Gobernador de Sonora tiene su propio acueducto

CIUDAD OBREGÓN, Sonora, 12 de septiembre.— En el rancho El Pozo Nuevo de Padrés, ubicado en el municipio norteño de Arizpe, el gobernador de Sonora tiene además de la presa El Titanic, un mini Acueducto Independencia, como ya lo llaman en el estado, de 7.5 kilómetros que lleva el agua almacenada sin permiso hasta sus 700 hectáreas de nogal.

Se trata de una réplica de su polémica obra de cuatro mil millones de pesos construida a partir de 2010, que conduce agua de la presa El Novillo hasta la ciudad de Hermosillo, que desató la primera guerra por el líquido en México, ante el despojo a la tribu Yaqui.

Baltazar Peral Guerrero, productor agropecuario del sur del Sonora, dijo que es inconcebible que la pasada administración federal haya solapado el desvío del agua a la propiedad de Guillermo Padrés Elías.

“Esa bandera que trae el gobernador, de que el agua es de todos, no es cierto, aquí el agua es del que se la roba y él se la está robando”, afirmó.

En spots de radio y televisión, así como anuncios espectaculares que se pueden observar a lo largo y ancho de la entidad, existe una campaña para promover las bondades del Acueducto Independencia con un mensaje a los sonorenses: “El agua es para todos”.

Ganaderos y agricultores del río Yaqui repiten el eslogan, pero con una modificación: “El agua es para todos... pero para todos los ranchos del gobernador”, ya que explican que el agua del río Sonora, ahora contaminado por el derrame en la mina Buenavista del Cobre, tiene agua suficiente para abastecer a la ciudad de Hermosillo, nada más que las presas y pozos, como los que tiene el mandatario estatal, no la dejan llegar hasta los hogares.

Ante esta situación, subrayan, a Padrés Elías se le hizo fácil quitarle el recurso a los 22 mil usuarios del Distrito de Riego del río Yaqui, encabezados por Humberto Borbón Valencia, quienes producen casi 20 millones de toneladas de alimentos al año, principalmente trigo, maíz y hortalizas.

“A cómo se ve ahí, es más importante el rancho del gobernador, que la necesidad de agua de la población de Hermosillo”, lamentó.

Borbón Valencia aseguró que nada más con lo que se almacena en la presa El Titanic, se podría cubrir el 25 por ciento de los 15 a 20 millones de metros cúbicos de agua, que en un cálculo real, requiere al año la capital del estado.

Un punto que llama la atención de los productores agropecuarios del río Yaqui es que la construcción de la presa y el acueducto en el rancho El Pozo Nuevo de Padrés, con valor superior a 170 millones de pesos y donde se presume hubo uso de recursos públicos, corrió a cargo de una de las empresas que conforman el Fideicomiso Sonora Sí, responsable del desarrollo del proyecto Acueducto Independencia.

“Lo construyó una empresa en 2012, Premaco del Desierto, que es una firma de un diputado local del PAN, Ignacio Gaxiola, síganle la huella y van a ver que es una de las compañías que construyó el Acueducto Independencia”, señaló.

En el río revuelto de la especulación con el agua, representantes de la tribu Yaqui denunciaron la existencia de una campaña de persecución orquestada desde el gobierno del estado, con la fabricación de delitos para evitar que sigan adelante con su lucha en defensa del agua.

Desde un sitio donde permanece ocultó para evitar ser aprehendido, Tomás Rojo Valencia, vocero de los ocho pueblos en resistencia dio a conocer que salió de la comunidad de Vicam, luego de que personal de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas comenzaron a preguntar por él, para tratar de tenerlo localizable.

En entrevista con Excélsior, recordó que después de aplicar en 2012 una “sanción simbólica” conforme a sus usos y costumbres a un hermano yaqui, que casi atropella a una señora por manejar alcoholizado, fue acusado junto con Mario Luna Castro, otra de las cabezas visibles del movimiento del delito de secuestro de Francisco Antonio Romo Delgado, quien apareció muerto con marcas de tortura apenas el martes pasado.

Agregó que con el fin de no caer en provocaciones, prefirieron no exponerse para evitar la reacción violenta de la tribu yaqui, en un conflicto por el agua que ya ganaron en juicios de amparo interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó la consulta informada, previa y adecuada a los indígenas.

En tanto, Alejandro Olea Güereña, abogado del Distrito de Riego del río Yaqui advirtió que el riesgo de un estallido social por la falta del vital líquido, es una realidad, que hoy más que nunca, enfrenta Sonora por la falta de la aplicación de la ley.

“Esto se está desbordando, son muchos los temas donde se falta al Estado de Derecho, donde se violenta la ley y precisamente el Estado de Derecho en un país, es la solución institucional para mantener la paz social, de lo contrario cualquier situación podría pasar”, alertó.