Difieren senadores por trato al veto a ley 3de3; prevén periodo extra para el 5 de julio

CIUDAD DE MÉXICO.

En el Senado “no existen las condiciones políticas” para rechazar el veto presidencial a la inclusión del sector privado en la ley anticorrupción, incluida la declaración pública conocida como 3de3, porque es previsible que el PRI, grupo mayoritario, se allane a la decisión presidencial, adelantó el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón, informó que los grupos parlamentarios acordaron que el periodo extraordinario para sacar a los empresarios de esta ley anticorrupción será el 5 de julio.

Y el coordinador de los panistas anunció, vía Twitter, que su grupo parlamentario rechazará los cambios propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.

Ayer, los senadores de los distintos grupos parlamentarios mostraron visiones diferentes de lo que pueden hacer con el veto.

Roberto Gil recordó que se requieren las dos terceras partes del pleno para rechazar el veto presidencial y que el Senado insista en la redacción original, pero sólo requiere de la mayoría simple para aceptar la propuesta de redacción del Presidente de la República o para modificarla y que el Senado haga sus ajustes.

Pero desde la visión de Emilio Gamboa, el Senado carece de facultades para hacer sus propios cambios a los artículos que observó el Presidente de la República y sólo tiene dos opciones: o rechaza completo o acepta completo.

“No hay ninguna opción. No hay opción de que podamos meterle una palabra o incluir, quitarle una coma. Es sí o no; el no es con las dos terceras partes, el sí es 50% más uno, es mayoría simple”, dijo.

Adelantó también que después de una reflexión, el grupo parlamentario del PRI en el Senado votará en apoyo a los términos de la observación hecha por el Presidente de la República.

Luis Miguel Barbosa, líder de los senadores del PRD, dijo que en su grupo parlamentario “no seremos obstáculo ni queremos sacar dividendos políticos”, pero aceptó que por el momento no existe sustento constitucional para que los empresarios se ajusten a todas las reglas anticorrupción.

“Eso no tiene en este momento un sustento constitucional, o sea, teneos una posición política nosotros, pero no tenemos, no vemos que haya un sustento constitucional fuerte para poder llegar a ese punto”, dijo.

Este miércoles, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dará entrada al veto presidencial y a su petición de que el Congreso de la Unión abra un periodo extraordinario lo más pronto posible.

El veto presidencial irá a las comisiones unidas que procesaron la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como son las de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, en donde los senadores decidirán si el dictamen será por rechazar el veto, por allanarse a los términos de redacción propuesta por el Presidente de la República y la tercera es si acepta el veto, pero no acepta la redacción propuesta por el mandatario.

Pero Luis Miguel Barbosa comentó ayer que esa tercera opción es incierta.

“Todavía no está claro si es correcto o no, que aceptes el veto, pero no aceptes la redacción, sino propongas otra redacción sujeta a los parámetros del veto, y los parámetros del veto son que los particulares no queden obligados a rendir las declaraciones patrimonial o de intereses”, dijo.

La decisión de que el extraordinario sea el 5 de julio responde a que ese día recibirán al presidente de Italia, y según amboa, aprovecharán que estén todos los senadores.

Confundía el artículo 32: Ríos Piter

El senador del PRD Armando Ríos Piter destacó que en el próximo periodo de sesiones, convocado para el próximo 6 de julio, la Mesa Directiva del Senado “remitirá a las comisiones de Anticorrupción, Justicia y Asuntos Legislativos la iniciativa de la ley 3de3 que vetó el presidente Enrique Peña Nieto, quienes deberán hacer un dictamen, sólo de los diez artículos vetados, y deberán presentarlo ante el pleno”.

En entrevista para Grupo Imagen Multimedia opinó que entre los artículos que debió vetar el Presidente está el 29, el cual motivó una controversia, debido a que “por el PRI y el Verde no se lograron tener las declaraciones de servidores públicos en máxima obligación y publicidad”.

En tanto, consideró correcto vetar el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción “sobre las declaraciones patrimoniales de los empresarios que tienen relaciones mercantiles con el gobierno, por la dinámica compleja que la redacción generaba”.

Recordó que la Comisión de Participación Ciudadana “será la encargada de presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por cinco elementos de la sociedad civil, academia, organizaciones sociales y el sector empresarial. Además elaborarán los formatos de las declaraciones y darán seguimiento a las actividades que haga cada una de las dependencias que comprenden el sistema”.