IP debe pagar salarios de los desaparecidos

SALTILLO, 26 de julio.— Para garantizar los derechos de las personas desaparecidas en Coahuila, el gobernador, Rubén Moreira Valdés, promulgó durante el mes de mayo pasado la Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas y la Reforma Constitucional al Código Penal en materia de desaparición.

En aquella ocasión estuvieron presentes el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, y el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia.

La histórica ley es producto de la lucha de las familias de personas no localizadas, lo que obliga a la búsqueda inmediata en el momento en que se tiene la presunción de su desaparición forzada.

Dicha ley, aprobada por el Congreso del estado el pasado 5 de mayo  y publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado, garantiza los derechos laborales, plaza, sueldo, antigüedad e indemnización hasta en tanto no se acredite su muerte.

Luis Efrén Ríos, director de la Facultad de Jurisprudencia y quien participa dentro de los grupos de coordinación y de las mesas de trabajo con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila,  dijo que el objetivo es que los familiares de las víctimas mantengan sus derechos.

De acuerdo con la ley, una persona tendrá derecho de gozar de una licencia con sueldo; en caso de que esté con vida recuperará su puesto y su derecho de antigüedad. Si es localizado muerto, se indemnizará a los deudos conforme a la aplicación vigente.

“Inconstitucional”

Al respecto, el diputado Edmundo Gómez Garza, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, calificó como inconstitucional la promulgación de la Ley de Personas Desaparecidas ya que se legisla en materia laboral y ésta sólo corresponde a la Federación.

 “Dicha ley aprobada en el Congreso establece el pago de salarios en los artículos 14 y 16 a familiares de desaparecidos por alguna causa, si se comprueba la desaparición forzada no podemos legislar con temas federales ya que la ley del trabajo regula dichas disposiciones”.

Destacó que ellos se mantienen en contra, ya que no corresponde al Congreso legislar en esa materia, además de que no se puede obligar a los empresarios al pago de salarios caídos.

 El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, calificó  la desaparición de personas como una tragedia humanitaria y por ello la necesidad de mejorar las leyes y generar conciencia para que todas las autoridades resuelvan esta problemática.

 Hizo hincapié en que todas las entidades federativas deben participar en las labores de búsqueda de personas, porque en este problema no existen fronteras geográficas.

 Armando Luna Canales, secretario de Gobierno, dijo que en el caso de personas desaparecidas que se desempeñaban en empresas son pocas, no son muchas, y se tendría que acreditar para poder empezar un empleo formal.

Empresarios promoverán amparo

Agustín Arellano, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), se manifestó en contra de tener que pagar salarios caídos a las personas no localizadas, como lo mandata la reciente Ley  de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas,  ya que perjudica de forma total al sector empresarial.

Arellano se pronunció en favor de un diálogo con los legisladores, ya que se encuentran en total desamparo debido a los empleados desaparecidos por razones diversas y que ahora tendrán que pagar sueldos caídos.

Otra de las afectaciones es que los empresarios deberán de correr con todos los gastos desde el momento en fue reportada su desaparición.

El empresario dijo que sostendrán un diálogo con los diputados para conocer en qué sentido se establece la Promulgación de la Ley de Desaparición de Personas.

Finalmente, dijo que buscarán ampararse contra esta modificación que entró en vigor el pasado mes de mayo y que les perjudica sobremanera.

Demandó al gobierno de  Coahuila sensibilidad hacia los empresarios, pues la responsabilidad de garantizar seguridad y bienestar económica es de las autoridades.

El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada dijo que la seguridad al interior de las empresas les pertenece, afuera los empleados son responsables de su propia conducta.

Por su parte, Jorge Rosales Saade, del ramo hotelero, dijo que ellos cumplen con su responsabilidad de realizar los pagos al IMSS o a cualquier seguridad social y con las cuotas al Infonavit, por lo que sería una gran carga impositiva pagar salarios a alguien que desaparece por años.

 Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo se opuso a la obligación a pagar un sueldo de personas desaparecidas.

 César Valdés Ramos, gerente de la Canaco, dijo que si un trabajador desaparece tendrá que suplirlo con la contratación de otro empleado, por lo que es imposible cubrir los salarios.

 Por su parte, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) no proporcionó información sobre si algunos  afectados ya estaban recibiendo este beneficio que se contempla en la ley de personas desaparecidas, por cuestiones de seguridad.

 Asimismo informó que emitirían un comunicado sobre el particular, pero no se proporcionaron más datos.