La ley contra las desapariciones forzadas, en junio

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero.- Ante la ONU, México anunció que en junio deberá estar aprobada una ley general contra las desapariciones forzadas.

Juan Manuel Gómez Robledo,  subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la legislación “es un reto inmediato. Primero tenemos que lograr esa reforma constitucional y después la ley antes de que termine esta legislatura”. Calculó que el proceso para la nueva legislación podría terminar en  junio.

En el marco de la comparecencia ante el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, expuso que deben perfeccionarse mecanismos como el registro de desaparecidos que “mezcla no localizados y, eventualmente, desaparecidos forzadamente”.

En México, el canciller José Antonio Meade  dijo que el país no está obligado a adoptar  las recomendaciones de la ONU, pero que sí las analizará.

Prevén ley de desaparecidos para junio    

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, confió que para junio 2015 esté lista la Ley General de Desaparición Forzada, pues dijo, debe ser prioridad en el país.

La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer, tenemos que lograr esa reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio hay elecciones intermedias, por lo tanto tenemos que lograrlo antes de junio”, expresó desde Ginebra, en representación de una delegación del Estado mexicano.

En el marco de la comparecencia mexicana ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, Gómez Robledo expuso que también deben perfeccionarse los mecanismos que aún tienen debilidades, como lo es el registro de personas desaparecidas.

  Lo que hemos dicho una y otra vez es que, en el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay. Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente. Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, dijo.

 A su vez agregó que otra de las reformas en las que actualmente el gobierno trabaja es para combatir la corrupción, y en compañía de legisladores mexicanos aseguró que todas las instancias que forman el Estado se encuentran “empeñadas” en lograr durante este periodo de sesiones del Congreso de la Unión el Sistema Nacional Anticorrupción.

 El subsecretario Juan Manuel Gómez explicó que México buscará dar seguimiento a las recomendaciones que el comité les enviará en menos de dos semanas, de las que prevé, se tratarán los retos y pendientes del Estado mexicano ante la desaparición forzada.

Podemos anticipar que van a ser recomendaciones en torno a los pendientes y desafíos que tiene todavía México tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de políticas públicas. Y, evidentemente, habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento a estas recomendaciones”.

Al hacer énfasis en que el gobierno de México “se toma muy en serio estos ejercicios”, expresó que de cada recomendación, surge una nueva medida y puso como ejemplo las decisiones tomadas después de la visita del el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) en marzo de 2011.

Sin obligación

En una breve entrevista, desde la Universidad Anáhuac, el canciller José Antonio Meade indicó que México no está obligado a adoptar todas las recomendaciones que el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU emita en los próximos días.

Sin embargo, aclaró que nuestro país está en la mejor disposición de ponderar cada una de las mismas, y asumió que México “reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes (en la materia). Lo hizo por un espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”.

—¿Acatará todas las recomendaciones?

Las escuchará, porque es lo que está obligado a hacer y las ponderará con cuidado”.

El canciller dijo también sobre el caso Iguala que “nos dolió, que nos lastimó y frente a cual hemos reaccionado con absoluta claridad, contundencia y transparencia”.

ONG presiona a diputados para legislar en la materia

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) presentó una campaña que servirá para presionar a los diputados locales para que le den mayor celeridad a la aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia.

El evento estuvo encabezado por la hermana Consuelo Morales, presidenta del organismo, quien especificó que ellos presentaron la Iniciativa desde mayo del 2014 y hasta el momento no se han logrado avances.

Indicó que los familiares de víctimas del delito de desaparición tienen que pasar por el trago amargo de perder a su ser querido y a eso se le suman los problemas financieros.

En esta declaración de ausencia nosotros consideramos que es importante porque si una familia tiene un peso un dolor muy grande de estar buscando a sus familiares, pero lo que estamos viendo es que algunas familias están a punto de perder sus casas porque el Infonavit no se siguió pagando porque a la persona que a la que se llevaron o la persona desaparecida era la que pagaba el Infonavit, eso es entre otras cosas”, explicó la hermana.

En la rueda de prensa, también estuvo presente Virgina Buenrostro, presidenta del grupo Amores, quien comentó que existen muchos trámites que no se pueden realizar en tanto no se realice la declaración de ausencia de una persona.

-Aracely Garza/ Corresponsal

Organismos piden un relator especial

Varias organizaciones de derechos humanos demandaron al Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas que se nombre a un relator especial para investigar sobre el paradero y problemática que afectan a miles de desaparecidos en México en el contexto de las protestas por la desaparición de 43 estudiantes.

Denise González, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la desaparición de los jóvenes no es un caso aislado. Al contrario, la desaparición forzada en México toma las dimensiones de una auténtica “crisis humanitaria” que el Estado no quiere reconocer.

Se comete de forma generalizada, y mientras tanto el Estado mexicano busca disminuir su responsabilidad”, dijo González durante una rueda de prensa ofrecida ayer en la capital mexicana para explicar el punto de vista de su organización ante la reunión del Comité de Desaparición Forzada.

Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, afirmó en Ginebra, donde tienen lugar las sesiones de revisión de la situación de México, que el gobierno escuchará con apertura las recomendaciones que emita el Comité tras los dos días de discusión.

— AP

Critican a México por los niños migrantes

El Comité Contra  Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas criticó a México sobre los casos de emigrantes y específicamente, de los menores emigrantes, que desaparecen y son víctimas de explotación sexual, laboral o de trata de personas.

México se sometió ayer a la segunda y última jornada de escrutinio regular del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.

Los relatores del informe de México, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a México sobre qué es lo que hace para evitar que funcionarios del Estado o criminales secuestren y abusen de los inmigrantes, y específicamente de los niños.

El delito de desaparición forzada sólo sucede cuando un funcionario del Estado está implicado, si el ejecutor es un criminal se trata de un secuestro, pero en ambos casos el Estado es responsable de evitar que el delito se cometa.

¿Qué política preventiva aplica el Estado para evitar estos casos en las rutas migratorias?”, preguntó Hazan.

¿Tienen algún mecanismo que permita el rescate de estos menores y la restitución a sus familiares?”, agregó.

En la misma línea, los relatores preguntaron también respecto de los tratados de extradición con otros países, y Suela Janina, otra de las miembros del comité, cuestionó específicamente a México sobre si los 33 tratados que mantiene con sendos países incluyen la figura de la desaparición forzada.

Asimismo, Juan José López Ortega, otro de los relatores, preguntó si México aplica el principio de non refoulement, es decir, la no expulsión de una persona a su país de origen o a una nación que lo requiera pero donde pueda ser sometido a tortura o malos tratos o, en su caso, desaparición forzada.

Por otra parte, López Ortega también cuestionó a la delegación mexicana sobre el hecho de que el propio Estado asuma que cuenta como “desaparecidos” a personas que están recluidas en distintas dependencias gubernamentales.

López Ortega hizo notar la incoherencia de este hecho, y pidió si no había una manera de comparar los registros de los diversos centros de detención (penitenciarios, inmigrantes, prisión preventiva, etc) con los de desaparecidos.

Los relatores también cuestionaron sobre la figura del arraigo, una medida cautelar que permite la prisión preventiva, pero que ha permitido abusos e incluso desapariciones forzadas.

Finalmente, los miembros del comité insistieron de nuevo en el tema de las víctimas, de cómo se protegen, cómo se resarcen y cómo se asegura el derecho a la no repetición.

Precisamente, Huhle se refirió el caso de los 43 estudiantes en Iguala a manos del cártel Guerreros Unidos, y preguntó sobre las denuncias que indican que los padres estarían buscando, y encontrando, fosas comunes de restos de desaparecidos.

-EFE

Senado ofrece trabajar para sacar la norma

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, informó que esta instancia legislativa trabajará para que pronto exista en México una ley en materia de desaparición forzada e involuntaria de las personas.

Minutos después de que el gobierno mexicano anunciara en Ginebra que promoverá que a más tardar en junio México cuente con esta ley, Angélica de la Peña recordó que la construcción de este instrumento legislativo será posible mientras todas las fuerzas políticas demuestren voluntad política real y enumeró siete razones por las cuales debe existir esa ley en el país.

Habló de la armonización tanto a nivel local como federal de los tipos penales unificados en materia de desaparición forzada y desaparición involuntaria prevista en una sola Ley General: “esta ley tiene que ser, por lo tanto, de observancia obligatoria para el fuero federal, estatal o municipal; con un rango único de penalidad, lo cual daría certeza a todos los involucrados en la procuración y administración de justicia”.

Añadió que es necesario establecer obligaciones y atribuciones concurrentes para las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar, investigar, perseguir, procesar y erradicar los delitos de desaparición forzada de personas dado que los hechos de esta naturaleza serán delictivos en cualquier parte de la República.

En tercer lugar habló de crear un procedimiento específico de búsqueda de las personas desaparecidas con la participación de los familiares de las víctimas, con responsabilidades para las autoridades que incumplan dichos protocolos; el cuarto, es establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada, tenga pleno acceso a este registro.

Como quinta razón colocó el establecer un registro nacional de personas detenidas, que también estaría disponible para consulta pública, de manera que se tuviera certeza acerca de quiénes, dónde, en qué condiciones, por qué y bajo qué responsabilidad deben asumir las autoridades que tienen bajo su jurisdicción personas detenidas.

La sexta es la promulgación de la declaración de ausencia por desaparición de persona como consecuencia de la desaparición; asegurando la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y también de los testigos y, por último, implementar los procedimientos para la reparación integral a las víctimas de este delito.

—Leticia Robles de la Rosa