Judicatura denuncia corrupción de jueces

Los servidores supuestamente favorecieron al zar de los casinos; entre los implicados está Eduardo Ochoa, expresidente de un tribunal en Monterrey

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15/05/2014 05:46 Isabel González / Foto: Tomada de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia por la presunta participación de funcionarios públicos en posibles actos ilícitos.

El organismo del Poder Judicial de la Federación explicó que se trata del expresidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Monterrey, Eduardo Ochoa, al exintegrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo en Tamaulipas, José Manuel Rodríguez.

Así como al juez y extitular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, todos ellos suspendidos, y al exsecretario técnico, Mario Alberto Prado Rodríguez, quienes son acusados de participar en posibles actos ilícitos.

El Consejo de la Judicatura Federal señaló, en un comunicado, que la decisión se fundamenta en lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, además de que se continúa de manera paralela con los procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.

El organismo expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal para sancionar alguna conducta delictiva cuando se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad.

Con esta acción, el Consejo de la Judicatura Federal refrendó su compromiso constitucional de garantizar una justicia imparcial y de calidad.

La denuncia contra los ex juzgadores suspendidos de sus cargos se da una semana después de que medios de comunicación nacionales dieron a conocer presuntos actos de corrupción de jueces y magistrados involucrados en el favorecimiento ilegal a casas de apuestas en el norte del país.

Mario Alberto Prado Rodríguez se desempeñaba como secretario técnico del consejero de la Judicatura y presumiblemente se encargaba de generar las adscripciones de jueces y magistrados más favorables hacia los dueños de casinos.

En su comunicación, el Consejo de la Judicatura Federal especificó que, paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, la Judicatura continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.

El 8 de mayo pasado, esa instancia judicial ya había separado de sus cargos a los presuntos responsables, en razón de su supuesta ayuda indebida para que algunos dueños de casinos obtuvieran permisos, al amparo de la justicia federal, particularmente al llamado zar de los casinos Juan José Rojas Cardona.

El Consejo de la Judicatura Federal expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, con el fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada, en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen la alta responsabilidad, frente a la sociedad, de impartir justicia.

Exigen certificar a juzgadores

Los escándalos de corrupción en el Poder Judicial federal por favorecer ilegalmente a dueños de casinos, unificaron las exigencias de la sociedad civil para que jueces y magistrados federales sean sometidos a estrictos controles de confianza y certificaciones.

Al coincidir en que las evaluaciones rigurosas no vulneran su independencia ni violan la división de poderes, activistas como Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y María Elena Morera de Galindo estimaron que los impartidores de justicia “no pueden estar por encima de los ciudadanos ni sentirse dioses”, porque no deben olvidar que son servidores públicos y están obligados a transparentar su actuación ante los ciudadanos.

Los exámenes

María Elena Morena de Galindo, presidenta de la asociación civil Causa en Común, aseguró que no existen argumentos para negarse a que los exámenes de control de confianza sean practicados a funcionarios judiciales, debido a que no se puede asegurar que un policía es menos confiable que un juez.

¿Realmente los jueces son más honestos que la policía y el Ministerio Público?, no lo sabemos, el tema no es quién es más confiable o no, el tema es de controles de confianza, de oficinas de Asuntos Internos y de Consejos de Honor y Justicia, si no logramos saber quiénes son nuestros jueces y después darle seguimiento a las sentencias que dan, por eso nos encontramos a muchos delincuentes que la policía se esfuerza por detenerlos, y además de que se esfuerza se expone y después resulta que los jueces los dejan libres, no es justo para nadie”, sentenció.

Demanda actuación seria

Alejandro Martí, de México SOS, exigió una “actuación seria” del Consejo de la Judicatura Federal, porque no existen mecanismo de evaluación y certificación para medir el desempeño laboral de los impartidores de justicia, así como su calidad moral.

 “El Consejo de la Judicatura es un consejo a modo y es lastimoso la actuación que ha tenido en el pasado, creo que hoy están despertando, hoy el Consejo de la Judicatura tiene que ser un poco más serio para evitar la impunidad, nosotros estamos presionando para que realmente haya una instancia que tenga fuerza para castigar a los jueces”, apuntó.

Acusan cofradía

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, calificó de “cofradía y escenario de impunidad” al Consejo de la Judicatura Federal.

Acusó al Poder Judicial Federal de negarse “en forma reiterada” a evaluar a su personal y esa actitud, dijo, no se puede tolerar.

Reveló que actualmente trabaja con el Senado una iniciativa de ley para aplicar a los juzgadores federales exámenes tan rigurosos como los que se les aplican a los policías y ministerios públicos.

“Vamos a trabajar en una iniciativa para deslindar precisamente al Consejo de la Judicatura desligarlo del Poder Judicial, que sea autónomo para que no tengan esta impunidad y por otro lado exigir que todos estén certificados y que estén evaluados”, precisó.

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