Denuncian que asesinato de defensor de jornaleros es político

El Frente Popular Revolucionario asegura que el homicidio de Gustavo Salgado lo cometió el crimen organizado que opera en Ciudad Ayala, Morelos

Organizaciones no gubernamentales aseguran que el asesinato del líder está relacionado con su decisión de defender los derechos a la vivienda de un grupo de 120 familias indígenas de la montaña de Guerrero

CUERNAVACA, 5 de febrero.- La dirigencia nacional del Frente Popular Revolucionario (FPR) aseguró que el crimen cometido contra su dirigente en Morelos, Gustavo Salgado Delgado, se trata de un asesinato político perpetrado por un grupo del crimen organizado que opera en el municipio de Ciudad Ayala.

La dirigencia puntualizó que desde hace cinco meses ofrecieron detalles del hostigamiento, amenazas e intimidaciones que realizaron en contra del dirigente estatal del FPR, Gustavo Salgado, la Policía del Mando Único de Ciudad Ayala y sicarios al supuesto servicio de dicha organización.

Además, confirmaron que el mismo día que fue levantado y asesinado Gustavo Salgado dos militantes más de esta organización fueron levantados y golpeados por el mismo grupo criminal.

La principal demanda de esta organización política de izquierda es que de manera inmediata el Estado, a través de sus órganos de inteligencia y de justicia, detenga no sólo a los autores materiales, sino a toda una red criminal que opera secuestro, asesinatos, extorsiones y robo de ganado en esa región.

Esta tarde se espera que el cuerpo del activista Gustavo Salgado sea enterrado en el panteón de La Paz en Cuernavaca y mañana mismo a las 17:00 horas se ha convocado a la primera movilización para repudiar el asesinato del líder de izquierda y defensor de los derechos indígenas.

Las organizaciones no gubernamentales que se congregaron esta mañana en torno a la ofrenda que instaló el Movimiento por la Paz y la Justicia en las puertas del Palacio de Gobierno de Morelos confirmaron que el asesinato del líder está relacionado con su decisión de defender los derechos a la vivienda de un grupo de 120 familias indígenas de la montaña de Guerrero que perdieron sus hogares tras las lluvias del huracán Ingrid y Manuel, las cuales llegaron a trabajar a Ciudad Ayala como jornaleros y decidieron quedarse a vivir en ese lugar porque sus casas en Guerrero estaban destruidas.

dgp