Evaden saldar las multas por corrupción en la SEP
Los funcionarios son multados por la Función Pública, pero casi nunca pagan

Desde que inició el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, de esos 122 exservidores públicos sólo 12 han cumplido con su sanción por corrupción, pues la SFP tiene el registro de que se han pagado únicamente 153 mil 884 pesos del millonario adeudo.
De acuerdo con un documento obtenido vía transparencia, en la Secretaría de Educación Pública 73 funcionarios fueron castigados y obligados a pagar ocho millones 572 mil 137 pesos pero en la realidad, únicamente tres ha cumplido con su pena.
Pero también, servidores públicos adscritos a algunos órganos desconcentrados de la SEP como el Instituto Politécnico Nacional, el de Educación para Adultos, el Instituto Nacional de Bellas Artes o el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes han sido sometidos a multas luego de que la SFP hallara y sancionara casos de corrupción desde el sexenio de Felipe Calderón.
Por ejemplo, en el Instituto Mexicano de la Radio cinco funcionarios o proveedores fueron castigados por la SFP y debían pagar, en conjunto, poco más de seis millones de pesos pero, hasta la emisión del reporte, ni un peso se ha visto de ese dinero.
Una situación similar se presentó en el Instituto Politécnico Nacional pues, desde que Yoloxóchitl Bustamante fungía como su directora, 21 servidores públicos fueron acusados de corruptos y tras la investigación, se determinó que eran culpables y por tanto debían saldar un total de tres millones 944 mil pesos como indemnización pero sólo han sido pagados 17 mil pesos.
Para especialistas, la vigilancia y control de la corrupción en el sector público representa uno de los mayores retos que de forma imperativa deben ser abordados por las autoridades, la sociedad y los órganos garantes del acceso a la información.
En mayo pasado fue promulgada la nueva Ley General de Transparencia, la cual obliga a las autoridades de los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos, sindicatos y a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos a transparentar la información que generen.
“La Ley de transparencia no resuelve los actos de corrupción, lo que ayuda es a identificarlos. Es una condición necesaria para poder sustentar un Sistema Nacional de Transparencia, pero no es la clave para resolver los problemas de corrupción”, expuso la investigadora Alejandra Ríos Cázares durante su participación en un foro.
La especialista en temas de transparencia advirtió que dicha legislación brinda cierto aporte a la lucha contra la corrupción, pero no es el único elemento, pues es necesaria la consolidación de órganos garantes para fortalecer así la rendición de cuentas del Estado mexicano.
En los últimos años, los índices, indicadores y encuestas se han convertido en una herramienta útil para medir la transparencia, el buen gobierno y aquellos temas relacionados con el combate a la corrupción en diversas naciones y regiones del mundo.
México no ha sido la excepción y ha sido evaluado por múltiples organizaciones y organismos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, tanto del sector público y privado, como de la sociedad civil.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dio a conocer el índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por la organización Transparencia Internacional, en el que México ocupó el lugar 103 de los 175 países evaluados, es decir, se encuentra reprobado y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
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