Dan poder a INE sobre los estados; reforma electoral acotará a gobernadores

Senadores y gobierno federal acuerdan el proyecto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

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13/05/2014 06:35 Leticia Robles de la Rosa
Las comisiones unidas del Congreso de la Unión afinarán hoy el dictamen sobre las leyes electorales, que se prevé sean discutidas mañana en el Senado.
Las comisiones unidas del Congreso de la Unión afinarán hoy el dictamen sobre las leyes electorales, que se prevé sean discutidas mañana en el Senado.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo.- El Senado y el gobierno federal crearon el proyecto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la reforma en la materia, que fortalecerá al Instituto Nacional Electoral (INE) frente a la influencia de los gobernadores sobre los institutos y tribunales locales, pues acota al máximo su injerencia.

Facultará al INE para no dejar sueltos los institutos electorales, llamados Organismos Públicos Locales, en materia de fiscalización de gastos de campaña y mantendrá vigilados a sus consejeros.

Podrá atraer la organización de las elecciones estatales y con candados evitarán acusaciones falsas que pretendan que un procedimiento local no se justifique.

También consensuaron aumentar hasta 80 millones de pesos el financiamiento privado para los partidos en elecciones.

Avalan para partidos más dinero privado

Contarán hasta con 80 millones de pesos extra, según el nuevo proyecto de ley.

Los partidos políticos tendrán derecho a contar hasta con 80 millones de pesos extra, de aportaciones privadas, ajenas a las cuotas de sus militantes, para sus campañas electorales y a formar frentes, coaliciones y candidaturas comunes, pero estarán obligados a seguir un esquema de 11 reglas del prorrateo y a vigilancia estricta de sus gastos, según el proyecto de la nueva Ley General de Partidos Políticos.

La nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, plan, que Excélsior tiene una copia, acota al máximo la influencia de los gobernadores en los comicios, porque además de impedirles su influencia en la selección de consejeros y magistrados electorales, faculta al INE para vigilar la fiscalización estatal de los gastos de campaña y las decisiones de las autoridades locales electorales.

De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que anoche discutieron en la última sesión los integrantes de la Mesa de Aproximación y que esta mañana analizarán las comisiones unidas del Senado, el Instituto Nacional Electoral (INE) contará con dos nuevos organismos internos que le ayudarán a vigilar las acciones de los institutos electorales, ahora denominados Organismos Públicos Locales.

Se trata de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que se centrará en la relación plena que debe existir entre ambos niveles de autoridades electorales y la Unidad Técnica de Vinculación, centrada en los trabajos de auxiliar en la fiscalización de los gastos de campaña y de los partidos políticos en los estados.

Anoche, la Mesa de Aproximación, integrada por los senadores del PRI, PAN y PRD, junto con el consejero de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, concluyó su trabajo con el diseño de estas dos leyes generales, cuyas copias posee Excélsior y que esta mañana serán discutidas en las comisiones unidas.

La propuesta de dictamen de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos tienen derecho a recibir más aportaciones de tipo privado, incluso de personas morales, aunque se deja claro que esas personas morales no pueden ser ni agrupaciones políticas o sindicales.

Los partidos podrán recibir hasta un máximo de 10 por ciento de aportaciones privadas, en función del tope de campaña fijado en la elección presidencial inmediata anterior; es decir, si en 2012 el tope de gastos de campaña fue de 336 millones 112 mil pesos; en 2015 los partidos políticos podrán recibir, con todas las fórmulas de financiamiento, hasta 80 millones de pesos adicionales de privados.

Pero la ampliación del financiamiento privado se logró porque se crea un nuevo catálogo de aportaciones privadas.

Financiamiento de la militancia, que se refiere a las cuotas de todos los integrantes de los partidos políticos; Financiamiento de Simpatizantes, que es de quienes sin ser militantes de los partidos, se sienten identificados con su ideología; autofinanciamiento, que tiene que ver con el boteo, rifas y otras formas que tienen los partidos para allegarse de recursos, así como el Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Las reglas

Advierte la nueva Ley que “no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley.

“Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; las personas morales, y las personas que vivan o trabajen en el extranjero”, precisa.

Las aportaciones de los militantes tendrán un tope de hasta un equivalente del dos por ciento del financiamiento público; las aportaciones a los candidatos y a las campañas no podrán ser superiores a 10 por ciento.

En cuanto a las reglas de prorrateo, que fueron de los puntos que más prolongaron los acuerdos durante las semanas de negociación, se aplicará en los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección popular, los gastos de campaña.

En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se distribuirá el gasto en un 45 ciento para Presidente de la República y un 60 por ciento al candidato a Senador; en el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República, y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado Federal.

Además, el nuevo entramado jurídico creado para el INE lo faculta para no dejar sueltos los institutos electorales, ahora denominados Organismos Públicos Locales en materia de fiscalización de gastos de campaña y a mantener vigilados a sus consejeros para que sus decisiones no se aparten de los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad en los comicios; sólo los Organismos que demuestren profesionalismo tendrán mayor nivel de libertad frente al INE.

La nueva Ley crea para el INE todo un procedimiento para que atraiga las elecciones en los estados, pero con frenos para evitar las acusaciones falsas o el uso de información manipulada o falsa para pretender un procedimiento que no se justifique.

Diputados, en espera de la labor del Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, informó que esa instancia legislativa  acordó apoyar la eventual solicitud del Senado para un periodo extraordinario, a fin de desahogar el tema de las leyes reglamentarias en materia electoral.

Explicó que la Jucopo llegó a dicho acuerdo con la expectativa de que las discrepancias de las diferentes fuerzas políticas en la Cámara alta se resuelvan en breve.

Se pretende que durante la sesión de la Comisión Permanente de hoy martes, el Senado pueda solicitar el periodo extraordinario para el miércoles y jueves próximos, indicó en rueda de prensa.

Aseveró que los diputados estarán atentos a lo que ocurra en las próximas horas, ya que sin la aprobación del Senado en lo relativo a las leyes reglamentarias de la reforma electoral, la Cámara de Diputados no tendría suficiente materia para solicitar la realización de un periodo extraordinario.

El también coordinador de la fracción del PRD en San Lázaro recordó que los diputados aún tienen pendiente de discutir la minuta enviada por los senadores sobre delitos electorales y la que modifica el artículo 41 de la Constitución para considerar como causa de nulidad de las elecciones el adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión de manera ilegal.

Asimismo, la ratificación o no del contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, en el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE).

Consideró que los comicios de 2015 pueden llevarse a cabo aun cuando no se aprobaran las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral, aunque consideró que esto sería un “acto de irresponsabilidad” que enviaría un mensaje de “incertidumbre”.

Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal expuso que su fracción  se encuentra lista para darle al país la normatividad secundaria en materia electoral  que permita transitar por un mejor camino  con procesos comiciales más equitativos y justos.

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