Acusan falta de control en albergues

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto.- Pasaron ya siete años de aquella histeria colectiva que de repente paralizó las piernas y provocó vómitos y migrañas a 600 niñas internadas en el albergue Villa de las Niñas, en Chalco, Estado de México, sometidas por monjas coreanas a un régimen de disciplina altamente estricto.

Hoy no hay un solo responsable por lo ocurrido, y mañana, de hecho, unas tres mil niñas, quienes sólo tienen derecho a una visita al año, iniciarán en ese albergue un nuevo ciclo escolar.

“No se sancionó a nadie, se habló en algún momento de poder cerrar Villa de la Niñas, pero al final no pasó, por la relación perversa que hay entre el Estado y las instituciones privadas a las que tiene que recurrir, porque prácticamente no tiene albergues públicos”, condenó Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Apenas hace cuatro días, por ejemplo, Edith Olguín Díaz, trabajadora social del DIF Guanajuato, entregó personalmente a Anita, quien está bajo el resguardo de la institución desde hace seis años, a la madre superiora de Villa de las Niñas, Cecilia Lee.

Cuando se le preguntó si no le preocupaba que Anita se quedara en el mismo sitio donde en 2007 se desató una histeria colectiva entre las niñas del internado, confesó a Excélsior que ni siquiera sabía del caso.

Como Villa de las Niñas, 85.8 por ciento de las 725 casas hogar que existen en México son privadas y escapan de la supervisión del Estado, situación que empuja a miles de niños y niñas a una especie túnel negro.

Se trata en su mayoría de niños de entre siete y 17 años, de zonas urbanas, que provienen de familias en situación de pobreza, huérfanos, abandonados y/o maltratados en riesgo de enfrentar una doble tragedia en el lugar que se supone debería brindarles protección, de acuerdo con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf)

Lo peor es que  según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, de Naciones Unidas, el abuso y la violencia a la que están expuestos en los refugios puede continuar por años hasta que un incidente extremo lo saque a la luz, tal y como sucedió apenas el pasado 15 de julio en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, de donde 458 niños fueron rescatados.

“Más aún, las personas responsables de la violencia contra los niños y niñas en los sistemas de protección y justicia rara vez rinden cuentas por sus acciones. Si se denuncian casos, a menudo sólo se investigan de manera superficial y muy pocos terminan en un proceso judicial”, asegura Paulo Sérgio Pinheiro, autor del informe de la ONU.

La historia de impunidad que se vivió en Villa de las Niñas se repitió como calca con Mamá Rosa, directora del albergue La Gran Familia, quien no enfrentará ni un solo cargo penal porque su edad y estado mental la hacen “inimputable”, según la propia Procuraduría General de la República.

Situación que se repite

Pero el mal es endémico. En 2008 el escándalo de Casitas de Sur, el albergue del que desaparecieron Ilse Michel Curiel y otros 26 niños en el Distrito Federal, Nuevo León y Quintana Roo, evidenció la falta de registro de los menores de edad que habitan en las casas hogar.

“Lo que tenemos que garantizar es la no repetición, pero no lo estamos logrando, porque en 2007 tuvimos el caso de la Villa de las Niñas, en Chalco; sólo un año después Casitas del Sur, y además tenemos todos los años y hasta podría decir que casi todos los meses, que se reportan a través de medios locales sobre cuestiones irregulares que están pasando en las instituciones que atienden a niños y niñas sin cuidado parental”, denunció Nashieli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social.

Ahora mismo sigue sin existir una base de datos acerca de cuántos son con exactitud los niños institucionalizados. Tampoco se conoce cómo viven y, mucho menos, la ruta que las autoridades llevan para poder reintegrarlos a una familia.

“De tal forma que entrar a una institución es una especie de caja de negra o un limbo en donde un niño y una niña entra pero nunca sabe si va a poder salir”, alertó Juan Martín Pérez García.

Y ese limbo es parte del menú de violencia al que se exponen los niños que puede ir desde torturas, palizas, aislamiento, sujeción física, acoso, humillación y hasta abuso sexual.

De hecho, Naciones Unidas revela que los niños institucionalizados tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir abuso sexual en comparación con aquellos que tienen acceso a alternativas de protección basadas en la familia.

Excélsior contó hace cinco años la historia de las hermanas Noemí y Bety, albergadas en la casa hogar Manuel Pío López en Boca del Río, Veracruz, que fueron manoseadas por el padre Chuchín, quien las confesaba. También la de Carlos, quien en la casa hogar Ciudad del Niño Don Bosco, en León, Guanajuato, sufría abuso por parte Del padre Juan Manzo Cárdenas.

Lo preocupante es que el impacto para las víctimas que sufren este tipo de abusos va más allá de la exposición inmediata a la violencia; los efectos a largo plazo incluyen retrasos en el desarrollo, discapacidad, daño sicológico irreversible y mayores tasas de suicidio y actividad criminal, según el informe de la Naciones Unidas.

“Encima México abusa de la institucionalización y ante cualquier problema retiran a los niños de sus familias y los canalizan a instituciones sin ningún mecanismo de vigilancia y seguimiento”, alertó también Juan Martín Pérez.

Su estancia en una casa hogar puede ser tan larga que muchos terminan sofocados por sentimientos profundos de soledad y de incomprensión, aislados de la sociedad y con la incertidumbre de no saber quién los va a apoyar en el futuro.

No es caso aislado

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) puso énfasis en la situación de los albergues en México, luego de que fue revelado el caso de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán.

• “Es urgente que el Estado mexicano garantice la seguridad de cerca de 30 mil niñas y niños que se encuentran en albergues”, sostuvo esa organización en el documento emitido después de que se informó acerca de lo que se descubrió en ese albergue.
• “Este acontecimiento no es un caso aislado, la Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) reporta que en México se identifican aproximadamente 412 mil 456 niñas y niños privados de cuidados parentales, de los cuales cerca de 29 mil 310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad”, detalló en el boletín.
• “Sin embargo, es importante recordar que seguimos sin conocer el número exacto, su situación jurídica y las condiciones de seguridad en que viven niñas y niños en los albergues (legales y no registradas, tales como anexos y granjas de rehabilitación)”, agregó.

Mamá Rosa niega “tratos sexuales”

Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa, negó que haya abusado de menores de edad cuando estaba a cargo del albergue La Gran Familia, ubicado en Michoacán.

Así lo manifestó a través de un desplegado, luego de las acusaciones en su contra conocidas la semana pasada.

“Es totalmente falso que yo haya sostenido trato sexual con ninguno de quienes estuvieron en La Gran Familia. Nunca lo hice”, señaló Rosa del Carmen Verduzco en el documento.

“Por ello descalifico y desmiento categórica, total y absolutamente lo que afirma la declaración anónima que circula con el pseudónimo de ‘Claudia’, así como todo lo que pueda llegar a aparecer, porque jamás tuve una conducta semejante con nadie”, añade.

La semana pasada, la delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República informó que hay siete denuncias de jóvenes que estuvieron durante varios años en La Gran Familia, y en ellas señalan directamente a Mamá Rosa de ordenar maltratos y vejaciones.

También pusieron en duda que ella padezca demencia senil  para ser ininputable judicialmente.

También la semana pasada, en entrevista para Excélsior Televisión, Claudia, quien vivió durante diez años en el albergue La Gran Familia, narró los abusos que, afirmó, sufrió por parte de Rosa del Carmen Verduzco.

Claudia señaló que a Rosa Verduzco le gustaba el sexo, por lo que si uno de los menores se prestaba a ello, podía obtener comida y ropa en buenas condiciones.

“Muchas cosas muy sucias, el sexo oral, era fanática en eso (Rosa Verduzco), prefería más a las niñas, a cambio de una buena alimentación; además nos daba ropa”, afirmó.

También recordó que hasta el tercer intento logró escapar del albergue, se refugió en unas parcelas por más de un mes junto con otras compañeras que se fugaron con ella.