Mando Único afecta a los municipios; debate legal y presupuestario
La instalación de este modelo policiaco pone a discusión la autonomía y el detrimento de las finanzas de las alcaldías
CIUDAD DE MÉXICO.
El debate del Mando Único policial en México, es decir la desaparición de mil 800 corporaciones policiacas municipales y la inmediata creación y operación de 32 policías estatales, se centra en dos vertientes: la legal y la económica.
La legal implica quitarles a los municipios la responsabilidad sobre seguridad pública, establecida en el artículo 115 fracción III índice h de la Constitución federal.
La económica significaría que los municipios mexicanos dejarían de disponer de los 5 mil 952 millones de pesos que fueron asignados al nuevo Subsidio para la Seguridad Pública, que fusionó al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) y Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA), que en 2015 en conjunto equivalían a 7 mil 653 millones de pesos.
Además de tener un solo subsidio y disminuido, por el Mando Único los municipios se quedarían sin los porcentajes que cada uno tiene asignado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por un total de 7 mil millones de pesos; y el relacionado con la prevención de delitos por 2 mil 600 millones de pesos.
De esta manera, los opositores al proyecto consideran que los gobiernos estatales serían los que mandan sobre las policías, pero los municipios seguirían pagando sus servicios, como administradores del recurso.
La idea del Mando Único fue una propuesta de Genaro García Luna cuando era el secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón. El 7 de octubre de 2010, Calderón envió a la Cámara de Senadores una iniciativa para la creación del Mando Único policial, con la siguiente premisa:
“La Iniciativa de Mando Único Policial propone crear un mando único subsidiario a efecto de que todos los cuerpos policiales de las entidades federativas estén en manos del gobernador de cada entidad. La propuesta adopta el principio de corresponsabilidad que establece el apoyo que deben brindarse las instituciones policiales entre sí y permite la existencia de policía municipal en la medida que cumpla con condiciones objetivas de desarrollo institucional”.
Ese 7 de octubre, en la ceremonia de reconocimientos al valor y al mérito de la Policía Federal, Calderón dijo, en torno a la iniciativa que entonces firmó, que lo que se busca es reestructurar la policía y recuperar la confianza ciudadana para salvaguardar la protección de todos.
Entonces las fuerzas políticas, principalmente el PRI, no dieron su aval a la iniciativa de Calderón. Prueba de ello es que el senador Adolfo Toledo Infanzón en entrevistas sobre el tema dijo que “lo fundamental es que se respete el artículo 115 constitucional, en lo que respecta a la autonomía municipal. Sin duda, vamos a apoyar una coordinación entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
“Esta reforma que plantea el Ejecutivo en el fondo es una trampa, ya que pretende darle todo el poder a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y a su titular, Genaro García Luna, así como a muchos de los gobernadores. Se están yendo con la finta de que es para fortalecer a las policías en los estados, eso es falso”, dijo.
El sexenio de Calderón terminó en 2012 sin que se hubiera podido hacer realidad la idea que García Luna le vendió a Calderón de que el Mando Único ayudaría a fortalecer a los estados en el combate al delito debido a que el 92 por ciento de los ilícitos son materia local. “Esta base delictiva es la que está siendo articulada por estructuras de la delincuencia organizada para generar delitos de alto impacto social”, dijo García Luna el 12 de octubre de 2011 ante la comisión de Seguridad Publica de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Calderón.
Después de los hechos de Iguala, Guerrero, cuando el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en diciembre de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa para reformas en seguridad y justicia.
Esta iniciativa plantea modificar siete artículos de la Constitución federal –21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123– y los objetivos son definir el esquema de Mando Único policial en los estados, facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia penal, y establecer la posibilidad de que el gobierno federal asuma la dirección de un municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la delincuencia.
Constitución y el Mando Único
- Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...
- III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.
- En la fracción IV, inciso a) párrafo segundo dice: Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
