Tras el tesoro de BCS

COMONDÚ, BCS.

Exfuncionarios de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat cabildean la aprobación de un proyecto de dragado en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, que tendría impactos ambientales severos para la zona.

Pese a que la empresa Odyssey Marine Exploration ya se había retirado del proyecto que presentó a inicios de año, ahora vuelve teniendo como socio a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y cabildea con el nuevo gobierno panista local que se avale su plan. Esto ha generado que toda la comunidad de la región se una contra el proyecto.

Conocidos como piratas modernos que buscan tesoros en barcos hundidos, los directivos de Odyssey Marine Exploration, empresa con sede en Tampa, Florida, van nuevamente en pos de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el primer proyecto de minería submarina en México.

Buscan extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en un periodo de 50 años, con el fin de abastecer a la industria agrícola de materia prima para fabricar fertilizantes.

El proyecto bautizado como “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, logró lo que parecía imposible, la unión de pescadores y grupos ambientalistas, enfrentados en los últimos años por la muerte incidental de tortugas caguama que llegan desde Japón a alimentarse, en un frente al que se sumaron científicos y diputados locales, para frenar esta iniciativa que pone en riesgo la biodiversidad, la salud de la población y las actividades económicas en la región.

“Don Diego representa un peligro para las tortugas del Pacífico Norte y los mamíferos marinos por el ruido derivado de las actividades de dragado, y más para la ballena gris, al estar en su zona de tránsito migratorio, así como los recursos del Golfo de Ulloa, en una de las zonas pesqueras más importantes del país”, advirtió Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por segunda ocasión a la Semarnat por Exploraciones Océanicas, filial de la firma estadunidense, el área donde se trabajaría las 24 horas del día, los 365 días del año, se localiza en el Océano Pacífico, en la Zona Económica Exclusiva de México, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, en el municipio de Comondú, a 12 millas marinas de la costa (22.22 kilómetros).

Problemática

Uno de los principales problemas que generaría Don Diego es la contaminación por metales pesados como aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, selenio, uranio y zinc, que serían liberados al remover los sedimentos que llevan millones de años enterrados en el lecho marino y que impactarían a alrededor de 15 mil personas que tienen como principal sustento la captura de langosta y abulón, así como la prestación de servicios turísticos para el avistamiento de ballenas.

“Nosotros que dependemos completamente de la cuestión natural, estamos totalmente en desacuerdo con este tipo de proyectos mineros, porque afectan directamente a la ballena y a la economía de nuestras familia”, indicó Fernando Romero Romero, representante de la Unión de Prestadores de Servicios Turísticos del Puerto Adolfo López Mateos.

Janette Murillo Jiménez, doctora en Geología Marina explicó que el uranio es el elemento más dañino que liberaría el dragado de arenas fosfáticas, porque es radioactivo y según los propios estudios presentados por los inversionistas tendría una presencia de 154 microgramos por litro de agua de mar, en concentraciones cinco veces por encima del nivel máximo permitido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Rocío Marcín Medina, profesora de Contaminación Marina y Didáctica General en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) agregó que la suspensión de partículas por los trabajos de Don Diego provocarían turbidez en el agua, lo que rompería la cadena primaria por la falta de oxígeno, dañaría a los moluscos porque son filtradores y a las langostas que se alimentan de materia orgánica en descomposición.

Florencio Aguilar, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale advirtió que las comunidades están dispuestas a defender su actividad “tope donde tope”, porque la minería submarina acabaría con el futuro de sus hijos, justo cuando ya lograron exportar las primeras toneladas de langosta viva a China.

“La base que represento y un servidor expresamos un rotundo no a Don Diego, no hay ningún tipo de negociación; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestros mares”, sentenció.

Cero y van dos

El pasado 19 de junio, días antes de que la Semarnat resolviera sobre la primera solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada para el proyecto Don Diego, Odyssey Marine Exploration decidió retirar su propuesta, con el fin de cabildear con el nuevo gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.

Una semana después, la firma estadunidense a través de su filial Exploraciones Oceánicas ingresó de nueva cuenta la MIA (26 de junio), no sin antes anunciar a través de un comunicado de prensa que regresaba de la mano de un importante socio, Altos Hornos de México (AHMSA).

Ante este nuevo escenario, la Cooperativa Pesquera Puerto Chale y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la realización de una junta de información pública con los promoventes y opositores a Don Diego, misma que se llevó a cabo el pasado 8 de octubre.

En el auditorio Ricardo Chato Covarrubias, en Ciudad Constitución, que lució a su máxima capacidad, Martín Quijano Poumián y Gretel Villicaña Yépez, socios de la consultoría QV Gestión Ambiental, contratada por los empresarios, trataron de convencer a quienes están en contra del proyecto de la supuesta sustentabilidad del dragado del fondo marino, al minimizar los impactos al capital natural y a las comunidades.

Como suele ocurrir con este tipo de inversiones, los expertos de Exploraciones Oceánicas son dos ex funcionarios de la Semarnat que trabajaban en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), analizando precisamente las afectaciones de proyectos como el que ahora pretenden que se apruebe.

Según su curriculum vitae, tanto el biólogo como la ingeniera química estuvieron hasta 2007 en el servicio público, año en que su jefe, el titular de la DGIRA, Ricardo Juárez Palacios, salió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acusado ante la Secretaría de la Función Pública de entregar 19 permisos irregulares, entre los que se encontraba la importación de delfines y obras turísticas en zonas de manglar.

Durante la reunión pública de información, 25 ponentes, entre científicos, activistas y población en general, así como el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de Baja California Sur enumeraron los riesgos que representa Don Diego, por lo que pidieron a la Semarnat no aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental para la minería submarina.

A pesar de que el rechazo al proyecto fue unánime, el 12 de octubre, Odyssey Marine Exploration hizo saber a sus accionistas que Don Diego será aprobado gracias a la intervención de Alonso Ancira Elizondo, director general y presidente del Consejo de Administración de AHMSA.

En una comunicación hecha pública, la empresa dedicada al rescate de tesoros en barcos hundidos, presumió su alianza estratégica con el “multimillonario mexicano”.

Mientras tanto, corren los plazos fijados por la Ley Ambiental, sin contar que en cualquier momento la Semarnat tiene la opción de congelar el trámite para solicitar estudios complementarios.