en Chihuahua, la Iglesia aprovechó la coyuntura y no sólo tomó distancia sino acciones, anunció el cierre de templos como señal de protesta. “Fue un fuerte eco cristero”.

“Durante ese conflicto intervino el nuncio Prigione para suavizar las posturas de los obispos del norte, que en ese momento estaban encabezados por monseñor Almeida. Un momento muy ríspido, de mucha debilidad, de mucha tensión por un gobierno poco legitimado, sobre todo por el fantasma del fraude que el gobierno no comprobó, y en ese momento hubo una enorme tensión que incluso fue nacional.

“Para entonces era secretario de gobernación Manuel Bartlett, muy amigo de Prigione, jugaban tenis, y él, a nombre del presidente De la Madrid, le pide que intermedie para pacificar, domesticar a los obispos rebeldes del norte”, señaló el especialista.

En 1992 se efectuaron los cambios constitucionales en materia de las relaciones del Estado con las Iglesias. “Ahí inserta toda su agenda la Iglesia de cambios constitucionales”, recordó Barranco. 

En 1993 comienza otro momento de crisis, que detona con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y los momentos de turbulencia entre la transición presidencial de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo.

“Del 94, 95 para acá, el polo de tensión ya no ha sido político social, sino más bien se ha perfilado en temas morales y de ética: aborto, coyunturas de tensión por la píldora del día siguiente, eutanasia, la Iglesia manipuló al PAN y al PRD para repenalizar el aborto. Podemos decir que en esos conflictos hay como un parteaguas, es decir, del 94 al 95 para atrás la reivindicaciones de la jerarquía han sido político social; de 2000 para acá las reivindicaciones, fundamentalmente, se han dado en el polo de la ética, moral y los valores”, explicó.

Otro escenario se dio con el levantamiento zapatista de 1994. Hubo importantes sectores del clero que tenían una visión diferente del problema indígena y se crearon tensiones ríspidas con la Iglesia, principalmente con el obispo Samuel Ruiz y jerarcas del sur del país.

“Es un momento también en el que el clero toma una distancia muy decidida, incluso ríspida, también en un momento de confrontación porque se da en el año del 94; el 93 había sido funesto con el asesinato del cardenal Posadas, con el de Ruiz Massieu, un momento de turbulencia interna muy fuerte con la famosa caída económica y el magnicidio en el 94 de Luis Donaldo Colosio”, expuso.

Con el asesinato del cardenal Posadas en mayo de 93 hubo muchos obispos que tomaron distancia, sobre todo por el avance del narco en las estructuras de poder y declararon que fue un “asesinato de Estado”.

La tensión entre las Iglesias (católicas, cristianas y evangélicas) y los aparatos legislativos tuvo lugar también con la aprobación de leyes que se alejan de los principios religiosos, como el del aborto, anticonceptivos, la eutanasia, etcétera.

De ahí derivó el enfrentamiento con el entonces gobierno del Distrito Federal y la Arquidiócesis Primada de México, entre 2010 y 2011, cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó los matrimonios entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo.

Barranco concluyó que conforme la Iglesia se acerca al poder, al Estado, se aleja de las iniciativas de la sociedad. “Los colectivos de minorías, indígenas, mujeres, homosexuales, de derechos humanos llegan a ver a la Iglesia como un factor que amenaza la pluralidad, la diversidad, la tolerancia”.