Reforma electoral: nueva ley pone bajo lupa a noticiarios

Una “cobertura indebida” en campaña será causa para anular comicios; el INE instruirá a conductores de radio y televisión el Senado aprueba normas secundarias

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15/05/2014 05:45 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo.- El pleno del Senado aprobó ayer por 113 votos las nuevas leyes electorales que controlan el trabajo periodístico para evitar que la denominada “cobertura informativa indebida” provoque la anulación de comicios a partir del 2015, y ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos a los conductores de noticias para que no incurran en anomalías.

Las nuevas reglas electorales incluyen a los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero dentro del grupo de connacionales que tendrán derecho a votar en las elecciones del país.

Aunque originalmente las comisiones unidas del Senado se limitaron a establecer sólo que la anulación electoral procederá cuando las violaciones sean “graves, dolosas y determinantes”, ayer el PRI, PRD y PVEM accedieron a la presión ejercida por el PAN para que se defina la cobertura informativa indebida, en épocas electorales y para obligar a los concesionarios de televisión de paga a transmitir los spots de los partidos políticos.

Noticia vs. publicidad

Con el voto de 112 senadores, el pleno avaló las adiciones y modificaciones pactadas a lo largo del día, al dictamen original de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las reformas y adiciones a otras tres leyes federales.

En ellas se deja claro que “para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la Constitución (referente a las causales de nulidad electoral), se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter rei-terado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a incluir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico”.

Aclara que “a fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”.

De igual forma, los senadores añadieron al dictamen original la disposición de que “previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprobará, a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes”.

Además, dispone que los concesionarios de televisión restringida que distribuyan señales de radiodifusoras derivadas de la multiprogramación, “deberá incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales.

“(…) En cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios que presten servicios de radiodifusión se deberá cumplir con los tiempos de Estado en los términos de esta ley y las disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

Voto foráneo

Pero amén de estos cambios de última hora, la nueva Ley que será la columna de las reglas electorales y la nueva Ley General de Partidos Políticos establece que los mexicanos en el extranjero votarán por Presidente, gobernadores y senadores; pueden hacer vía electrónica; por primera vez los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero tendrán el derecho a votar.

Se garantiza la equidad de género en candidatos; se crearon las reglas de prorrateo; se aumentó el financiamiento privado, sin fijar límite, para los partidos políticos; se crearon dos salas regionales del Tribunal, así como la Sala Regional Especializada, que atenderá temas como guerra sucia; se dispuso que el INE atraerá elecciones de los estados, ya sea de todo un proceso electoral o de alguna fase del proceso.

Dispone las reglas para la anulación electoral; regula candidaturas independientes; crea las reglas de reelección para diputados y senadores; reduce al mínimo el poder de los gobernadores; ordena la vigilancia coordinada para evitar el dinero sucio; impone la fiscalización inmediata de recursos de partidos; la chequera única para evitar exceso en tope de gastos de campaña; transforma a los Institutos Electorales Estatales en Organismos Públicos Electorales y a los Tribunales Electorales en Autoridades electorales jurisdiccionales locales, que no pertenecerán al poder judicial de los estados.

Con la Ley General de Partidos Políticos, aprobada por 107 votos, podrán competir con las figuras de Coaliciones totales, parciales y flexibles a nivel federal, y con candidaturas comunes en los estados que así lo decidan.

 De esta forma, el Senado concluyó un periodo de 80 días de negociaciones para construir las leyes secundarias en materia electoral. Sus principales constructores, Cristina Díaz, Arely Gómez y Miguel Chico Herrera; los panistas Roberto Gil Zuarth y Juan Carlos Romero Hicks, así como los perredistas Alejandro Encinas, Isidro Pedraza, Luis Sánchez, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, y el verde Carlos Puente, detallaron el contenido.

Coincidieron en que se trata de instrumentos jurídicos que garantizan la certeza de los procesos electorales; que crea un piso más parejo en la competencia electoral; que ofrece a los mexicanos la confianza de que cuenta con un sistema electoral confiable, con mecanismos equitativos.

El presidente del Senado, Raúl Cervantes, hizo un reconocimiento a todos los senadores que construyeron este entramado jurídico, pero también al equipo de asesores y secretarios técnicos, junto al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos y al subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero.

En el listado leído por Cervantes; sin embargo, se colaron nombres de legisladores que en ningún momento estuvieron en la negociación, como Jorge Emilio González, coordinador de los senadores del Partido Verde.

Norma sobre delitos electorales transita sin cambios

En un debate que se prolongó cerca de cuatro horas y en el que se cuestionó que la Cámara de Diputados se convirtiera en “oficialía de partes” de los senadores, las bancadas del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza sacaron adelante la Ley General en materia de Delitos Electorales, enviada ahora al Ejecutivo Federal para su promulgación.

Con 384 votos a favor, San Lázaro se allanó a la minuta enviada por la Cámara Alta, lo que suscitó la queja de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y de algunos perredistas por considerar que lo sucedido rompía el equilibrio bicamaral.

Al subir a tribuna para manifestar su inconformidad, los diputados de MC repitieron decenas de veces que consideraban aberrante que los diputados se hubieran prestado al acuerdo de “no tocar ni con el pétalo de una coma” los proyectos avalados por el Senado.

Aunque algunos perredistas como Fernando Belaunzarán Méndez se adhirieron a la visión de que el proceso en materia de leyes secundarias electorales había atropellado la posibilidad de que los diputados se manifestaran, justificó el aval de las mismas por la urgencia de darle al Instituto Nacional Electoral (INE) el nuevo marco jurídico para organizar los comicios federales de 2015.

Al final, los opositores a la ley sumaron 34 representantes en contra y 13 abstenciones, en la votación en lo general.

Después de la presentación sin éxito de reservas para 12 artículos de la ley, de parte del PRD, MC y PT, la votación en lo particular sumó 362 diputados a favor, 29 en contra y 11 abstenciones.

En el nuevo ordenamiento que tipifica los delitos electorales y establece diversas sanciones, destaca la multa de mil a cinco mil días de salario mínimo y de cinco a 15 años de prisión que se le impondrá a quienes de manera directa o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

Este castigo se aumentará en 50 % cuando la falta se comenta en apoyo a una precampaña o campaña electoral.

También se estipula cárcel de dos a nueve años para el precandidato, candidato, funcionario partidista u organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios en apoyo o perjuicio de otro contendiente.  

Esta ley, además, busca inhibir el involucramiento de los representantes de las iglesias en el proselitismo electoral. De manera que los ministros de culto religioso que en las actividades correspondientes a éste presionen u orienten el sentido del voto —incluida la abstención o el rechazo hacia un partido o candidato— se hará acreedor de multas de 100 hasta 500 días de salario mínimo. 

Igualmente se castigará con prisión de seis meses a tres años y con 50 a 100 días de multa a quienes obstaculicen el desarrollo de las votaciones, el conteo de las boletas y cómputo de resultados, así como el robo de urnas o la alteración de su contenido.

Estas sanciones se aplicarán a quienes incurran en amenazas de suspender los beneficios de programas sociales,  bajo la condición de apoyar o votar a favor de un candidato, partido o coalición.

Las multas se elevan de 50 a 200 días y podrían implicar prisión de dos a seis años para los funcionarios electorales que alteren los resultados, o destruyan o roben boletas o documentación correspondiente al proceso.

El castigo se extenderá a quien sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de información del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.

La ley prevé sanciones a quienes toleren que alguien vote sin cumplir los requisitos de ley o divulguen noticias falsas sobre la jornada electoral y su resultado.

Para los candidatos o funcionarios electorales que distribuyan propaganda en el día de los comicios se fijan multas de 100 a 200 días de salario mínimo y prisión de dos a seis años.

Los castigos son mayores —de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años— para el servidor público que condicione la prestación de un servicio, cumplimiento  de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición.

Las penas aumentarán en un tercio si ese condicionamiento se realiza con programas sociales.

Para los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta norma, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.        

Previamente, los diputados  aprobaron por mayoría calificada el dictamen que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política en materia político-electoral, propuesta por el Ejecutivo, que incluye el supuesto “adquirir”, en cuanto a cobertura informativa o tiempos en radio y televisión en campañas electorales se refiere, y que, al igual que la “compra”, fuera  de lo previsto por la ley, sean motivo de nulidad de elecciones.

Con 413 votos a favor, 29 en contra y dos abstenciones, se avaló el cambio que producirá la nulidad  de las elecciones no sólo ante la compra, sino por cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de lo previsto en la ley.

El propósito de la enmienda es incluir el supuesto “adquirir”, ya que el Senado de la República consideró que existe la posibilidad de celebrar operaciones diversas a la acción de “comprar”, hipótesis prevista en la Ley Fundamental vigente y que debe señalarse como sancionable.

Pendientes de resolver, 119 cargos

Frente a lo apretado de los tiempos para organizar el proceso electoral de 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la obligación inmediata de nombrar sólo a los 119 consejeros electorales de las 17 entidades donde habrá comicios en 2015, y dejar para después la integración de los demás institutos electorales.

La reforma electoral precisa que el INE tendrá hasta el 30 de septiembre para nombrar a los consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales, que estarán integrados por tres consejeros que durarán en el cargo tres años; tres consejeros que durarán seis años y un consejero que durará en el cargo siete años.

El Senado tiene el mismo plazo para integrar las salas de los tribunales electorales en esas entidades, estarán integradas por un mínimo de tres y un máximo de cinco magistrados, lo cual implica que el Senado está obligado a elegir un mínimo de 51 y un máximo de 85 responsables de los 17 Órganos Jurisdiccionales Locales, que hasta ahora son conocidos como tribunales electorales estatales.

La nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), aprobada ayer por 113 votos en favor y siete en contra por el pleno del Senado, establece que el Consejo General del INE emitirá una convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda.

Dispone que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación.

Añade que la inscripción y entrega de documentos para el proceso de designación se hará en cada entidad federativa o ante la Secretaría del Consejo General. Para la difusión del proceso y recepción de documentación de los aspirantes, la Comisión se auxiliará de los órganos desconcentrados del Instituto en las 32 entidades federativas.

Ordena además que la Comisión de Vinculación, que es de nueva creación como parte de la estructura del INE, deberá integrar una lista de hasta cinco nombres de candidatos por cada vacante en la entidad federativa, para ocupar los cargos de Consejeros Electorales de los Oples; pero cuando se trate de más de una vacante, como será el caso de lo que debe hacer el INE a más tardar el 30 de septiembre, el procedimiento no será de quintetas, sino de una lista única con cinco aspirantes por cada vacantes; es decir, de 35 para cada pleno.

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