El camino hacia los cascos azules

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre.- El retorno de México a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), los cascos azules de la ONU, comprendió un camino de 14 años de deliberaciones en tres gobiernos —Fox, Calderón y Peña— y trece meses de complejas y en ocasiones tensas negociaciones con las fuerzas armadas durante el gobierno actual.

Se trató de un enorme esfuerzo de convencimiento en las Fuerzas armadas, al que la Secretaría de Marina se sumó desde un principio. El debate frontal —complejo y decisivo — ocurrió dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en las últimas décadas había rechazado de manera reiterada la participación de México en misiones de paz en los países del hemisferio.

El principal argumento de los secretarios de la Defensa en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra esta decisión histórica, era que resultaba inaceptable que las tropas nacionales estuvieran bajo órdenes de militares de otro país. Eso, aunado a otras circunstancias internas, como la complejidad del combate al narcotráfico.

El miércoles pasado, en la 69 Asamblea General de la ONU, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que México retomaba la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de la organización multinacional, con labores de índole humanitaria en beneficio de la población civil.

“Para vencer las históricas resistencias del Ejército fue necesario un profundo ejercicio de sensibilización desde abajo, no sólo entre los mandos, sino entre la tropa”, describió un miembro del grupo de trabajo del gobierno federal encargado de consultar y construir una serie de propuestas a partir de las opiniones en las fuerzas armadas. En las discusiones también tomó parte el Congreso.

En el gobierno foxista hubo un avance importante. El general secretario Clemente Vega no compartía la idea del involucramiento de México en operaciones de paz, pero respaldó en la Sedena la edición de un compendio para informar a los militares sobre las actividades básicas de la comunidad internacional en favor de la paz y la seguridad internacional.

En estos años de deliberación sobre el tema, algunas preguntas centrales ocuparon la mesa de debate: ¿Qué beneficios implicaría el retorno de México a las misiones de paz? ¿Cuál sería el costo político para el gobierno? ¿Cómo evitar que los principios de no intervención entraran en cuestionamiento?

El gobierno peñista valoró que su participación en este escenario internacional mejoraría la imagen de las fuerzas armadas mexicanas en el mundo y pondría en relieve los esfuerzos del país en crisis humanitarias, un capítulo importante y poco conocido. Significaría acceso a entrenamiento militar y armamento más sofisticado; y entrenamiento, no sólo táctico, sino en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Todo eso, se consideró al interior del gobierno federal, podría tener un efecto importante en la preparación de los militares mexicanos en territorio nacional y en un tema tan sensible como es el de los derechos humanos relacionados con los militares.  Se añadió un factor no menor, un incentivo económico: los elementos mexicanos que participen en las misiones de paz recibirán un subsidio de la ONU.

En el gobierno de Vicente Fox los cancilleres Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbez apoyaron abiertamente que México volviera a participar en este tipo de operaciones en las que ya había intervenido en Los Balcanes, de 1947 a 1950; en Cachemira, en 1950, y en El Salvador, de 1992 a 1993.

En el gobierno de Felipe Calderón la canciller Patricia Espinosa no estaba del todo convencida. Existían temores  —que continuaban pesando en este gobierno— asociados a circunstancias internas: del principio de no intervención, a la complejidad que podría representar sumar al combate al narcotráfico mexicano, escenarios bélicos externos. De la duda de si México estaría sirviendo a los intereses de Estados Unidos, a complicaciones técnicas: ¿Qué pasaría si un militar mexicano llegara a morir en el extranjero?

Dos elementos tangibles en el giro del Ejército hacia las operaciones de paz fueron la presión a favor ejercida por la Marina hace al menos ocho años, y la instalación de las áreas internacional y de derechos humanos dentro de la Sedena. Todo eso coadyuvó a abrir la discusión.

Las consultas y deliberaciones entre el grupo de trabajo del gobierno federal y los miembros del Ejército se prolongaron poco más de un año. Un elemento decisivo fue que el presidente Peña y el canciller José Antonio Meade decidieron asumir los costos políticos internos de tomar una decisión de tal trascendencia y enfrentar las resistencias de sectores del Ejército y del Congreso que se oponían.

Guatemala perfecciona tropas gracias a misiones de la ONU

México será el país número 13 de Latinoamérica que se suma a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, bajo la dirección de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aun cuando no se han dado a conocer detalles sobre el número de tropas mexicanas que irán a las misiones, la experiencia de Guatemala —país que más elementos envía sólo de Centroamérica—, resalta que el beneficio no queda a nivel comunitario internacional sino también a escala nacional

“Las dos grandes ventajas de que Guatemala participe en las misiones de paz de la ONU en lugares como el Congo y Haití, han sido el perfeccionamiento de las tropas en diversos aspectos y el intercambio cultural”, indica el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

Una fuente del Ministerio guatemalteco consultada por Excélsior, indicó que en el caso de su país, uno de los requisitos para pertenecer a estas fuerzas es que todos los elementos deben hablar como mínimo inglés, y dependiendo dónde estén, también hablar francés.

“Los elementos guatemaltecos cumplen con esos requisitos”, destaca.

Según las estadísticas de la ONU sobre países que aportan contingentes de soldados y policías, con actualización al 31 de agosto 2014, Guatemala envía 305 soldados; es la nación número seis en la lista de países latinos.

Sobre el particular, el Ministerio resalta que las fuerzas del Ejército de su país son instruidas en bases de Naciones Unidas pero que su experiencia en la materia, también les da elementos para ofrecer entrenamiento al Ejército donde llega la misión, como es el caso de El Congo.

“Pero así como nuestras fuerzas han tenido que aprender en diversos aspectos, también se ha llegado a aportar mucho, ya que el ejército de Guatemala es calificado por ONU como “clase A”, debido al entrenamiento especial que tienen en aspectos como sobrevivencia, búsqueda y rescate”, indica.

En la actualidad, Guatemala participa en misiones de paz también en Haití, Costa de Marfíl, Sudán del Sur, Líbano y Sudán.

En la cabeza de  los países que más elementos prestan a la ONU lidera Uruguay (con mil 815), Brasil (mil 685), Argentina (871), Chile (584), Perú (396), Guatemala (305), Bolivia (227), Paraguay (166), El Salvador (132), Ecuador (62), Honduras (50) y Colombia (26).

Sobre el tema, el canciller José Antonio Meade, destacó que las tropas han demostrado su solidaridad en crisis humanitarias. “México, dentro del espacio humanitario, puede aportar para contribuir a generar mejores condiciones en aquellos países que lo solicitan.”

Participación

La ONU despliega militares y  policía  para apoyar en la consolidación de la paz:

• No se permite el uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato.
• Sus actividades son  proteger a civiles, ayudar al desarme, apoyar en procesos electorales y promover los derechos humanos.
• Todo personal militar que trabaja como casco azul  es, en primer lugar, miembro de su Ejército y luego, adscrito a trabajar con la ONU.
• La financiación de las operaciones es responsabilidad de los Estados miembros de la ONU.
• La ONU no tiene fuerza militar propia. Los soldados de apoyo son pagados por sus gobiernos y los países que los aportan son reembolsados, con poco más de mil dólares por soldado al mes.