Podrán reservarse datos 11 instancias

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo.- El grupo de senadores que hoy presenta oficialmente el dictamen de la nueva Ley General de Transparencia definió que sí se hará pública la información en caso de violaciones graves de derechos humanos, como lo solicitaron el IFAI, especialistas y organizaciones civiles.

De acuerdo con la versión defintiva del dictamen que circuló ayer entre senadores, se aclara que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; o se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.

También precisa que todos los sujetos obligados deberán contar con un Comité de Transparencia, que será la máxima autoridad en la materia; pero aclara que 11 dependencias federales que manejan información de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad financiera no estarán obligadas a ello.

“El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera.

“El Estado Mayor Presidencial; el Estado Mayor de la Defensa Nacional; el Estado Mayor General de la Armada; la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones (...) no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la entidad o unidad administrativa”.

El proyecto de dictamen, del cual ayer Excélsior dio el primer avance, incluye que en la aplicación de la prueba de daño para pedir que una información sea clasificada o reservada, el sujeto obligado deberá justificar que “la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

“El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés general de que se difunda y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”.

También detalla 13 causales específicas para que proceda la reserva de información, entre ellas que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional o pueda afectar las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país o ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras o del sistema financiero del país; comprometa la seguridad en la provisión de moneda nacional o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público”.

En materia de sanciones habrá 15 causales, entre ellas la falta de respuesta a solicitudes de información o que se actúe con negligencia, dolo o mala fe al no difundir información a que está obligado.

Obligados sindicatos y partidos

Como lo adelantó este diario, el proyecto de dictamen mantuvo en sus términos las disposiciones que obligan a los sindicatos que reciben dinero público, a los partidos políticos, al Senado y a la Cámara de Diputados a hacer pública, de manera cotidiana, la información sobre los salarios de sus integrantes, sus contratos, sus propiedades, los donantes de dinero, para los partidos, o los contratos colectivos de trabajo para los sindicatos.

Dispone que ninguno de ellos podrá evadir estas responsabilidades de información, que permitirán por primera vez que se muestre públicamente la forma en que gastan, de manera clara y con precisión que impida confusiones.

La Canacintra pide impulsar la competitividad

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) pidió al Senado aprobar ya la ley que permita elevar la productividad del país, pues es la salida que observan los empresarios para afrontar el actual momento económico del país; es una ley que puede ayudar “a ver la luz al final del túnel”, explicó Raúl Rodríguez, vicepresidente de la Cámara.

En un foro organizado por el Senado para comenzar a analizar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, Ernesto López Córdova, titular de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda, explicó que la contracción anual de la productividad en México es de 0.3%.

A su vez, Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, informó que será la próxima semana cuando se apruebe esta nueva ley, dado que las fuerzas políticas decidieron avalar en sus términos la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

La nueva ley ordena que el Ejecutivo aplique una política nacional de fomento económico, en concertación con los sectores privado y social, en coordinación con los estados, con la participación de los municipios y, en su caso, con los órganos autónomos.

Precisa que dicha política se efectuará mediante un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, por conducto de la SHCP y con la participación de la Secretaría de Economía; enlista los aspectos y objetivos a considerarse en el programa referido en materia de políticas transversales, sectoriales y regionales.

Dispone que el Comité Nacional de Productividad funcionará como órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo federal para la formulación, aplicación y seguimiento de la política de fomento económico.

Además, determina que el Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de esta política, por lo que el Ejecutivo deberá incluir consideraciones con un horizonte de hasta 20 años.

Benjamín Robles, secretario de la Comisión de Fomento Económico del Senado, consideró fundamental detonar la productividad y el desarrollo regional en todo el país.