Las drogas en la política y la política en las drogas

El jurista José Elías Romero Apis analiza el reciente fallo de la Corte sobre el uso de la mariguana

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CIUDAD DE MÉXICO.

Hace apenas unas semanas no hubiéramos creído que una sola sentencia judicial elevara el rango de la discusión sobre los narcóticos. El debate no es nuevo. Tendrá ya medio siglo. Pero no había pasado de las sobremesas de cantina o de los coloquios de academia.

Pero la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha puesto en el tapete de la discusión política. Si la más alta instancia del Poder Judicial ha “lanzado del guante”, éste de inmediato fue recogido por los otros poderes y por los factores de la sociedad civil.

El Congreso de la Unión voceó que hay que discutirlo. El Presidente de la República hizo lo propio. Con ello, el mensaje significa que ya no está en juego ni la salud ni la legalidad ni la seguridad sino algo mucho más alto que todo ello. Me refiero a la libertad, puesto que se discutirían espacios del gobernado frente a la autoridad. Me refiero a la democracia, puesto que se está depositando el destino de ello en una consulta popular. Me refiero a la soberanía, porque se está enmarañando con los de-

siderátums internacionales.

Como político, no me molesta que todo tema pudiera llegar al debate del poder. Este, en particular, pudiera inquietar a los especialistas de la salud, de la criminología, de la educación, de la cultura y hasta de la economía. Pero a los profesionales de la política y de la ley, nada más cómodo que airear y orear un debate que no habíamos querido “sacar del clóset”.         

Como devoto de la libertad, me complace que se analicen mayores espacios para el individuo en todo aquello que no dañe a la sociedad. Como creyente de la democracia, me agrada que las voces oficiales, comunitarias y particulares se expresen y se consideren. Como reverente de la soberanía, me deleita que decidamos nuestros destino y no tan sólo que sigamos los de los otros.

EL REFERENTE DE LA SENTENCIA

La primera reflexión que nos provoca la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es que no cambia nada en la vida de los mexicanos. La sentencia tan sólo protege a las cuatro personas que la solicitaron. El principio de relatividad de la sentencia de amparo impide que todos los demás mexicanos la utilicemos en nuestro provecho. Así que nadie más puede sembrar su propia mariguana ni vaya a transitar ingenuamente por el camino que lleva a la prisión.

Además, no cambia nada en la vida de los amparistas protegidos. La siembra de estupefacientes sigue prohibida y la prueba de su  finalidad recreativa corre a su cargo. Yo no sé cómo se probaría la recreación futura pero va a ser difícil que lo hagan y que, con ello, convenzan a la policía, al Ministerio Público y a los jueces penales. Si no tienen esa prueba a su favor, de nada les servirá su sentencia.

Quizá, por eso, se ha dicho que esta sentencia es como el ombligo que ni sirve ni estorba.

Por otra parte, la sentencia en mucho está basada en cuestiones de técnica constitucional no de permisividad legal. Se refiere al uso de garantías constitucionales, no al uso de yerbas narcóticas. Esto es un tecnicismo jurídico muy complicado de explicar en breves palabras y a los abogados nos lleva dos largos cursos de estudio en la escuela para poder medio entenderlo.

Es oportuno recordar que el consumo de drogas siempre ha estado permitido y la legislación de todos los países civilizados ha considerado al consumidor adicto como una víctima y no como un delincuente. Lo penado es la producción, comercio, transporte, distribución, almacenamiento, financiamiento o suministro. En este sentido, la sentencia no legaliza las drogas.

LA ESPERANZA DE LA CIENCIA

Es por ello que resulta oportuno repensar nuestras realidades para estar en condiciones de imaginar nuestras idealidades. Para ello, comenzaría por recordar algo de lo que he dicho y escrito con anterioridad, agregado a lo que nos impone la actualidad.

Hace muchos años el problema mexicano de narcóticos se centraba en el hecho de que México era un productor de mariguana y de algunos opiáceos derivados de la amapola, principalmente la heroína.

La goma de opio era transportada hacia Estados Unidos, en cuyos laboratorios se producía domésticamente, en competencia con la heroína proveniente de Asia, tanto por las rutas europeas y por las de la costa californiana.

A su vez, la mariguana era consumida preferentemente por sectores juveniles y populares, en cuanto al destino doméstico, y una importante proporción, exportada hacia el mercado norteamericano. Así, hasta que la capacidad tecnológica y productiva de Estados Unidos logró instalarlos en la plena autosuficiencia, resolviéndose el problema de la exportación mexicana.

Más tarde, el consumo masivo de cocaína, combinado con el monopolio productivo sudamericano, impuesto por la naturaleza geográfica, instaló a México en una incómoda posición de “lugar de paso” en las narcorutas que van del sur al norte del continente americano. Es cierto que la mayor parte de este abasto se surte sin pasar por México, pero lo que de ello transita por vía mexicana ha sido una calamidad con visos de catástrofe.

De allí que la mejor esperanza para el futuro mexicano, en este sentido, es que la tecnología agropecuaria logre instalar a los países consumidores en su plena autosuficiencia y las rutas que pasan por México se conviertan en leyenda del pasado, tal y como sucedió con la mariguana.

No faltan, desde luego, los suspicaces que piensan que la tecnología ya ha triunfado sobre la naturaleza, pero aún no sobre la ambición y que, aunque ya se pueda producir cocaína en regiones no sudamericanas, ésta se sigue transportando porque es más lucrativo su acarreo que su simple suministro. Así, prosiguen, cuando la distribución doméstica supere el lucro del tráfico internacional, la tecnología se envalentonará para avisar que triunfó y México se habrá remediado. 

EL PLANTEAMIENTO NUEVO DE UN DEBATE VIEJO  

Pero, mientras tanto, el problema subsiste y la solución tecnológica se antoja lejana porque México ha dejado de ser solamente un país de tráfico para convertirse, adicionalmente, en un país de consumo de narcóticos. Las razones son muy diversas. Pero de nueva cuenta surge la vieja polémica entre si lo que más nos conviene es la proscripción o la permisión de los narcóticos.    Por eso vale plantearlo con objetividad y, si se puede, con imparcialidad.

La lucha en contra de los narcóticos no ha sido fácil para ningún pueblo. Muy particularmente ha sido una lucha difícil para México. Ha sido complicada por nuestra posición geográfica. Ha sido cara en presupuestos públicos. Ha sido costosa en vidas humanas. Ha sido incómoda en la relación con otros pueblos. Ha sido peligrosa para la seguridad pública. En fin, ha sido generatriz de sufrimiento y de conflicto.

Debemos resaltar que existe una fuerte demanda de la sociedad mexicana a favor de que apliquemos nuestros mayores y mejores esfuerzos para restituir los espacios de seguridad y de justicia que hemos  perdido desde hace algunos años.

Nos hemos esforzado en ello. No es tan sólo una promesa y una esperanza. Ya se ubica en el campo de las realidades. En lo que concierne a la procuración, desde muy diversos frentes los mexicanos saludamos, con beneplácito, el trabajo desplegado y que ha fructificado en el decomiso de alarmantes estancos de droga y en el aseguramiento de una cantidad de criminales importantes así como también de sicarios que, no por ser de baja estofa, son de menor peligrosidad.

Así como muchos problemas esenciales pueden llegar a producirse en un solo escritorio, en una sola decisión y, a veces en un solo discurso, la fractura generalizada de un sistema de justicia, por el contrario, nunca es obra de unos cuantos.

Por eso la primera obligación que tenemos frente a la cuestión es aceptar, aunque sea sumamente doloroso y hasta traumático, que estamos en presencia de un problema mayor frente al cual tenemos que aplicarnos desde el gobierno y desde la sociedad civil. 

En el ámbito gubernamental la solución implicará acciones de política interior, de seguridad nacional, de presupuesto, de desarrollo económico, de empleo, de salario, de comunicación social, de educación, de culturización, de reorganización, de funcionamiento y de muchas otras cuestiones. 

En el ámbito de la sociedad civil implica acciones muy decididas y desde luego muy comprometidas de la familia, de la escuela, de la abogacía, de la comunicación, de los partidos, de la empresa, de las iglesias, de los sindicatos y de todas las formas de organización.

Pareciera una alternativa del diablo, diría Frederick Forsyth, los escenarios que se presentan para el porvenir frente a la proscripción o la permisión de los narcóticos, una cuestión que tiene y tendrá alto impacto en la conformación de la civilización contemporánea.

La polémica sobre el tema ha incluido, en uno y en otro bando, argumentos que van desde los jurídicos, políticos y sanitarios, hasta los de orden económico, diplomático y cultural, pasando, en este largo itinerario, por los de naturaleza histórica, ejemplificativa, estratégica, subliminal, cinematográfica, moral, religiosa, presupuestaria, burocrática, étnica, geográfica, aspiracional y genética, sin descontar las ineludibles referencias comparativas con la Ley Seca y con  las consecuencias gangsteriles de tan malhadada legislación.

Vale reflexionar sobre unos cuantos de los argumentos de cada bando, desde luego aquellos que han sido más recurrentes o que  se apoyan en un basamento más sólido.

LOS PERMISIVISTAS

Los voceros del grupo que llamaremos permisivo centran su argumentación en el hecho de que el desafío de la humanidad, en este sentido, no tiene precedente en la lucha contra el crimen. Este planteamiento es innegable e irrebatible. Nunca antes los hombres nos habíamos enfrentado a un fenómeno delincuencial que cuenta con capacidad organizativa para operar, simultáneamente, en todo un continente o en más de uno. Con recursos que, cada vez con más frecuencia, superan las posibilidades financieras de los  países en donde actúan. Y con estrategias de penetración en las esferas del poder y del dinero, hasta ahora incomparables.

Las cifras, cálculos y tendencias que hoy en día se manejan más abiertamente y desde muy diversas fuentes tienen un común denominador: son verdaderamente atemorizantes. Podrá decirse que es exagerado afirmar que el volumen de las transferencias financieras internacionales ilícitas supera al de las lícitas. Podrá decirse que es fantasioso hablar de que en México existen 400 mil delincuentes dedicados a esta tarea, lo que los constituiría en el grupo armado más numeroso del país. Podrá decirse que es pura figuración que en el mundo actual los centros decisivos de poder, Estado, medios, partidos, empresa, sindicatos, iglesias, universidades, entre otros, están amenazados  y, en ocasiones ya tripulados, por las fuerzas del gang.

Quisiera poder convencerme de que aquello es, efectivamente, exagerado. Que lo segundo es fantasioso. Que lo último es exclusivamente figurativo. Que son afirmaciones producto de un temor infundado o, en el peor de los casos, de una irresponsabilidad inocua.

Pero vayamos a datos más concretos y menos caprichosos. Hoy en día, el gramo de oro vale 600 pesos. El gramo de cocaína tiene un valor de 400 pesos. Esto significa que, por primera vez después de treinta siglos de búsqueda, los hombres han encontrado una piedra filosofal que les permite producir a voluntad algo que pueda valer más de la mitad de lo que vale el oro. Y eso, considerando que nunca el oro ha estado tan caro, porque hace diez años la cocaína valía el triple que el oro.

Esto ha comprometido esfuerzos de Estado donde se ha invertido tiempo, dinero y sufrimiento, con múltiples complejidades en lo que concierne a la producción, distribución y financiamiento de narcóticos.

Década y media fue suficiente para modificar el panorama del narcotráfico y la farmacodependencia en términos objetivamente alarmantes. Hacia 1980 el tráfico internacional de algunos narcóticos, como la cocaína, se contaba por gramos, se desplazaba en vehículos comerciales y oculta en la más variada sofisticación de artículos y prendas de uso común. Para 1995 ese microtráfico era historia olvidada y leyenda lejana ante el embate de un tráfico internacional que se cuantifica todos los días en toneladas, que se desplaza en vehículos propios y con la conspicuidad que da la tecnología asociada a la corrosión moral.

Dicen, también, que se ha generado una lucha cada vez más desigual y, por lo tanto, más estéril para las fuerzas del bien ya que, a pesar de los esfuerzos invertidos, la actividad ilícita ha crecido más que exponencialmente a la relación que guarda con los esfuerzos invertidos.

Hasta aquí la tesis central del grupo permisivista.

LOS PROSCRIPTORES

Frente a ello, el bando de los proscriptores, hoy dominante en el panorama mundial, aduce razones no particularmente contradictorias sino de las que podríamos llamar oblicuas.

Dicen ellos que son ciertos los males que ha causado la proscripción.  Pero que peores serían los males de la permisión y, para ejemplo, señalan dos fundamentales: el daño físico y el daño moral que produciría la venta indiscriminadamente permitida y, por lo tanto, accesiblemente barata para todos los consumidores.

En materia de salud el argumento ya es añejo. Ya en 1990 pude presenciar en la Junta Cumbre sobre Cocaína, organizada por la ONU en Londres, que la conclusión central fue la de sostener la proscripción bajo el argumento de que la permisividad es lo que convierte al consumo moderado de drogas prohibidas en el consumo inmoderado de drogas lícitas y que eso ha hecho que las drogas lícitas, como el alcohol y el tabaco, hayan cobrado, históricamente, muchísimas veces más vidas que todas las drogas ilícitas juntas.

No está por demás recordar, aunque es harina de otro costal, que las principales adicciones en México y en otros países de menor desarrollo relativo son precisamente a las substancias lícitas y altamente tóxicas: los solventes e inhalables.

Adicionan el argumento moral y hasta el pedagógico o formativo. En una sociedad donde se hubiere otorgado el beneplácito a los narcóticos, ¿puede una familia aislarse de esa cultura? ¿Puede el padre de familia hacer que su hija no sea cocainómana, que no tenga amigas, jefes, empleados, maestros ni condiscípulos que lo sean? ¿Qué consejos puede darle a su hijo a efecto de que la nuera no combine la heroína con la gravidez?

¿Es valedero comparar la Ley Seca norteamericana con las leyes antinarcóticos actuales? ¿Son culturalmente símiles el narcótico y el vino? Desde luego que no lo son  en occidente. El hombre occidental tiene una historia asociada a la del vino. Es parte de su alimentación, de su economía y de su religión. Ha aprendido a consumirlo en lo que tiene de comestible y a temerle en lo que tiene de temible. Pero el consumo de los narcóticos no está en su cultura histórica ni sabe qué hacer con ellos.

LAS DIVERSAS VARIABLES Y LOS DISTINTOS MODELOS

Ahora bien, cuando se habla de “legalización” de las drogas se está hablando, necesariamente, de un abanico muy grande y muy complejo de permisividades. No existe una forma única de arribar a dicha permisión y referirse a ella como si se tratara de una opción única dentro del menú es un grave error.

La legalización realmente se integra con diversas subposiciones que van desde aquellas que proponen la abolición plena de las restricciones a la producción y venta de narcóticos; las posiciones de tolerancia, donde está la del suministro estatal gratuito a los adictos; la venta controlada en farmacias del Estado, y hasta un consejo regulador de calidades y cantidades. Por ello debe tenerse en cuenta que las diversas posibilidades se mueven en, por lo menos, cinco grandes variables la cuales darán por resultado, también, por lo menos, siete modelos básicos de permisividad. Veámoslos con un poco de mayor acercamiento.

 1. La primera de ellas se refiere a la penalización o no penalización. En efecto, el manejo de drogas puede implicar la aplicación de un castigo legal, como ahora sucede con algunos narcóticos, o puede realizarse sin la menor consecuencia punitiva, como también ya sucede con algunos fármacos.

2. La segunda variable se refiere al reconocimiento o la indiferencia oficial. Esto tiene que ver con algunos aspectos de despenalización que no necesariamente llevan a un reconocimiento por parte de la ley sino a su simple indiferencia.

 3. Una tercera variable se mueve en el terreno de la prohibición o la permisión, propiamente dichas. Esto ya implica aspectos de acción por parte de la autoridad y no simplemente su posicionamiento marginal.

4. De lo anterior se infiere una cuarta variable referida a la intervención o no intervención del Estado, en materia de narcóticos.

5. Por último, la quinta variable tiene que ver con la restricción o liberalización en el manejo de las drogas o narcóticos.

Con todo lo anterior estamos en posibilidad de asomarnos, aunque sea muy brevemente, a los modelos básicos de permisibilidad en materia de drogas.

1. MODELO DE LEGALIZACIÓN FÁCTICA

Este es el modelo más simple, cómodo y cínico de legalización. Implica el laissez faire en su más pura concepción. Tal como ha sucedido en México con algunas actividades como las lúdicas y las abortivas, que durante tiempo han estado proscritas y hasta penalizadas pero que, en la vida práctica cotidiana, han contado con mayor complacencia de las autoridades.

Este modelo de legalización es prácticamente el ya existente en México, sobre todo en lo que concierne al llamado narcomenudeo. El abasto directo de drogas a los consumidores finales es una práctica que goza de una legalización fáctica casi absoluta.

2. MODELO DE LEGALIZACIÓN PARCIAL

Este consiste en la discriminación de ciertas drogas para permitir su tráfico aunque no de manera global para todas ellas. También es un modelo ya implantado en México y en muchos países. Algunas drogas ya forman parte de la cultura contemporánea, tales como el alcohol, el tabaco, el café y algunos medicamentos.

Otras más, de alta lesividad, gozan de un tráfico permitido por la ley, tales como los solventes e inhalables, principalmente el thinner, las pinturas y otros similares. Basta decir que el consumo de drogas lícitas es mayor y mucho más pernicioso en nuestro país que el de drogas prohibidas. Una razón se ha encontrado en la pobreza extrema, ya que, en México, lo único que quita el hambre con 5 pesos es el thinner.

3. MODELO DE SEMILEGALIZACIÓN

Éste no debe ser confundido con el anterior. En aquél la referencia es a productos y en éste el referente es la conducta oficial. Para explicarlo con brevedad, un ejemplo de semilegalización lo tenemos en la prostitución. Ésta goza de permisividad no penalizada. El ejercicio del comercio sexual no está castigado por las leyes mexicanas pero, sin embargo, tampoco está reconocido oficialmente. Es decir, está despenalizado pero no legalizado.

De esa manera, no existe un nicho fiscal para prostitutas ni un permiso de operación municipal ni un manejo oficial como profesión u oficio. Algo similar sucedería en la semilegalización de narcóticos. No se le penaliza pero tampoco se le legaliza. Es un modelo jurídico sensato en una parte pero hipócrita en la otra.

4. MODELO DE LEGALIZACIÓN CONTROLADA

Este es un modelo jurídico ya con intervención oficial. En él se establece una despenalización pero no indiferente, sino que el Estado asume un posicionamiento de control sobre la cantidad, la calidad y el destino de las drogas. Pero todo ello lo hace por la vía exclusivamente policial sin llegar a mayor complicación oficial.

5. MODELO DE LEGALIZACIÓN REGULADA

Éste es muy parecido al anterior en cuanto a sus propósitos pero muy diferente en cuanto a su implementación. Aquí el Estado interviene de una manera más sofisticada que en el mero modelo policial e, incluso, con la autoridad sanitaria, fiscal, de reglamentos, de comercio, escolar, turística y muchas otras.

Con este modelo se le da al suministro de drogas una regulación oficial como aquella a la que están sujetas corporaciones financieras, de comunicaciones o de transportes.

6. MODELO DE LEGALIZACIÓN ESTATIZADA

Este es un modelo que se ha utilizado de manera muy parcial. Consiste en que la producción y el comercio de drogas se ejercen monopólicamente por el propio Estado. Nunca se ha llegado, todavía, al establecimiento de una gran paraestatal de narcóticos. Pero algunos países, sobre todo de economía muy pobre, han gozado de una permisividad internacional para que sus gobiernos produzcan una cuota de los narcóticos que requiere, de manera legal, la industria farmacéutica mundial.

No ha faltado, desde luego, el extraviado que la ha propuesto como un verdadero negocio de Estado o como un estanco fiscal. Quién sabe si el tiempo les diera la razón en un futuro.

7.  MODELO DE LEGALIZACIÓN LIBRE

Este modelo jurídico implica una buena parte de todas las demás. Incluye la despenalización, el reconocimiento y, en una variante, hasta la intervención, el control o la regulación oficial.

A MANERA DE COLOFÓN

Por ello, aunque todos los bandos poseen razones sólidas y macizas, aunque repito que no contradictorias, ninguna solución parece feliz. Por una parte, proseguir una lucha que hasta el momento se va perdiendo y así seguirá de persistir con los métodos que hemos empleado. Por la otra, anticipar la debacle y considerar que una casa hipotecada se salva quemándola.

Dice un antiguo proverbio que es más fácil encender una vela que quejarse de la oscuridad. Quizá la solución feliz la podamos encontrar en una tercera opción que nos revalore cultura y civilización, que nos reafirme valores, que nos aparte tanto del crimen como del vicio. En apostar a la mejoría de la escuela, del hogar, de los medios, del desarrollo, del empleo y de la ocupación antes que la apuesta siempre ilusoria a favor de la pena o de su abolición.

Creo que un día cercano o lejano triunfará la insistencia de los promotores de la legalización de los narcóticos. Yo no soy profeta pero creo que la historia de la humanidad le dará la razón a Vicente Fox y a mis amigos Pedro Aspe, Juan Ramón de la Fuente, Fernando Gómez Mont y Graco Ramírez. Creo que la postura de los permisivistas triunfará y los prohibicionistas seremos derrotados aunque, al final, todos habremos acertado.

Porque, en materia de política, al final de cuentas todos tenemos la razón. La única diferencia entre unos y otros es que algunos la hemos tenido a tiempo y otros la tuvieron cuando ya no había remedio.

*Abogado y político. Presidente de la Academia Nacional AC

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