Acuerdan controles para jueces; PRI, PAN y PRD trabajan en iniciativa

Exámenes de confianza serán obligatorios para que magistrados federales obtengan el cargo

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25/05/2014 08:25 Isabel González
Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace conversan con el senador Luis Miguel Barbosa. Los activistas y el legislador propugnan que los jueces sean evaluados. Foto: Mateo Reyes/Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo.- PRI, PAN y PRD en el Senado elaboran una iniciativa de ley para imponer exámenes de control de confianza a jueces y magistrados federales.

De acuerdo con la bancada perredista, no hay objeción entre quienes construyen la propuesta para que una norma de esa naturaleza salga adelante.

En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, dijo que la iniciativa podrá ser presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Respecto a quién aplicará los exámenes, explicó que  deberá ser un órgano del mismo Poder Judicial. En la redacción del documento se plantea que las pruebas a los jueces tendrán que ser similares a las que se aplican a policías y ministerios públicos, como el polígrafo o los exámenes toxicológicos.

El senador aclaró que no se trata de evaluar los conocimientos de los jueces y magistrados, sino de asegurarse de que quien imparte justicia ha tenido un desarrollo acorde con su responsabilidad como funcionario público judicial.

Cocinan exámenes de control a jueces

Legisladores de las tres principales fuerzas políticas en el Senado de la República —PRI, PAN y PRD— elaboran una iniciativa de ley que imponga exámenes de control de confianza a jueces y magistrados federales.

Se pretende que las evaluaciones se conviertan en un requisito para que jueces y magistrados sean designados en el cargo, detalló el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa.

En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, Barbosa Huerta aclaró que no debe haber distingos entre quienes procuran la justicia y quienes la administran, porque quien infringe la ley tiene derecho a que quien lo juzgue sea una persona “con vocación de servicio, honesta y con ética.

“La pregunta que se hace es: si a quien procura la justicia se le hacen evaluaciones de confianza en los términos que están dados a nivel internacional, a policías y a ministerios públicos, a procuradurías, ¿por qué no a quienes administran justicia, a los que dicen la ley?”, cuestionó.

El senador confirmó lsabel Miranda de Wallace, quien preside la asociación civil Alto al Secuestro, también impulsa la iniciativa, por lo cual ha sostenido diversas reuniones con legisladores de los tres partidos, entre quienes “no hay objeción” para que una norma de esta naturaleza salga adelante.

“Entonces, que se instale esa obligación para que pueda ser un requisito de designación  del cargo, y para ello podemos construir una ley especial o hacer las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas.”

El perredista calculó que será en el próximo periodo ordinario de sesiones cuando la iniciativa, que aún se encuentra en etapa de redacción y diseño, sea presentada.

“Pronto estaremos en la etapa de la redacción de la propuesta para que veamos el momento consensuado de presentarla; sin duda el gobierno tendrá que emitir una opinión, pero yo creo que todo abunda en este momento en que el Estado mexicano, en sus tres órdenes de  gobierno, garantice a la sociedad que los encargados de administrar justicia  tienen los conocimientos y la experiencia, y tienen resuelta una evaluación sobre el control de confianza.

“Eso nos da mucho más certeza a los ciudadanos comunes que podemos vernos involucrados en algún hecho delictivo.”

El coordinador del PRD en el Senado dijo que no se trata de evaluar los conocimientos de jueces y magistrados, sino de asegurarse que quien imparte justicia ha tenido un desarrollo personal acorde con su responsabilidad como funcionario público judicial.

“No nos metemos en esa idea de medir los conocimientos porque son parte de una carrera judicial, la evaluación de confianza es, creo, el desarrollo personal que ha tuvo un servidor público hasta el momento en que se vuelve el encargado de administrar justicia, de decir la ley o de juzgar.

“Y amén de los conocimientos, debe acreditar también los parámetros nacionales e internacionales para los temas de confianza, que son ya tan comunes en todos los cargos de la procuración de justicia”, destacó.

La propuesta de ley tampoco pretende que las evaluaciones de control de confianza a juzgadores  las realice el Ejecutivo federal.

Debe ser un órgano del mismo Poder Judicial el que se encargue de practicar las mismas pruebas a las que se someten policías y ministerios públicos, como el polígrafo o los exámenes toxicológicos, consideró Barbosa.

“Se puede formar un comité, una comisión que se encargue de elaborar estos controles de confianza y no se violaría la independencia del Poder Judicial; un órgano dentro del mismo Poder Judicial encargado de ello.”

Al preguntarle si la propuesta que se diseña en el Senado considera someter a prueba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Barbosa Huerta respondió que no.

“No podemos generar una condición de crítica política a los más altos niveles del Poder Judicial federal, pero sí debe llevarse hasta los niveles de magistrados,  de tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de distrito, jueces de distrito y en el fuero común igual, jueces.”

Sobre el tema, en días pasados activistas de la sociedad civil  organizada, como Alejandro Martí, de México SOS, y María Elena Morera, de Causa en Común, expresaron su respaldo para que se construyan mecanismos de ley que obliguen a los juzgadores federales a someterse a controles de confianza, debido a los casos de presunta corrupción en los que funcionarios judiciales se han visto involucrados al conceder beneficios ilegales a casineros y dado la libertad a integrantes del crimen organizado a pesar de que existen pruebas en su contra.

Evaluación

Una iniciativa para que los juzgadores fueran evaluados fue enviada desde 2008.

  • En julio del año pasado, activistas propusieron que, para acabar con los caso de corrupción, es necesario que los juzgadores sean sometidos a exámenes de control de confianza.
  • Isabel Miranda pidió que los empleados del Poder Judicial dejen de ser “juez y parte” al sancionar casos polémicos.
  • Actualmente, Tamaulipas es el único estado del país que tiene vigente un convenio  con el Secretariado Ejecutivo de esa entidad para que jueces y magistrados del fuero común sean evaluados.
  • El centro de control de confianza de Tamaulipas es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.

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