Ayotzinapa entre la equivocación, el engaño y el cinismo

La litis introductoria

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta semana fuimos informados de que el ya famoso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio un informe final. Aquí es donde se inicia mi escepticismo porque no creo que sea un informe ni que sea final.

No considero que sea un informe porque se aplica más a cuestiones periféricas que esenciales, en lo que corresponde al caso, entendido éste como un proceso judicial ya en desarrollo. Y no confío en que sea final, aunque así lo esperaría. Pero supongo que seguirán agregando declaraciones, comentarios o meras referencias como complemento extensivo de un “informe final”.

Baste decir que, además, el GIEI ha hecho exhortos por lo que deben hacer las partes en este caso. Creo que esto se aparta mucho de la función y hasta de la ética de quienes, con su pericia, son contratados para colaborar en un caso de esta naturaleza. Los consejeros jurídicos o periciales deben concretarse a emitir sus opiniones de la manera más imparcial y esto implica desatenderse de lo que debiera ser y reducirse a lo que es.

El asesor profesional expone su criterio. Si éste es tomado en cuenta, valorado, aplicado, obedecido o si, por el contrario, es desechado y desacatado, no es asunto suyo. Mis clientes, en el bufete, reciben mi opinión, mi consejo y mi ayuda, según me contraten. Pero si aceptan mi recomendación o hacen lo que les venga en gana, muy su gusto. Ni me enojo ni me angustio ni lo publico. Así les sucede, por ejemplo, también a mis médicos. Si los obedezco, no les importa y si no les hago caso, tampoco les interesa.  

Pero, en fin, este “informe final” no induce a reflexionar, una vez más, sobre lo mucho que ellos nos han dicho y sobre lo mucho que nosotros ya, también, hemos venido diciendo.

El caso Ayotzinapa es una caricatura jurídica en la apariencia, aunque no en la realidad. Ya el hecho de que, ante lo que nos han dicho, tengamos que esforzarnos en distinguir lo aparente de lo real, nos obliga a prevenir si estamos ante una confusión, un engaño, una pifia, un enigma o una locura.

El tema de la  verdad nunca es plano, sino multidimensional. En este asunto inciden tres vectores, cuando menos. Una verdad fáctica, integrada por los hechos como sucedieron, que quizá nunca se conozcan; una verdad jurídica, constituida por lo que se encuentra discutido en el proceso, de lo que dimanará una sentencia; y una verdad mediática, compuesta por lo que nos informan. Es resumen, lo que es, lo que decimos que es y lo que creemos que es. 

Pero el GIEI se ha colocado en una posición como si tuviera interés propio en un asunto ajeno. Esto ya me hace recelar de su conducción. Yo no estoy enterado ni me constan las cifras extravagantes y exorbitantes que he escuchado que han cobrado por sus servicios. Me parecen más que excesivas y este criterio lo comparten mis colegas, quienes saben lo que sería un justo precio. Pero lo que sí hemos visto nos permite suponer como cierto mucho de lo que hemos escuchado sin comprobar.

Las plumas de mis amigos Pascal Beltrán del Río, Gerardo Galarza y Liébano Sáenz ya habían puesto distancia de por medio con el alcance  conclusivo del grupo independiente. Ello me tranquiliza, al no verme solo.

Digo, desde el título de esta nota, que el caso se ha movido entre la equivocación, el engaño y el cinismo por muy diferentes razones que trataré de sintetizar de la manera más breve, aunque no es algo sencillo, así como de la manera más clara, aunque no es simple.

Lo primero es que la incineración y el lugar no es lo relevante en el proceso. Lo importante es que se están juzgando 43 homicidios y otros delitos, pero no lo que se hizo con los cadáveres ni dónde se hizo. El lugar es una circunstancia que, en este caso, no es fundamental. Más aún, la incineración no es un delito, como lo es el homicidio.

Lo segundo es que si lo dicho por el GIEI es cierto y su conclusión es válida, la consignación hecha por la PGR puede debilitarse. No por contradicción de la acusación, sino por contravención a los testigos. Esto sólo afectaría a la fiscalía acusadora.

Lo tercero es que si lo dicho por el GIEI fuera falso y su conclusión fuera inválida, ¿para qué zarandearla? Esto sólo genera dudas en la fiscalía, en el juez y en la opinión pública pero fortalece la posición de la defensa.

Lo cuarto es que, si las altas autoridades políticas han ordenado la revisión de lo planteado por el GIEI y su eventual consideración e incorporación, es que están dudando de su propia acusación. Pero con esto hay que tener cuidado. El proceso legal es bipolar y hermético. Sólo gana una de las dos partes. No hay empates. Lo que una va ganando en cada etapa la otra lo va perdiendo.

Lo quinto es que todo lo que recientemente vemos no existe en el expediente judicial, sino tan sólo en los medios y en los discursos. Para el juez y el expediente, todavía no existen ni los expertos internacionales, ni los especialistas argentinos ni las declaraciones gubernamentales, ni los puede considerar.

Lo sexto nos hace preguntarnos ¿quién lo llevará al expediente? Sólo puede hacerlo la fiscalía acusadora o la abogacía defensora. Son los únicos contendientes. No lo podemos hacer los particulares con nuestra buena intención ni los expertos con su sabiduría, ni los medios con su influencia ni el Presidente con su poder, ni los congresistas con sus comisiones ni los ministros con su posición. El proceso judicial es el club más exclusivo del mundo. Sólo tiene dos miembros que son las partes en contienda y no se aceptan invitados. 

Lo séptimo es que el Presidente de la República ordenó a la PGR considerar el informe del GIEI. El Ministerio Público tiene una autonomía técnica, y no sé si el jefe del gobierno le deba ordenar, por lo menos en público, lo que debe hacer aunque me quedan claras sus razones. Ya sabemos que los presidentes mandan y mangonean a los procuradores aunque, a veces, éstos no los obedecen porque no quieren, porque no saben o porque no pueden.

Lo octavo es que, con esto, la abogacía defensora puede sacarse la lotería sin haber comprado el boleto. Se le está brindando la posibilidad de llevar al proceso un elemento con el que no contaba. Podrá contradecir a los testigos-denunciantes de la fiscalía que son casi lo único en lo que se basa la acusación. Podrá confundirlos, desacreditarlos y tacharlos de falsarios. Podrá multiplicar sus honorarios pactados con sus defendidos. 

Lo noveno: debemos distinguir entre juicio legal y juicio mediático. Entre sus diferencias existe lo que en la ciencia procesal se conoce como “continencia”. El juicio legal es continente. Contiene toda la causa de discusión y no deja nada para que se contenga en otro espacio. Es único y exclusivo. Nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo y nada ya juzgado puede volverse a juzgar. La sentencia legal es única, exclusiva e indivisible.

Lo décimo es que, por el contrario, el juicio mediático es incontinente. Los hechos pueden ser juzgados muchas veces y por muchos jueces. Todo el que lo desee puede ser juez de opinión y el juicio puede reabrirse a través de los siglos. Cada quien puede emitir su propia sentencia mediática y no importa que sea contradictoria con la de los demás quienes tienen, a su vez, el mismo derecho de erigirse en juez.

Una litis que no lo es

Lo dicho esta semana por el GIEI y contestado por la PGR parece ser un diálogo de distintos foros. No se encuentra la clara correspondencia entre unos y otros. Pero, por si esto fuera poco, pareciera que nada de lo dicho es esencial. Veamos esto un poco más de cerca.

El GIEI expresa conclusiones en dos sentidos básicos:

a) Algunas que no tienen que ver con el asunto en concreto, sino con la supuesta situación actual de los sistemas mexicanos, en su conjunto. Son las siguientes.

1.- Que se debe disminuir la formalidad y la burocracia.

2.- Que se debe mejorar la calidad y el método en la toma de declaraciones.

3.- Que debe haber un rediseño institucional para que los servicios periciales sean realmente independientes.

4.- Que se debe promover un sistema de información periódica a las víctimas (¿no que las víctimas están muertas o desaparecidas?, ¿cómo se les informa?)

5.- Que debe haber comunicación pública para evitar filtración de investigaciones.

6.- Que debe facilitarse el acceso a todas las fuentes de información (¿a todas?)

7.- Que deben usarse medios tecnológicos en la búsqueda de desaparecidos.

8.- Que debe haber atención adecuada a las víctimas (¿otra vez lo mismo?)

9.- Que los informes médicos deben adecuarse a estándares internacionales.

10.- Que debe haber garantías médicas durante la detención (¿qué son las garantías médicas?)

11.- Que debe haber una actitud cooperativa ante la asistencia internacional (¿más cooperativa?, ¿dinero?)

b) Algunas se refieren a cuestiones que contradicen la legislación mexicana, la de cualquier país más o menos civilizado, y la doctrina procesal moderna.

1.- Que se debe limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesionales (limitar las pruebas es un retroceso de cien años en la evolución del proceso judicial. La prueba confesional ya está muy limitada pero esta es una aportación mexicana que no tienen por qué conocer los extranjeros)

2.- Que se debe potenciar la capacidad analítica de las pruebas (¿es decir?)

3.- Que se deben integrar las averiguaciones evitando la fragmentación de procesos (la averiguación no siempre se puede integrar ni el Ministerio Público está obligado a ello. Eso corresponde, esencialmente, al juez porque el MP no puede integrar procesos sino, cuando mucho, puede solicitárselo).

Por su parte, la PGR ha contestado:

Este caso representa la investigación más exhaustiva de nuestra historia. (No estoy seguro de que así lo sea, ni siquiera en extensión. Pero en resultados hay muchísimas que han tenido cien por ciento de éxito, sin cuestionamiento alguno. De hecho, todos los días las hay). Pero de una o de otra manera, eso no es lo esencial.

1.- Que en todo momento se brindaron facilidades y acceso (¿eso es bueno o malo?).

2.- Que la PGR ha recibido 941 peticiones y ha cumplido con el 85% y cumplirá con el resto.

3.- Que se han efectuado 851 acciones de búsqueda (todavía no es claro lo que se busca ni dónde se busca ni para qué se busca).

4.- Que se están investigando los actos de tortura.

5.- Que se ha investigado el tema del quinto autobús.

Parece que nosotros no entendemos, o no quieren que entendamos.

La problemática jurídica

Preciso fue el informe presentado por la PGR, hace más de un año. Puede resumirse en lo siguiente: Primero, que los normalistas fueron secuestrados y ya no pueden ser liberados. Segundo, que fueron asesinados y ya no pueden revivir. Tercero, que fueron incinerados y ya no pueden ser vistos. Cuarto, que los responsables fueron identificados en su gran mayoría. Quinto, que fueron consignados. Sexto, que están presos. Séptimo, que la investigación ha concluido.

Lo anterior significa que, para efectos de la averiguación previa, el caso está cerrado. Salvo alguna pequeña ampliación en información, en consignación o en aprehensión, el trabajo de la fiscalía investigadora fue realizado de manera plena y ahora tan sólo habrá de concretarse al seguimiento del proceso ante los jueces correspondientes.

Y es que los casos deben cerrarse pronto, además de no ceder a la suposición inagotable e interminable de la historia y de la opinión pública. Por eso, Earl Warren cerró el homicidio de John F. Kennedy y Ezequiel Padilla cerró el de Álvaro Obregón. Lo mismo hicieron los fiscales de los asesinatos de Abraham Lincoln o de Luis Donaldo Colosio, aunque este último no lo cerraron tan rápido, como debió haber sido. Pero puede decirse que todos ellos no cedieron a presiones ni a prórrogas.

Desde el punto de vista jurídico parece que se trata de una indagatoria bien realizada y bien integrada. Para efectos legales, el hecho de no contar con los cuerpos de los asesinados no impide la posibilidad de juzgar por homicidio a los responsables. Lo que los abogados llamamos cuerpo del delito ha quedado debidamente acreditado con las confesiones y testimonios que han vertido los responsables y los informantes, debidamente coligados con los cientos de elementos periciales que, en su conjunto, forman una probanza plena.

Se encuentran algunos errores estratégicos que pueden complicar las cosas. Mucho no siempre es igual a mejor y, en ocasiones, hasta resulta en peor. Este es un axioma conocido por los abogados aunque, a veces es olvidado. Quizá, por ello, es que la fiscalía acusadora se aventuró en la consignación multitudinaria de este caso. Para el abogado experimentado no es fácil entender ni explicar la existencia de 168 consignados, muchos de ellos ya detenidos, además de aquellos a los que se ha consignado pero no se les ha aprehendido. En mi larga vida profesional nunca he sabido de la acusación contra tal muchedumbre, por un sólo evento delictivo. Puede ser que la haya habido sin que yo lo sepa o lo recuerde.

Acusar a muchos de muchas faltas es entorpecer el proceso y arriesgar el triunfo. El caso con mejor pronóstico es en el que se acusa a un solo individuo y por un solo delito. Hasta en la literatura y la cinematografía el gran éxito se centra en esa individualidad y en esa exclusividad.

Un ejemplo simplista: supongamos que yo acuso que un individuo se acercó a mi mesa en un restaurante y me golpeó. Mi acusación es simple y fácil de probar con los testimonios de mis acompañantes. Ahora agreguemos un ingrediente de sólo tres palabras y todo se revertirá: Si acuso de que me golpeó “porque me odia”, ya estoy perdido.

Tengo que probar mi dicho, pero ahora ya no sólo el golpe sino, además, el odio. Y no tendré testigo alguno que pueda afirmarlo porque ninguno sabe certificar el odio. No tendré perito porque ni siquiera sabemos la especialidad científica que se encarga de certificar el odio. Si corro con la suerte de que el juez sea un experto, tomará este agregado como inútil, lo mismo que si el abogado defensor es un lerdo y no me obliga a la probanza. Pero si el juez es un atarantado y el defensor un ejercitado, me acosará para obligarme a probar lo que no se puede probar y me orillará al abismo del fracaso. Una sola adición innecesaria habrá cambiado mi suerte procesal.

En nuestra profesión, como en la cacería grande, se usa el tiro de precisión y no el escopetazo. Alguna ocasión, un importante mexicano me consultó profesionalmente, en un caso de su personal interés pero que fue seguido por la opinión pública nacional. Le expliqué que “contaba con un solo  tiro”. Que si fallaba, no tendría otra oportunidad. Me creyó y utilizó su paciencia durante varios años, antes de actuar. Dominó sus impulsos y esperó, agazapado, el momento oportuno. Cuando consideró que había llegado al punto, disparó su “arma jurídica” y triunfó. No estoy seguro si yo le incubé la idea o él ya la había germinado por sí solo. Pero me ha reconocido u obsequiado el mérito autoral. Lo agradezco, en cualquier supuesto.

Es por eso que veo el caso Ayotzinapa o caso Iguala como un riesgo descomunal para la fiscalía nacional. El manejo procesal de 168 enjuiciados va a ser contradictorio, impreciso y confuso. Tantos inculpados son difíciles de concebir hasta en la imaginación. Si son asesinos materiales, no los imagino como aglomeración en el lugar de los hechos. Si son autores intelectuales, los delitos no se traman en una asamblea de cien personas. Si lo encargáramos como guion de telenovela, el libretista tendría dificultades para darle un rol a cada uno de los 168 actores.

En el caso El Búfalo, en 1984, se detuvieron a 6 mil personas y sólo se consignó a dos de ellas. En el caso Guadalajara, en 1992, murieron cerca de 400 víctimas y se consignó tan solo a 9 individuos. Los procesos fueron exitosos porque mucho no siempre es mejor.

Si los hoy defensores son medianamente duchos, podrán aprovechar estas fragilidades. Quizá les sea fácil sacar a 90 o 100 y eso pone en peligro el castigo contra los restantes. No es bueno consignar a toda una corporación, aunque se lo merezcan. En ocasiones, la estrategia sería enjuiciar a unos cuantos y, después, a otro segmento. Total, se trata de delitos que prescriben como en seis sexenios, por lo que no correría prisa.

Me queda en claro que la actual procuradora no fue quien consignó y tan sólo heredó un proceso ya iniciado, pero a ella le tocará culminarlo. Así suelen ser las herencias en la política de todos los países y de todos los tiempos. Se me ocurre que su éxito jurídico y político residiría en una estrategia que, aunque no sería ilegal, me parece tan cínica que no me atrevo a sugerirla en público, sobre todo porque no soy parte en este juicio, porque nadie me ha pedido mi opinión y porque no tengo particular interés en su devenir.  

En enero de 2015, las autoridades informaron que los normalistas fueron asesinados y fueron incinerados. Después, convinieron en reanudar la búsqueda. Sería un prodigio de la magia que, por virtud de un convenio gubernamental, se lograra su resucitación para rescatarlos con vida o, por lo menos, su reincorporación para recuperarlos con cuerpo.  

Así lo escuché, y lo primero que pensé fue que lo  ocurrido en enero de 2015 lo hubiera soñado y no vivido. Por eso, de inmediato regresé a las noticias de entonces y confirmé que no lo soñé. Luego entonces, me obligué a hurgar en otro lado para un encuentro con la verdad. Mi realismo me dijo que el informe presentado en enero era preciso.

Me queda en claro que dicho informe y el posterior convenio no fueron de la misma autoría. La PGR fue quien informó en enero, por voz de su entonces titular, Jesús Murillo Karam. Y quien se comprometió después fue la Policía Federal, según dijo un vocero con acento extranjero que opera en México por mandato ajeno a la autoridad mexicana.

Esta pluralidad de actores, adicionada a esa contradicción de acciones, me deja la sensación de una fuerte descoordinación entre nuestros altos mandos gubernamentales o, que si están bien coordinados, están contradiciéndose. Dos premisas contradictorias no pueden ser verdaderas ambas, aunque ambas pueden ser falsas. Y, entonces, llegamos a un dilema que no es grato. O nos están “dando el avión”. O, en aquel  enero, nos dieron “atole con el dedo”. Aquí es donde empiezo a sospechar que me engañaron.

Sin que esto pretenda ser ironía petulante, mucho de lo vertido en este asunto hubiera determinado la reprobación de mis jóvenes alumnos de la materia procesal. En lo mismo han coincidido conmigo muchos maestros con quienes lo he comentado. O, más bien, no muchos sino que todos han coincidido en ello.

La problemática política

Mi imaginación en ocasiones me traiciona. Quizá por eso me pregunto la razón por la que algunas instancias extranjeras, más algunas oficinas mexicanas y adicionando a los padres de las víctimas, se esfuerzan en mantener activa una incertidumbre que parece terca, estéril, ociosa, interesada y manipulada.

Repito que quizá sólo de deba a mi imaginación. Pero mi entelequia no se disparó sola sino, como dije al principio, a partir de dos noticias que, con cien días de diferencia, dan la impresión de que la fiscalía investigadora hizo un mal trabajo o, de plano, que no lo hizo. Que la policía se toma una atribución, para ella inconstitucional, de “seguir buscando”, sin tener para ello las debidas órdenes de su superior funcional, el Ministerio Público de la Federación. Y que un grupo interdisciplinario puede tomarse la libertad de descalificar a una y de aguijonear a la otra.

Queda en claro que todo este problema no lo creó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los asesinos no fueron sus policías ni sus soldados. Los autores o encubridores no fueron sus alcaldes ni sus gobernadores. Los omisos o remisos no fueron sus investigadores ni sus procuradores. El Presidente de la República tan sólo ha contribuido a la solución.

Pero lo afecta el muy explicable  escepticismo de los padres, la presión de la opinión pública bien sea la limpia o la sucia, los vasos comunicantes o hilos conductores de los protestantes y la calificación internacional ante un crimen cometido por autoridades que los extranjeros lo atribuyen al gobierno sin distinguir federalidad o localidad.

En ese momento me pregunté ­ —y aún me sigo preguntando— ¿esta conducta es una verdadera protesta buscando algo que no es posible encontrar? ¿O es una deliberada provocación para lograr una reacción gubernamental en determinado sentido? ¿O, peor que lo anterior, es un astuto tanteo para medir la fortaleza o la debilidad de un gobierno y saber a qué atenerse en un plan futuro y desconocido para nosotros?

El caso Ayotzinapa corre el riesgo de convertirse en una mácula, de esas injustas e imborrables, que han marcado a algunos sexenios. Que pueda ser recordado, en el futuro, como un ejemplo de lo errático y lo fallido. Que se involucró de más al gobierno federal, que se dilató innecesariamente, que no hubo coherencia entre la investigación y el diálogo, que se subió mucho la nota, que la comunicación no siempre fue clara, que el cabildeo no ha sido exitoso y que no se supo dar por terminado en el momento oportuno. Pero todo este cálculo del futuro es tan sólo producto de mi imaginación, ya no de mi ensueño ni de mi vivencia ni de mi engaño. Pero si el asunto se ha cerrado en cuanto a la investigación, aún permanece abierto en cuanto a conflicto político. Esto se da a partir de que los familiares de los occisos no aceptan esta realidad, bien sea por incredulidad ingenua o por incredulidad lucrativa.

Podría tratarse de una reacción propia de un espíritu adolorido que no se resigna a la pérdida y trata de aferrarse a una esperanza basada en el hecho de que no han visto el cadáver de su familiar. Pero, también, podría tratarse de una pose de incredulidad provocada por intereses que les hubieren insertado o que ellos mismos hubieren generado.

Yo me inclino a creer esto último, debido a mis experiencias obtenidas durante mi larguísimo paso por la procuración de justicia, donde tuve el infausto deber de atender a miles de familiares de asesinados. En todos ellos, casi sin excepción, encontré la siguiente constante. No les interesaban mis informes ni mis logros ni mis fracasos en la investigación. Me escuchaban por obligación pero no me exigían nada. Ni información ni castigos ni indemnizaciones. Había en ello una lógica contundente. Nada de lo que hiciera la autoridad les repararía su pérdida. Ésta era tan irreversible que no había procuraduría que pudiera servirlos.

Las pocas excepciones que se me presentaron se debían a tres causas. Cuando los deudos querían dinero, a título de reparación indemnizatoria y nos exigían que forzáramos a los asesinos en ese sentido. Cuando querían reflectores para lograr alguna fama y convertirla en organización ciudadana. O cuando querían cobijarse en alguna impunidad, dado que habían participado en el homicidio, básicamente por tratarse de autoviudos o de parricidas, que ambos los vi en diversos casos.   

En estos sucesos excepcionales sí se comportaban con exigencia, con estridencia y con insolencia. Uno de los casos donde más impertinencia se me brindó fue el de una hija que había tramado el asesinato de su madre, cometido de una manera espeluznante. Otro, fue un sujeto cínico que resultó ser el asesino de su esposa. Esa hija y ese marido actuaron por razones exclusivamente dinerarias. Otro fue una persona que, a partir de una pérdida filial, decidió convertirse en líder de opinión y activista social.

Yo no estoy diciendo que los deudos de los normalistas hayan sido cómplices de los asesinos ni que quieran formar su propia y lucrativa ONG. Lo que estoy diciendo es que no encuentro una relación sana entre su tragedia y su reacción. Escapa a la lógica de la razón la correspondencia entre una pérdida familiar y las injurias al gobierno y al presidente que lo encabeza, la toma de casetas, los bloqueos de carreteras y hasta la demanda por la supresión de unas elecciones locales.

Y es entonces cuando me pregunto, ¿esta conducta es una verdadera protesta buscando algo que no es posible encontrar? ¿O es una deliberada provocación para lograr una reacción gubernamental en determinado sentido? ¿O, peor que lo anterior, es un astuto tanteo para medir la fortaleza o la debilidad de un gobierno y saber a qué atenerse en un plan futuro y desconocido para nosotros?

Ya es de suyo preocupante lo que ha girado en torno a este crimen desde el punto de vista político. Que la propia autoridad haya contribuido a convertirlo en escándalo hablando de él tres veces diarias durante 19 meses seguidos. Que este asunto se haya convertido en algo más importante que nuestro estancamiento, nuestro desempleo, nuestra pobreza y nuestra inseguridad. Y que un incidente artificial de incredulidad lo podamos engrandecer hasta convertirlo en un problema real de incredibilidad.

La problemática histórica

Es fácil entender la historia cuando ya pasó. Es muy difícil  adivinarla cuando aún no ha pasado. Pero es casi imposible comprenderla  cuando está pasando. Por eso, es más sencillo ser historiador o adivino que ser analista.

Pero lo anterior se complica cuando pasado, presente y futuro se mezclan en la misma batea donde puede resultar un delicioso manjar o un infame batidillo. Así sucede con el Caso Ayotzinapa. No es fácil aclarar lo que pasó. No es sencillo pronosticar lo que va a pasar. No es elemental diagnosticar lo que está pasando.

Quizá, por eso, hay incógnitas que me recorren durante el día y hay misterios que me asaltan durante la noche. Subrayo que ésta es la problemática histórica que no la jurídica. Todas estas interrogantes serán para el estudioso del futuro no para los jueces del presente.

El primer segmento sería el ¿por qué?  Es decir, la causa de lo sucedido, y me hago cuatro preguntas. ¿Qué vieron, qué oyeron o qué supieron estos jóvenes normalistas? ¿A quién o a quiénes incomodaron, asustaron o desobedecieron? ¿Estos hechos fueron dirigidos en contra de las víctimas o en contra de otros diversos? ¿Fueron el resultado de una decisión refinada o de un impulso cavernario? Porque hemos escuchado que pudo haber sido una acción dirigida de manera directa pero, también, hay quienes suponen que fue una agresión oblicua. No digo que hubieren estado comprometidos con lo indebido sino que indebidamente hubieren atestiguado lo comprometedor. 

Pero el motivo o la causa determinante de la comisión de un delito no tienen que ver con el proceso ni con la pena. Importa lo que hicieron, no el porqué lo hicieron.

Luego, en un segundo segmento, me planteo otras cuatro interrogaciones sobre el ¿para qué? Esto sería la finalidad que tuvieron los hechos. ¿Fue una venganza de algo que pasó o fue una amenaza para que no pasara? ¿Fue el cobro de una deuda o fue el pago de una gracia? ¿Fue un tanteo para sondear o fue un recado para avisar? ¿Fue una operación para fortalecer un sistema de cualquier signo o fue un operativo para debilitar a otro aparato sistémico? Yo creo que un hecho tan conspicuo debe tener una voluntad poderosa. Aquí se prepara ya el siguiente segmento. El amenazado, el vengado, el cobrado, el pagado, el tanteado, el avisado, el fortalecido o el debilitado.

Pero el propósito o la finalidad en la comisión de un delito no tienen que ver con el proceso ni con la pena. Importa lo que hicieron no el porqué lo hicieron.

Más adelante, en mi tercer segmento,  me asaltan siete dudas sobre los ¿quiénes? Ello se representaría por los protagonistas. ¿Los verdaderos responsables son gatilleros elementales o personajes elaborados? ¿Fueron agresores en contra de las personas o en contra del Estado? ¿Cometieron hechos aislados irrepetibles o concebidos secuencialmente? ¿Realizaron un incidente delictivo o provocaron un asunto político? Por lo tanto, ¿la atención del caso corresponde al Secretario de Gobernación o al Procurador de la República? ¿Esto va a resolverse cuando lo dicte la razón o cuando lo decida la suerte? Los responsables, ¿ya van a parar o van a seguir?

Pero, al igual que con las anteriores, esto no tiene que ver ni con el proceso ni con la pena.

Prosigo y, en el cuarto segmento, hay siete incógnitas que me rodean. Esto lo llamaría ¿qué viene? En palabras elegantes diríamos que son los pronósticos. ¿De qué tamaño es la secrecía de la indagatoria o, de otra manera,  qué diferencia existe entre lo que realmente saben las autoridades y lo que dan a conocer? ¿Para el Gobierno, sería peor que los jóvenes aparecieran muertos o que ya no aparecieran? ¿La defenestración de funcionarios ayudaría a la solución o sólo le serviría a él? ¿Se va a comprometer penal y políticamente a Ángel Aguirre? ¿Este suceso lo va a pagar la imagen del gobierno de Ángel Aguirre o también la del gobierno de Enrique Peña? ¿Es éste un asunto difícil para el gobierno o peligroso para la nación? ¿Este asunto va a ser tan inolvidable como el de Tlatelolco o tan irrecordable como el de Acteal?

Vuelta a lo mismo y esto es irrelevante para lo jurídico

Por último, quinto segmento, con tres arcanos que me inquietan y que llamaría ¿con qué se conecta? ¿Este problema tiene vasos comunicantes o hilos transmisores con otros focos de crisis? ¿Qué contaminantes produce y que contaminaciones recibe? ¿Podría tener alguna transversalización con las reformas estructurales?

Es que todo esto parece un siniestro juego donde todos ponen. Aún los escenarios más felices que pudiéramos imaginar tienen un costo todavía incalculable. Supongamos que los jóvenes aparecen vivos. Que andaban “por allí”. Vaya guasa tan siniestra para nuestra autoridad. Supongamos, por el contrario, que se descubre toda la verdad sobre un crimen masivo y se castiga a los responsables. ¿Se reparan las vidas? ¿Se restaura la confianza? ¿Se limpia nuestra imagen internacional? ¿Se garantiza que no se repetirá?

Pero más me incomoda que el final fuera más ingrato. Que quedáramos como que no podemos investigar, ni descubrir, ni resolver, ni solucionar, ni castigar, ni proteger y, ni siquiera, consolar. Eso nos colocaría muy mal ante los humanistas. Pero, otro escenario que me preocupa más sería el que nos colocaría muy mal ante los estadistas. Que quedáramos como que no podemos ordenar, ni imponer, ni regir, ni contener, ni reprimir, ni maniobrar y, ni siquiera, mentir.

Las respuestas no me corresponden a mí sino tan sólo a la autoridad. Pero las suposiciones son libertad de todos y eso también es un peligro.