Nueva ley definirá tamaño de cableras

El tema también depende de que se analice la definición de “agente preponderante”; pretenden incentivar la competencia en la televisión de paga

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30/06/2014 05:43 Leticia Robles de la Rosa
Hasta ayer había consenso en el Senado y en el gobierno federal en que los concesionarios declarados con poder sustancial o como agentes económicos preponderantes no tendrán derecho a la retransmisión gratuita.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio.- Aunque todavía no se ponen de acuerdo en el momento en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe entrar a la definición del tamaño de los mercados en televisión de paga, los senadores del PRD, PAN, PRI y el gobierno federal llegaron al acuerdo de que deberá declararse en este caso el poder sustancial.

De esta forma, los senadores y el gobierno federal responden a una de las demandas expresadas constantemente desde la presentación de la iniciativa presidencial para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que también en la televisión restringida exista mayor competencia, al permitir el ingreso de más competidores.

Pero como este tema tiene relación con la definición de agentes preponderantes que está convertida en la columna vertebral de la discusión en el Senado, el acuerdo sobre todos sus términos está pendiente.

En el acuerdo, según el documento más reciente que está a discusión de los senadores del PRD y PAN, por separado, se abre un capítulo transitorio para establecer que el IFT deberá declarar el poder sustancial en la televisión de paga en un plazo de 60 días, a partir de la entrada en vigor de la propia ley.

Aunque la decisión es bien recibida por la mayoría de los senadores, los tiempos no les convencen. Para un grupo de al menos 20 senadores panistas el plazo debe ser de un máximo de 30 días, porque establecer 60 días puede dar tiempo al actual agente dominante de tomar decisiones de simulación que le ayuden a proteger sus intereses y no sea declarado con poder sustancial.

Incluso, de acuerdo con los panistas que promueven la reducción de tiempo, esos 60 días impedirán la verdadera competencia en la televisión restringida.

Según datos que el vicepresidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), José Antonio García Herrera, entregó al Senado, la industria de las telecomunicaciones por cable llega a siete millones de hogares con TV restringida, que se traducen en 31 millones de televidentes.

Se trata, precisa un estudio del área económica de los senadores del PRD, de un sector que va en crecimiento, pero que todavía es caro en comparación de otras naciones, y la atención del servicio no es tan eficiente. La entrada de más participantes en este sector dominado por una sola empresa generará beneficios a los usuarios y a la propia industria, porque permitirá más suscriptores, según el perredismo en el Senado.

PRI plantea reforma “sin privilegios”

En medio del debate interno de los grupos parlamentarios en torno a su concepto de preponderancia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, que es el tema que más frena las leyes planeadas para aprobarse este viernes, el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, garantizó que su grupo apegará la reforma a la Constitución “sin privilegios para nadie”.

Por su parte, los grupos parlamentarios del PAN y el PRD siguen en la búsqueda de votos en favor de tener una definición clara en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues si bien absolutamente todos los grupos parlamentarios están en favor de que el texto se apegue a la Constitución, discrepan en qué parte del octavo transitorio debe colocarse, aunque están en la construcción de una salida intermedia.

Para un grupo creciente entre los senadores panistas, que promueve el vicecoordinador de Asuntos Económicos, Francisco Búrquez, y que tiene el respaldo del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, el criterio que debe prevalecer es el explícito en el párrafo dos del numeral tres del octavo transitorio, porque contiene la definición misma de lo que se entiende por preponderancia.

“Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50%, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”, indica.

Este párrafo dice claramente que la preponderancia se entiende por “servicios”.

Y es que la propuesta original del presidente Enrique Peña Nieto, que está avalada en sus términos en el proyecto de dictamen que elaboró Javier Lozano y que está en comisiones desde abril pasado, define preponderancia por sectores y aclara que sólo en el caso de telecomunicaciones será por servicios; es decir, aplica dos criterios, el de sectores para radiodifusión y servicios para telecomunicaciones.

Ahora, de acuerdo con la explicación de Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, para sustentar su tesis de que la Constitución define la preponderancia por sectores, y para ello dice que en el nuevo proyecto de dictamen va a introducir el primero y segundo párrafo del numeral tres del octavo transitorio.

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes”.

Después, la otra parte que establece la definición y habla de servicios.

Para Marcela Torres Peimbert, del grupo de panistas que impulsa la definición en relación con los servicios, dejar los dos párrafos de la Constitución sin hacer énfasis en la definición constitucional de “se considerará agente preponderante” abre el terreno de la ambigüedad y propicia a que todas las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean sometidas a juicios de impugnación.

Hasta ayer, después de diversas reuniones el fin de semana, buscan una redacción que satisfaga a las dos partes; es decir, que deje claro que la preponderancia puede ser declarada por sector y por servicios.

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