Desdén de priistas impulsa Ley 3de3

CIUDAD DE MÉXICO.

Con la ausencia del PRI, cuatro senadores aprobaron que la iniciativa 3de3 se convierta en la primera ley secundaria de la reforma anticorrupción, incluida la disposición para que una autoridad administrativa, sin mediar petición ministerial y orden del juez, intervenga llamadas telefónicas de quien sospeche sea corrupto.

De igual forma, esta iniciativa detalla lo que deberá entenderse por conflicto de intereses y convierte a las esposas, hijos y cualquier consanguíneo hasta cuarto grado en sujetos de ley para que no puedan recibir préstamos, créditos favorables de bancos, constructoras o cualquier otra financiera, para la compra de casas o terrenos. Menciona específicamente a los diputados federales y locales como corruptos si exigen el pago de moches a alguna institución a la cual le otorguen partidas presupuestales.

Ayer estaba citada la primera mesa de trabajo para generar el diseño de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, acordada desde la semana pasada, para que participaran legisladores de todos los partidos, secretarios técnicos de las comisiones e integrantes de la sociedad civil.

Sin embargo, no llegó ninguno de los senadores del PRI, que son minoría en estas comisiones unidas. A la cita sólo acudieron los perredistas Armando Ríos Piter y Zoé Robledo, así como la panista Marcela Torres y la única senadora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle; por unos momentos estuvo la panista Laura Rojas, pero no se quedó a la discusión.

También asistieron diez integrantes de las organizaciones sociales que impulsaron la iniciativa Ley 3de3.

Como el PAN, PRD y los ciudadanos ya se habían puesto de acuerdo para que la 3de3 se convirtiera en su propuesta consensuada, y a la cual le hicieron algunos cambios para precisar disposiciones, no hubo nadie que pudiera hacer contrapeso a esa posición.

Aunque en un primer momento los senadores pidieron que los secretarios técnicos hicieran esos contrapesos, Haskel Rivera, de Anticorrupción; Aarón Mestache, de Estudios Legislativos Segunda; y Publio Rivera, de la Comisión de Gobernación, que tiene la calidad de opinión en este proceso, explicaron que ellos no pueden validar ningún documento ni argumentar en nombre de algún partido político en especial, porque representan la pluralidad de las comisiones.

El secretario técnico de la Comisión de Justicia, Luis Felipe Nava, no acudió a la reunión.

Así, a instancias de la panista Marcela Torres y el perredista Armando Ríos Piter, se decidió que el llamado segundo documento de consenso quede sin validez y la iniciativa 3de3 se convierta en el primer documento consensuado en todos sus términos.

La iniciativa, sin embargo, contiene dos disposiciones polémicas. En primer lugar, ésta establece que una autoridad administrativa, como el Tribunal de Justicia Administrativa, pueda ordenar la intervención telefónica, sin mediar ni petición ministerial ni orden judicial, contrario a lo que dispone la Constitución, la cual señala que sólo un juez puede ordenar la escucha telefónica, a petición de un ministerio público.

También podrá ordenar, sin que medie orden judicial, “visitas” a los domicilios de los burócratas de quienes sospeche incurren en actos de corrupción.

La iniciativa pasa al pleno de comisiones unidas, para su votación y eventual ratificación, y después irá al pleno del Senado.

IP pide sacar iniciativa en extraordinario

El sector privado mexicano, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró necesario un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con el objetivo de no retrasar más la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reestructuración del sistema policiaco nacional; las reformas para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas y la aprobación de la Ley de Unidad de Medida y Actualización para definir una política salarial de largo plazo.

Juan Pablo Castañón, presidente de la cúpula privada, aseguró que de posponer las asignaturas pendientes, en adelante se presentarán escollos que volverán difícil su consecución, como el ambiente polarizado en torno a las elecciones del 5 de junio, y por la preponderancia que tomará, en el periodo de sesiones que iniciará en septiembre, la discusión de la Ley de Ingresos y el presupuesto federal para 2017.

Destacó que aunque se logró avanzar en la legislación secundaria sobre transparencia y acceso a la información pública, subsiste el reto de consolidar el andamiaje jurídico del Sistema Anticorrupción.