Detectan fallas en programa de adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero.- Una de las auditorías de la Cuenta Pública 2013 que deberá solventar inconsistencias se refiere a la aplicación del programa Pensión para Adultos Mayores operado por la Secretaría de Desarrollo Social, la cual deberá aclarar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las causas por las que en 2013 la red de distribución de apoyos no operó en la totalidad de las localidades atendidas.

Se cuestiona en el documento que en el año señalado la aplicación de los indicadores para determinar a los beneficiarios resultó insuficiente, al tiempo que los criterios de selección no se apegaron a las reglas de operación.

La ASF destaca que la dependencia reportó haber entregado apoyos económicos directos a cuatro millones 850 mil 573 adultos mayores, es decir, seis mil 548 beneficiarios más de los que reportaba el padrón institucional.

Entre las recomendaciones destinadas a la Sedesol destaca la de poner en orden sus padrones, así como la de investigar las causas por las que no dispuso en su momento de la información que acreditara la reseñada diferencia de beneficiarios.

También se plantea la falta de cobertura de programas de información en 70 por ciento de las localidades que atiende el programa.

Puntualiza la ASF que tampoco se cumplió en 2013 con la meta de realizar 717 talleres de capacitación a los gestores voluntarios del programa.

Ésas son algunas de las recomendaciones y observaciones que se exponen en las llamadas auditorías forenses, como se les llama a los casos que reportan inconsistencias que, de no aclararse, podrían generar denuncias de carácter penal.

En la mayoría de los casos de la Sedesol, la ASF aclaró que se trata de problemas derivados de servicios particulares y de proveedores que no cumplieron sus compromisos.

El total de los mil 413 revisiones que contiene la Cuenta Pública 2013, únicamente siete podrían ubicarse en tal situación si las dependencias responsables no aclaran las irregularidades señaladas.

La Sedesol se encuentra en tal situación tanto por la operación del programa para adultos mayores como por los contratos de colaboración suscritos con entidades de la administración pública y con autoridades estatales y municipales.

En el rubro de la SEP, las auditorías forenses corresponden a proyectos y adquisiciones del instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.

La SEP en específico deberá comprobar el manejo de convenios de colaboración vinculados a adquisiciones, lo cual involucra en algunos casos a autoridades estatales y municipales con los que estableció convenios de colaboración.

El sector agropecuario destaca la auditoría forense del Registro Agrario Nacional. En este caso las inconsistencias también se vinculan a contratos con particulares en materia de adquisiciones y arrendamientos.

Otra dependencia que deberá presentar precisiones es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias por falta de justificación en el ejercicio de los recursos que se le asignaron al programa de apoyo al cambio tecnológico.

La mayorías de los problemas que podrían derivar en denuncias penales, según destaca el reporte de la ASF, se relaciona con el mal manejo del padrón de los programas sociales.

Al respecto el documento precisa: “La ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a los beneficiarios debilita el impacto de un programa social, de un subsidio o un apoyo, lo que se traduce en un costo para la comunidad, al generarse la percepción de que los programas sociales no son operados atendiendo a criterios de equidad y eficiencia.

Otra tendencia que engloba las irregularidades se refiere a adquisiciones, contrataciones e inversiones que si bien cumplen con la norma no representan las mejores condiciones para el estado.

Otro aspecto que genera las anomalías de mayor gravedad se refiere a los que la ASF denomina “Participación de intermediarios en la dispersión del gasto público”, en referencia al hecho de que el ejercicio del presupuesto implica varias etapas antes de que los recursos aprobados estén disponibles para los ejecutores de los programas públicos.