Presentan denuncia por fraude contra Emilio Álvarez Icaza
El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano entregó a la CIDH para cubrir los gastos del GIEI, para ayudar en la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal A.C., presentó este martes ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia penal por el delito de fraude por las cantidades de un millón 250 mil dólares y dos millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
José Antonio Ortega, integrante de dicha asociación civil, comentó en entrevista que la denuncia de hechos está basada en el Código Penal Federal que en su artículo 386 tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente", detalló Ortega.
Igualmente, insistió en que el presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del “Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región” y que tuvo como contraparte al gobierno federal.
jcp
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