Aspirantes a la Corte muestran sus cartas

Busca aportar experiencia en procuraduría

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo.- Desde la perspectiva del exprocurador general de la República Eduardo Medina Mora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere de diversidad que enriquezca su capacidad interpretativa, con la visión de alguien, como él, que “ha concebido el entramado jurídico y organizaciones de instituciones”.

Al igual que los dos magistrados de circuito que integran con él la terna para ocupar la vacante que dejó el ministro Sergio Valls en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora entregó la información solicitada por la Comisión de Justicia del Senado, pero en lugar de entregar las sentencias en la que fue ponente, dio al Senado un relato de sus contribuciones como servidor público, y en lugar del requerimiento denominado Votos Particulares, informa las acciones de inconstitucionalidad que presentó desde la PGR.

Pero además, Eduardo Medina Mora presentó información no requerida por los senadores, como algunas ponencias en foros internacionales y un libro.

En la parte sobre el perfil que debe tener el nuevo ministro, Medina Mora dice que el pleno requiere de diversidad que enriquezca su capacidad interpretativa.

“Se beneficiaría del criterio de quien ha concebido el entramado jurídico y organizaciones de instituciones y las ha operado, para evaluar cuándo cumplen con el mandato de garantizar los derechos humanos. Apremia la instrumentación de la Reforma Penal, que requiere comprender los elementos técnicos y sus implicaciones operativas, organizacionales y humanas.

“Requiere de la comprensión jurídica de las implicaciones reales de los temas económicos y refrendar la transparencia, la rendición de cuentas y la intolerancia a la impunidad”, dice.

En su ensayo incluye que la justicia constitucional debe enfrentar los retos que tiene con tres estrategias. En primer lugar, fortalecer la consistencia en el respeto a los precedentes judiciales; en segundo, reconfigurar los estándares judiciales para evaluar la constitucionalidad de la actuación gubernamental y, en tercero, generar jurisprudencia con base en la premisa de la constante construcción del Estado de derecho.

Medina Mora asegura que cuando fue responsable del Cisen, fue su transformación y durante su gestión, este centro se convirtió en un factor decisivo para la “reducción de la violencia por conflictos comunitarios”, y dice que durante su paso por la PGR fue el impulsor del cambio en el sistema judicial del país.

Ve los derechos humanos como prioritarios

Magistrado de Distrito, Felipe Alfredo Fuentes Barrera asegura al Senado que la sociedad mexicana necesita y merece “un juzgador constitucional realista, objetivo y humano”, porque un juez es “un agente de cambios sociales, con una labor equilibrada, razonable y profundamente humana”.

En el paquete de documentos que entregó al Senado, conforme a los propios requerimientos de información planteados por los integrantes de la Comisión de Justicia, el magistrado asegura que la sociedad mexicana “merece calidad en la impartición de la justicia, a través de recursos idóneos; jueces constitucionales que aseguren la efectividad y progresividad de los derechos humanos con base en una plena libertad, igualdad y seguridad jurídica de la persona”.

En el breve documento presentado con la identificación perfil de un ministro, Fuentes Barrera afirma que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere de “un juzgador que se ajuste en forma libre y autónoma a la Constitución, que se oriente a construir en el caso de la emisión de criterios que permitan tutelar los derechos económicos, sociales y culturales con prudencia y autolimitación interpretativa”.

El juzgador plantea a los senadores que la justicia constitucional en México presenta un doble papel en las sociedades democráticas; por una parte, la protección orgánica de la Constitución y, en otra, su proyección a la tutela de los derechos humanos”.

En el ensayo que le solicitaron los senadores, dice que la transformación del sistema judicial de 1994 permitió un avance importante, pero “es un tema pendiente la utilidad del juicio de amparo a efecto de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales; asimismo, sobre el control de la omisión legislativa, lo que sin duda abrirá nuevos horizontes en la discusión de este problema jurídico”.

Asegura que “la propuesta de las Salas o Tribunales Constitucionales, para que pueda conocer de aquellos asuntos en que se hubiere realizado el control difuso de convencionalidad, permitirá unificar los criterios judiciales, pues las sentencias que pronuncien los tribunales del alzada serán susceptibles de analizarse mediante el juicio de amparo, lo cual otorgará certeza y seguridad jurídica en la protección de los derechos humanos”.

En cuanto a los temas abordados como juzgados, expone decisiones en torno a acciones colectivas y protección de la privacidad; opina que la Corte debe atraer los casos de indemnizaciones por fallas  judiciales.

Alfredo fuentes

Es magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito:

• Cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1979 a 1983, presentó el examen profesional el 2 de octubre de 1985, con la tesis La planeación como plataforma del desarrollo económico en México.
• Estudió la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad del Valle de Toluca, titulándose el 18 de marzo de 2011. Es maestro en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores.
• Cuenta con una especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pide optimizar tiempos de resoluciones

Con 30 años de experiencia en el Poder Judicial, Horacio Armando Hernández Orozco asegura que en la etapa de “vida nacional tan compleja”, es necesario que el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea proactivo y creativo para hacer realidad el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos; comprometido con el cambio social y guiado por la justicia.

En el perfil de ministro que entregó a la Comisión de Justicia del Senado, el aspirante a suplir al ministro fallecido Sergio Valls, plantea que un ministro “garante de los derechos humanos debe ser sensible y conocedor de su contexto. Debe ser accesible, eficiente, profesional, transparente y comprometido con la eficiencia de los derechos humanos.

“Debe tener como central de su actuar a los individuos y sus derechos; ser integrador y no excluyente, protector y no restrictivo; funcional , proactivo y no legalista; debe ser consciente de que formar parte del tribunal supremo del país impone la responsabilidad de ser más cercano y abierto a la población a la que sirve”, dice.

En el ensayo también solicitado por los senadores, el magistrado de circuito habla de siete retos de la Suprema Corte, entre ellos la optimización de los mecanismos de solución de conflictos constitucionales, pues la Corte tarda mucho tiempo en resolverlos.

“Gran parte de las controversias constitucionales se quedan sin materia y, por ende, se tornan irreparables por una falla en el mecanismo cautelar de la suspensión; ello a pesar de que éste se encuentra previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 155 fracción I y II de la Constitución. Bajo esta línea, la Suprema Corte necesita optimizar la resolución de los conflictos político-constitucionales, lo cual no sólo implica una profundización sobre la suspensión del acto impugnado, sino la adecuada administración del tiempo para dictar sentencia y resolver la tensión entre Poderes y órdenes de gobierno”, precisa.

En el criterio de cuáles deben ser los temas que la Corte debe atraer a su discusión, también solicitado por el Senado, Hernández Orozco incluyó los temas de invasión de la intimidad, violaciones a la equidad de género y los juicios de amparo en beneficio de los grupos vulnerables.

Y entre las tres sentencias en las que estuvo involucrado, incluyó el derecho a la reparación del daño y el principio de interés superior del menor y otro referente a los efectos de la suspensión en materia penal, cuando el acto reclamado es una orden de aprehensión y su ejecución.