Seguridad: muestran baja de 21.08% en delitos federales

Excélsior presenta una serie de trabajos especiales con base en los ejes que planteó el mandatario para lograr un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y actor importante en el ámbito global

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02/06/2014 05:57 David Vicenteño

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de junio.- La denuncia de delitos del fuero federal registra una baja de 21.08 por ciento durante los primeros 17 meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con la información del organismo, en 2012 –año en que el panista Felipe Calderón entregó la administración del país al priista Enrique Peña Nieto– se denunciaron un total de 189 mil 773 ilícitos del fuero federal, un promedio de 518.3 diarios.

Para 2013, primer año completo de la gestión del mexiquense, las denuncias relacionadas con ilícitos del fuero federal fueron 150 mil 733, un promedio al día de 412.9.

De acuerdo con el reporte Incidencia Delictiva del Fuero Federal Enero-Abril 2014, en los primeros 120 días de este año fueron denunciados 49 mil 288 ilícitos ante la Procuraduría General de la República (PGR), para un promedio de 410.7 reportes diarios.

Así la baja entre el promedio diario registrado entre 2012 y lo que va del presente año representa un promedio de 21.08 por ciento a la baja, de acuerdo con las denuncias reportadas ante el SESNSP.

En menor escala, los delitos del fuero común, los que son atendidos y registrados por las 32 procuradurías y fiscalías generales de los estados presentan una tendencia a la baja de 4.6 por ciento en el mismo periodo.

Las cifras reportadas por los estados al SESNSP establecieron que durante el año 2012 fueron denunciados un millón 704 mil 918 ilícitos del fuero común.

Esto significa que en promedio diario se cometieron cuatro mil 671 delitos comunes, en el año que concluyó la administración de Felipe Calderón y el inicio, en diciembre de 2012, de la gestión del priista Peña Nieto.

Durante el año 2013, el SESNSP reportó que fueron denunciados un total de un millón 679 mil 914 delitos del fuero común, para un promedio diario de cuatro mil 602.5 denuncias.

Las cifras del organismo, reportadas en el informe Incidencia Delictiva del Fuero Común 2014, establece que hasta el pasado 30 de abril, en los primeros 120 días de este año, han denunciado 534 mil 351 ilícitos de este tipo, para un promedio diario de cuatro mil 452.9.

De esta forma, del promedio diario en 2012 cuando Peña Nieto recibió la administración del país, al pasado primer cuatrimestre de este año, la tendencia a la baja en el promedio diario de delitos del fuero común es de 4.6 por ciento, de acuerdo con la información.

Una situación complicada

La administración de Enrique Peña Nieto heredó una situación complicada en materia de seguridad, derivada de lo que se denominó “la guerra contra el narcotráfico”.

Cifras que nunca se confirmaron de manera oficial señalan que hubo más de 70 mil homicidios derivados de ese conflicto y más de 26 mil personas desaparecidas.

Además del incremento de la delincuencia común, principalmente por los casos de extorsión y robo en el país, el delito que presentaba cifras más crecientes fue el secuestro.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, en el año 2006 –cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia– se denunciaron de manera oficial 733 secuestros y en 2012 –cuando entregó la banda presidencial– se reportaron mil 418 privaciones ilegales de la libertad.

Esto en cuanto a casos denunciados ante las autoridades, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó, el 11 de octubre del año pasado, que una encuesta realizada por el organismo reveló que la cifra de secuestros en 2012 alcanzó la cantidad de 105 mil 682 casos, considerando los que no fueron denunciados ante las autoridades.

Este panorama generó una creciente sensación de inseguridad en el país y el combate al secuestro encabezó uno de los principales reclamos durante la campaña presidencial de ese año.

De manera oficial, el SESNSP registró mil 698 secuestros en 2013 y en lo que va del presente año, entre enero y abril, se han denunciado 570 plagios.

A partir de este año, el gobierno federal realiza un reporte del número de víctimas de los principales delitos, como homicidio, secuestro y extorsión, como parte de un compromiso de la XXXV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en 2013.

En el reporte correspondiente al mes de abril se detalló que el número de víctimas por casos de secuestro denunciados también va a la baja, al iniciar en enero con 161 personas afectadas, y en febrero la cifra repuntó a 171. Para marzo se reportaron 182 víctimas y el mes de abril concluyó con un total de 169 personas afectadas por este ilícito.

La gravedad de este problema obligó al gobierno federal a diseñar una estrategia para su combate, por lo que en enero del presente año se puso en operación la Coordinación Nacional Antisecuestro, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), nombrando como titular a Renato Sales Heredia.

Cambio de rumbo

Al llegar a la Presidencia en diciembre de 2012, la nueva administración trazó cinco ejes principales, el primero de ellos fue un México en Paz, con el objetivo de revertir la situación de inseguridad y violencia en el país.

El primer paso fue ordenar la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, tras 12 años de trabajo con las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Se creó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que quedó bajo la gestión de la Segob, y esta dependencia, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, se convirtió en la cabeza del sector de seguridad.

Se integró así el Gabinete de Seguridad, por la CNS, entonces a cargo de Manuel Mondragón y Kalb, quien dio la sorpresa de pasar del Gobierno del Distrito Federal (GDF) a la administración federal de Enrique Peña Nieto.

Luego de un año tres meses y 17 días en el cargo, el 17 de marzo del presente año, nuevamente Mondragón y Kalb sorprendió al presentar su renuncia, convirtiéndose en la primera baja del Gabinete de Seguridad.

En su lugar fue propuesto por Presidencia y aprobado por el Senado de la República Monte Alejando Rubido García, quien tiene entre otros compromisos la puesta en operación de la Gendarmería Nacional, en julio de este año.

Los otros integrantes de este gabinete son las secretarías de la Defensa Nacional, a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda, de Marina-Armada de México, con el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, y la Procuraduría General de la República (PGR), con Jesús Murillo Karam como titular.

También participa en este gabinete el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), bajo la dirección de Eugenio Ímaz Gispert.

En la Segob se nombró a Roberto Campa como subsecretario de Participación Ciudadana, a cargo del Programa Nacional de Prevención del Delito con Enfoque Municipal, con el objetivo de “corregir las situaciones de entorno y convivencia que provocan violencia social y delincuencia”.

También se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para la coordinación de los trabajos de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud y Educación Pública.

Además, participan las de Economía (SE), del Trabajo y Previsión Social (STPS), Comunicaciones y Transportes (SCT), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todas con estrategias y planes de prevención del delito.

Así, se identificaron las mil 176 colonias en el país con más problemas de inseguridad y violencia, y se asignaron dos mil 250 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito para arrancar la estrategia que busca revertir la situación.

Captura de capos

En el inicio de la presente administración, el gobierno federal se fijó la meta de capturar 122 líderes del crimen organizado, como una estrategia para disminuir la violencia en diferentes puntos del país.

Durante 2013 se realizaron algunas capturas importantes, como la de Miguel Ángel Treviño Morales El Z-40, líder del grupo de Los Zetas, el 15 de julio de ese año, a 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Tres días después fue capturado Víctor Hugo Delgado Rentería, alias El Tornado o El Comandante, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en esa entidad.

Más tarde, el 17 de agosto, se realizó en Reynosa, Tamaulipas, la captura de Mario Armando Ramírez Treviño El X-20, señalado como jefe del cártel del Golfo.

Pero el 22 de febrero del presente año se realizó la captura, que tal vez podrá ser considerada la más importante de la administración, la de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel del Pacífico, y quien escapó del Penal de Puente Grande en Jalisco, en el arranque de la administración de Vicente Fox, el 19 de enero de 2001.

Pasaron los dos gobiernos panistas y El Chapo, lejos de ser capturado, se consolidó como uno de los operadores del narcotráfico más importantes en el mundo, al grado de ser considerado como poseedor de una de las fortunas más importantes para la revista Forbes.

Luego de un operativo realizado por la Secretaría de Marina-Armada de México, en el Condominio Miramar, en Mazatlán, Sinaloa, la madrugada del pasado 22 de febrero fue capturado la narcotraficante.

Operativo en Michoacán

Con el argumento de falta de resultados por parte de las policías municipales y estatales, y apoyados en la figura de “policías rurales o comunitarias”, en 2013 surgió el fenómeno de los grupos de autodefensas.

Aunque los casos se replicaron en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Morelos y Chiapas, en Michoacán las autoridades municipales y estatales comenzaron a perder el control ante el enfrentamiento de estos grupos con Los Caballeros Templarios, principal agrupación del crimen organizado en la región.

La violencia fue subiendo a tal grado que el 28 de julio de 2013 fue asesinado en una emboscada el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la Octava Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando circulaba por la autopista Toluca-Guadalajara.

La camioneta oficial en que viajaba el mando naval se salió de la autopista ante una protesta de civiles quienes exigían seguridad, se desvió por un camino secundario y fue abatido en un paraje conocido como La Noria.

El 27 de enero del presente año, el gobierno federal y el de Michoacán firmaron el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en la entidad, y posteriormente se designó a Alfredo Castillo Cervantes como comisionado federal para la seguridad en el estado.

Los trabajos de seguridad en Michoacán llevaron a la regulación y registro de todos los integrantes de grupos de autodefensas para la formación de una Guardia Rural.

En este caso, las autoridades federales se dieron a la tarea de perseguir a los cabecillas de Los Caballeros Templarios, logrando abatir el 31 de marzo del presente año a Enrique Kike Plancarte, identificado como segundo hombre en importancia en la estructura jerárquica de este grupo.

El capo fue abatido en el municipio de Colón, Querétaro, a donde había huido para evitar las acciones que las fuerzas federales realizaban en Michoacán.

Un caso que llamó la atención fue la muerte de Nazario El Chayo Moreno González, líder fundador de La Familia Michoacana –grupo del que posteriormente se escindió la organización templaria–, el 9 de marzo del presente año.

En este caso, la administración de Felipe Calderón ya había dado por muerto al capo, luego de un supuesto enfrentamiento con militares el 9 de diciembre de 2010.

Servando Gómez, conocido como La Tuta o El Profe y señalado actualmente como el líder principal de Los Caballeros Templarios, se mantiene prófugo pese a la estrategia federal implementada en Michoacán.

Operativo en Tamaulipas

El 13 de mayo pasado, el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, pusieron en marcha la Estrategia de Seguridad para la entidad ante el incremento de la violencia en el presente año.

Tras la capturas de las cabezas principales del cártel del Golfo y Los Zetas, comenzaron una serie de enfrentamientos entre estos grupos y hacia el interior de los mismos, para disputar las dirigencias.

Reynosa, Tampico-Madero y Matamoros vieron resurgir la violencia a niveles similares a los de la pasada administración, por lo que la Estrategia de Seguridad Tamaulipas planteó el control de las seguridad por parte de las fuerzas federales.

Todo el personal de la Procuraduría estatal fue sustituido por elementos de la Policía Federal y de la PGR para ser enviados a cursos y realizar los exámenes de control de confianza.

La PGR creó cuatro fiscalías regionales para la entidad, con el objetivo de atender con más rapidez las denuncias relacionadas con delitos federales.

Hasta el momento, con esta estrategia se ha logrado la captura de tres de 12 objetivos, señalados como líderes del crimen organizado en Tamaulipas.

Fernando Martínez Magaña fue capturado el 14 de mayo; Francisco Ramírez Rivera o Juan Fernando Álvarez Cortez, el día 17, y el pasado 25 de mayo se detuvo a Juan Manuel Rodríguez García, Juan Perros, señalado como jefe de plaza del Cartel del Golfo en Río Bravo, y quien disputaba la dirigencia del grupo.

Operativo en el Edomex

Ante los altos niveles de inseguridad en municipios mexiquenses, principalmente de la zona conurbada con el Distrito Federal, la Secretaría de Marina-Armada de México aplica desde el pasado 10 de abril la Operación Seguridad Mexiquense.

Para estos trabajos se instalaron dos bases de operaciones, una en Ixtapan de la Sal y otra en Valle de Bravo y Colorines, así como diez Bases de Operaciones Mixtas, en los municipios conurbados, como Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Chalco.

Estos puntos son atendidos por personal de Infantería de Marina en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de México.

Cambios en la PGR

La Reforma Política llegó con un cambio para la PGR, que ha comenzado sus trabajos para transformarse en una Fiscalía General, y desde el inicio de la presente administración comenzó con la división de su trabajo en cinco regiones del país.

El titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, creó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) como órgano para la concentración del trabajo científico en la investigación de los delitos.

El 27 de mayo del año pasado puso en marcha la operación de la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito, cuyo titular, el panista Ricardo García Cervantes, renunció al cargo exactamente un año después.

Se anunció que en julio próximo iniciarán los trabajos de un Centro Nacional de Capacitación, que se construye en Querétaro, para la formación profesional de peritos, ministerios públicos federales y agentes asignados a investigación.

Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales la dependencia ha asumido el proceso de capacitación en las 32 procuradurías locales, como parte de las reformas al Sistema de Justicia Penal, que entra en vigor en junio de 2016.

La dependencia busca mejorar los trabajos y la imagen de la procuración de justicia, que en 2013 se vieron afectados por la liberación de la secuestradora Florence Cassez, el 23 de enero de ese año, luego de que se le otorgó un amparo al encontrarse irregularidades en el debido proceso.

También por la salida de prisión del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el 9 de agosto del 2013, tras permanecer 28 años en prisión.

Federación toma las riendas

El gobierno de la República asumió el control de la seguridad en Tamaulipas.

  • Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció en Reynosa la estrategia contra la violencia, cuyo plan estará a cargo de mandos especiales de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Armada de México.
  • Ante el gobernador Egidio Torre Cantú e integrantes del Gabinete de Seguridad explicó que el estado se dividirá en cuatro zonas.
  • La PGR instalará cuatro fiscalías regionales y se reforzará la vigilancia en puertos, aeropuertos, aduanas y cruces fronterizos, para desarticular bandas criminales, sellar rutas de tráfico y depurar los cuerpos policiacos.
  • También se reforzará la seguridad en estados vecinos.
  • El plan de seguridad tiene tres ejes: desarticular bandas, combatir el tráfico ilegal de personas, droga y armas y fortalalecer las corporaciones de seguridad.
  • La inteligencia de la Federación será destinada a la desarticulación de organizaciones delictivas con mayor despliegue de personal especializado para atender delitos como el secuestro.

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