Guardia Nacional busca cadáveres

HOUSTON, 13 de octubre—. Luego de múltiples críticas, el gobernador de Texas, Rick Perry, ha puesto a la Guardia Nacional en acción, pero no precisamente interceptando narcóticos o personas cruzando ilegalmente. Su enfoque es la búsqueda de cuerpos de personas que fallecieron en su intento por llegar a Estados Unidos.

Para el pueblo de Falfurrias, en el condado de Brooks, Texas, los cadáveres de indocumentados en el área han sido un problema por años, tanto por la falta de recursos como de personal. Una queja que han llevado a las autoridades estatales y federales.

Pero ahora, luego de fuertes críticas locales y del gobierno de México respecto de la necesidad real de tener a la Guardia Nacional en la frontera con Texas, Perry decidió ponerlos en acción, ordenó armar un equipo especial para ayudar en la búsqueda de cadáveres y personas en situaciones peligrosas.

De acuerdo con el último reporte de la Guardia Nacional de Texas se realizó una primera misión de búsqueda el 19 de septiembre pasado en un rancho privado, donde encontraron dos individuos con signos de deshidratación.

Los hombres les informaron sobre una mujer que fue abandonada moribunda en las cercanías. El equipo logró ubicarla y fue identificada como una mujer hondureña, quien fue evacuada por el Departamento de Seguridad Pública del estado.

“Nuestra prioridad es cumplir nuestra misión y eso es encontrar a las víctimas que no sobrevivieron al viaje, pero en cualquier momento en que nuestros soldados puedan usar su entrenamiento para salvar una vida, ése es un resultado reconfortante”, declaró el brigadier general Patrick Hamilton, comandante del grupo de trabajo para operaciones domésticas.

El equipo de búsqueda está compuesto por entre 20 y 25 miembros de la Guardia Nacional destinados a buscar restos humanos en el área. Entre los recursos que tiene a su disposición figuran vehículos todoterreno, perros y personal médico. En tanto, el Departamento de Seguridad Pública y la Patrulla Fronteriza los apoyan con protección para el personal. También se espera que la policía rural Texas Rangers participe en la investigación de los casos, si es necesario.

“Hasta el momento en 2014 hemos encontrado 55 cuerpos de indocumentados en el sector. La Guardia Nacional ha sido de gran ayuda, tienen muchos recursos”, comentó el subdirector de la Oficina del Sheriff en el condado de Brooks, Benny Martínez.

“En su primera misión, el equipo de búsqueda ha mostrado su valor. Pienso que hallarán muchas más víctimas durante las búsquedas futuras, fallecidas o luchando por su vida”, aseguró el sheriff del condado de Brooks, Rey Rodríguez.

La División de Justicia Criminal en la oficina del gobernador otorgó fondos estatales para asistir en los costos de la autopsia y transporte de los cuerpos. Dinero que el condado de Brooks ha tenido que financiar por largo tiempo. El condado aplicará a un segundo fondo concursable para sostener los costos de este problema en el futuro.

Específicamente en Falfurrias existe un puesto de seguridad de la Patrulla Fronteriza y en general los coyotes lo rodean y envían a las personas caminando por los ranchos, lo que la mayoría de las veces termina trágicamente.

Una vez que los cuerpos son hallados, el condado de Brooks los traslada a la médico forense en el condado de Webb, Corinne Stern. Ella los examina buscando marcas corporales que ayuden a identificarlos y otros artefactos que cumplan con este objetivo.

La información es ingresada a la base de datos de inmigrantes perdidos, lo que se usa para corroborar antecedentes. Si existe una alta posibilidad de identificar el cuerpo a través de un familiar, se toma una muestra de ADN de inmediato, pero en general todos los cuerpos de inmigrantes encontrados pasan finalmente por este proceso.

Actualmente hay cerca de 400 soldados de la Guardia Nacional desplegados en la frontera de Texas y se espera que la cifra aumente a mil en las próximas semanas. Esto, junto con la Operación Seguridad Fuerte, le cuesta al estado aproximadamente 17 millones de dólares mensuales.

No está claro hasta cuándo el gobernador Perry planea tener a los soldados en terreno, sobre todo considerando que la atención en el estado de Texas se ha enfocado ahora en la prevención y tratamiento del ébola.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en que los cruces ilegales de menores y familias se han reducido considerablemente desde el verano, llegando a 3 mil 129 niños centroamericanos en agosto. Esto, en comparación con los 10 mil 600 registrados en junio.

Alistan otro centro de detención para indocumentados

La ciudad de Dilley, Texas, es el epicentro de un nuevo debate migratorio en Estados Unidos. Para fines de este año se espera que el gobierno abra un nuevo centro de detención para familias indocumentadas, lo que ha generado una fuerte reacción de organizaciones internacionales y de derechos civiles.

Dilley es un pueblo pequeño de no más de tres mil 900 habitantes, ubicado en el condado de Frio y cerca de la carretera interestatal 35 Sur. Su mensaje de bienvenida clama ser “un pedazo de buena vida”. Pero ése no será el caso de las familias indocumentadas que lleguen a sus parajes.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el nuevo centro de detención en Dilley que  acogerá a familias tiene una capacidad máxima de dos mil 400 personas, lo que lo convertiría en el más grande en su tipo. Sin embargo, al abrir sus puertas sólo operará con una pequeña fracción de su capacidad.

El gobierno ya tiene en operación centros en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania). Todos juntos tienen una capacidad de aproximadamente 2 mil 600 personas. Se espera que el centro en Dilley esté operando en noviembre próximo.

De acuerdo con la declaración de ICE, los centros están diseñados para mantener a las familias juntas, mientras esperan las audiencias de inmigración en las cortes. Pero organizaciones de derechos civiles dicen lo contrario.

“En estos centros se vulnera la salud de los niños, las familias son separadas, las mujeres no tienen acceso a asesoría legal. Esto es innecesario, existen alternativas más humanas y menos costosas a la detención”, aseguró Adriana Piñon, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas.

Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó una visita de cuatro días a la frontera con Texas, donde visitó centros de detención de la Patrulla Fronteriza en ciudades como McAllen, Harlingen y San Antonio.

El segundo vicepresidente de la CIDH y relator sobre los derechos de los migrantes, Felipe González, explicó a Excélsior que les preocupa los pasos que está dando Estados Unidos, luego de la crisis humanitaria vista en el verano, donde hubo un aumento significativo de menores indocumentados cruzando la frontera solos.

“Hay un retroceso frente a los cambios que se habían logrado en el pasado. El próximo mes se abrirá otro centro en Dilley, Texas, para familias. Nos preocupa que Estados Unidos esté planteando estos centros como una política permanente para lidiar con la inmigración”, aseguró.

ICE no ha confirmado si Corrections Corporations of America (CCA) administrará el centro en Dilley, pero organizaciones como Grassroots Leadership sospechan que ése es el caso, ya que la compañía ha estado en contacto con autoridades locales.

“Todavía creemos que podemos parar esto a través de la presión pública. Para el gobierno de Estados Unidos lo que es visiblemente incorrecto se está transformando en algo normal”, dijo Cristina Parker, coordinadora de proyectos de inmigración para Grassroots Leadership.

Esta organización, junto con varios grupos de derechos civiles, ha planeado una manifestación el próximo 11 de octubre afuera del centro de detención en Karnes para protestar contra la detención de familias de inmigrantes y poner presión sobre lo que ocurrirá en Dilley.

La esperanza se basa en el caso del centro T. Don Hutto, que fue cerrado en 2009.

La ACLU y la Clínica Legal de Inmigración de la Universidad de Texas demandó al gobierno en 2007 por las “condiciones deplorables” en Hutto.

La demanda aseguró que los niños no recibían educación, atención de salud, asistencia legal, no podían permanecer con sus padres y eran encerrados por varias horas al día.

En 2011 ACLU difundió los registros de 185 alegatos de abuso sexual durante cuatro años en los centros de detención de CCA.

ICE aseguró en una declaración que actualmente los centros que permiten la detención de familias “operan en un ambiente abierto que incluye salones para jugar, trabajadores sociales, cuidado médico y salones de clases con profesores certificados y bilingües”.

Organizaciones de derechos civiles han protestado también por la ubicación de los centros, la mayoría de ellos en lugares remotos, lo que hace difícil que los padres accedan a una representación legal.