Se consignará a 3 militares por homicidio en caso Tlatlaya: PGR

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre.- Como presuntos responsables de homicidio serán consignados en las próximas horas a una prisión civil tres de los ocho militares presuntamente involucrados en la muerte de 22 civiles durante el enfrentamiento ocurrido el 30 de junio en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México.

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que este proceso será independiente al que ya se sigue a los militares en el Juzgado Sexto Militar.

Además, a los otros cinco elementos de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en el Estado de México, se les fincarán cargos de acuerdo con su participación en los hechos que concluyeron con la muerte de los civiles.

“La PGR ha tomado la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar, independientemente de que ya la Sedena les está siguiendo los procesos militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia.

“El día de mañana presentará la acusación y solicitud de orden de aprehensión al juez para que se les juzgue a estos tres por homicidio y a los otros por las razones que pudieran aparecer tanto en el Código Militar, como las que nos dé el Código Penal en razón de su actividad”, explicó Murillo Karam.

El titular de la PGR, acompañado del procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, detalló los elementos de la investigación que llevaron a la acusación en contra de los militares.

Murillo Karam afirmó que quedó establecido que el personal de la 22 Zona Militar se enfrentó a un grupo del crimen organizado, pero posteriormente se encontraron irregularidades y contradicciones en su actuación.

“Como lo señalan prácticamente todos los participantes que pueden declarar, hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes, hoy podemos decirlo con toda claridad, que se encontraban al interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos.

“Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares, uno se quedó afuera porque estaba herido, el teniente porque lo estaba asistiendo, el chofer, porque él lo era, y los otros tres entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”, explicó Murillo Karam.

El lunes 30 de junio la Sedena había informado que como parte de un operativo, su personal se había enfrentado a un grupo criminal, durante un par de horas, con un saldo de 22 civiles muertos y tres mujeres, presuntamente secuestradas, quienes fueron rescatadas.

Murillo Karam explicó que los militares viajaban en un grupo reducido y en una sola camioneta, contrario a lo que establecen los procesos de la Sedena para operativos.

Los cinco militares serán notificados en las próximas horas de la orden de aprehensión en su contra, luego de que se le haya solicitado a un juez federal, y serán trasladados de la prisión del Campo Militar número 1 a un centro penitenciario civil.

Legisladores piden esclarecer el caso

Con excepción del PRI, diputados del PAN, PRD, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza levantaron la voz en la tribuna de San Lázaro para reclamar el esclarecimiento de los hechos en Tlatlaya.

Esto al poner de manifiesto el apoyo para crear un grupo de trabajo plural de legisladores de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos que cooperen con las autoridades competentes en la investigación del caso.

La conformación de este espacio contó con el visto bueno de los priistas, cuyo coordinador, Manlio Fabio Beltrones, fue partícipe del acuerdo entre los jefes de las bancadas. Sin embargo, en el momento de fijar posturas ningún representante de ese grupo parlamentario hizo uso de la palabra.

De Nueva Alianza, el diputado René  Fujiwara Montelongo expuso que las diversas versiones “nos hacen cuestionar la realidad de lo acontecido ese día en Tlatlaya, donde perdieron la vida 22 personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado”.

Para la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, este caso “pone en duda la participación que debe tener el Ejército en la prestación de servicios en el tema de seguridad pública”.

Catalino Duarte Ortuño (PRD)  lamentó que “tuvieron primeramente que opinar y sugerir los extranjeros para ponerle atención al tema”.

La postura del PAN fue expuesta por Carlos Fernando Angulo Parra, quien confió en que el grupo de trabajo tendrá como propósito investigar de una manera adecuada y hacer las recomendaciones correspondientes al Ejecutivo federal.

En tanto, el Senado pidió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el esclarecimiento del caso.

Aplican criterios de Corte para militares implicados

Tras los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre los años 2011 y 2012 respecto al fuero militar, así como la resolución del Caso Rosendo Radilla, los ocho soldados involucrados en el caso Tlatlaya serán juzgados por un juez civil.

Fue hace dos años cuando los ministros del máximo tribunal del país establecieron reglas sin precedente en torno al fuero militar, al resolver diversos juicios promovidos por civiles en casos en que estaban involucrados efectivos castrenses. Uno de ellos indica que aquellos soldados que cometan actos delictivos contra civiles deberán ser juzgados por la justicia ordinaria y no por un tribunal militar, como era costumbre.

Ante esta determinación de la Corte, apenas el pasado mes de abril el Senado de la República avaló una reforma para limitar el fuero de los integrantes de las Fuerzas Armadas para que sea la justicia ordinaria la que  juzgue a los militares siempre y cuando las víctimas del delito sean civiles. Tiempo después, la Cámara de Diputados también aprobó la reforma al Código de Justicia Militar sobre este tema.