Rodea la sospecha a obras del exgobernador Oliva

Por las prisas, afirma la asociación Ciudadanos Hartos, no hubo licitación, pero sí opacidad; la cifra real de lo invertido en la expo bicentenario está reservada hasta 2024

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07/05/2014 10:06 Ernesto Méndez

Segunda de tres partes

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo.- La Expo Parque Bicentenario o Parque Guanajuato Bicentenario, corazón de los festejos patrios en ese estado en 2010 y donde el papa Benedicto XVI ofreció una misa multitudinaria durante su visita a México en marzo de 2012, es una de las obras emblemáticas del exgobernador Juan Manuel Oliva que se encuentra bajo sospecha por presuntos actos de corrupción.

Con una inversión estimada en mil 700 millones de pesos, “el proyecto pensado como un espacio de educación, cultura, atracción turística, fiesta, recreación y reflexión académica sobre los hechos del pasado y los retos del futuro”, está hoy convertido en un elefante blanco, ya que de los 30 mil visitantes diarios que se tenían previstos sólo recibe un promedio de 100.

La baja de las expectativas es tal que el actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, declaró el año pasado que está dispuesto a vender esa obra, en caso de encontrar un comprador que pague el monto de lo invertido, aunque hasta la fecha es un misterio, ya que toda la información fue reservada hasta 2024 por Juan Manuel Oliva, quien  busca convertirse en el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), como compañero de fórmula de Ernesto Cordero.

La obra causó controversia desde su inicio por su ubicación en Silao, en donde se une la carretera federal con la autopista de cuota con dirección a Guanajuato, por su elevado costo de construcción y por el gasto que representa su mantenimiento, de alrededor de 120 millones de pesos al mes.

Roberto Saucedo Pimentel, representante legal de la Asociación Civil Ciudadanos Hartos, recordó que los trabajos para levantar la Expo Parque Bicentenario en un terreno de 80 hectáreas se realizaron a todo vapor por la cercanía de la fecha de la conmemoración de los 200 años del inicio de la gesta de Independencia y los cien años del comienzo de la Revolución, por lo que los contratos se entregaron a empresarios ligados al poder, dijo, sin que hubiera una licitación de por medio.

“Los tres señalamientos que hay sobre esta obra son la ubicación en una zona de difícil acceso y donde no existe absolutamente nada, más que la planta de General Motors; la adjudicación directa que se hizo de los trabajos y la reserva de la información”, señaló Saucedo.

El abogado agregó que después de la construcción, las instalaciones requirieron de obras complementarias para recibir a Benedicto XVI, como la explanada donde ofreció una misa ante miles de personas y la colocación de fibra óptica para comunicaciones y transmisiones.

“El problema es que ya venía el Papa y supuestamente no había tiempo de licitar, así que muchas obras fueron por asignación directa y a la fecha tampoco sabemos detalles de las operaciones, cuánto costó, quiénes participaron; es un tema más de opacidad y otro de los pecados del exgobernador Oliva”, manifestó Roberto Saucedo.

Un tren de papel

El derroche de recursos durante el gobierno de Juan Manuel Oliva en Guanajuato también está de manifiesto en la compra de terrenos para el llamado Tren Interurbano, que cubriría 150 kilómetros de recorrido, de León a Celaya, pasando por Guanajuato, Silao, Irapuato, Salamanca, Cortazar y Villagrán.

La idea de contar con un tren rápido que avanzara a una velocidad de 120 kilómetros por hora, similar al que existe en algunos países de Europa, se quedó tan sólo en el papel, lo que representó un gasto para las arcas del estado de alrededor de mil 400 millones de pesos, por la compra de terrenos para el derecho de vía, pero que hoy lucen abandonados, en el mejor de lo casos, o que ya fueron invadidos.

En este caso existen señalamientos sobre la entrega de contratos de asesoría sin previa licitación, adquisición de predios, por los que se pagó hasta 12 veces más su precio real y el impulso a un proyecto que desde un inicio no tenía viabilidad financiera, comentó el representante legal de la Asociación Civil Ciudadanos Hartos, que ha exigido que Oliva rinda cuentas también en otros casos, como la compra de terrenos para competir por una refinería de Pemex.

“Hay varios tramos de estos terrenos que se adquirieron, que al día de hoy están nuevamente ocupados por sus anteriores propietarios, porque el gobierno simplemente compró a la carrera y no hizo actos de posesión, no hubo resguardo del patrimonio del estado”, afirmó Saucedo.

Según la Unidad de Acceso a la Información de la administración estatal, los datos sobre los gastos que representó el inexistente Tren Interurbano permanecerán bajo resguardo hasta 2016, bajo el argumento de que dar a conocer los documentos pondría en riesgo los “procesos de negociación” para contratos futuros.

Villarreal insta al gobierno estatal a abrir información

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, exhortó al gobierno de Guanajuato a “abrir los procesos” mediante los cuales se adquirió deuda pública y terrenos para diversas obras durante la administración de Juan Manuel Oliva.

“Es en todo caso el licenciado Juan Manuel Oliva quien debe una respuesta a estas acusaciones y particularmente una explicación a los ciudadanos guanajuatenses.

“Hago un exhorto respetuoso al gobierno del estado de Guanajuato para que abra los procesos a través de los cuales se adquirió, por un lado, la deuda pública que se contrató en el sexenio de Juan Manuel Oliva y por el otro la forma en que se adquirieron los terrenos, tanto para la refinería, como para la Expo Bicentenario y también el derecho de vía para el tren interurbano”, indicó el diputado federal.

Sostuvo que si se hicieron bien las cosas es necesario que se den a conocer, pues nadie merece que su honra se encuentre bajo sospecha.

“Me parece que se tiene que dar una explicación con contundencia, para que no haya lugar a dudas, y si hubo algo que no se hizo adecuadamente, también (se deben realizar) las acciones correspondientes, ése es el país que ha promovido Acción Nacional y es que los ciudadanos nos están exigiendo.”

El exgobernador niega acusación en su contra

El exgobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva sostuvo que su administración fue “ampliamente auditada”, además de que la revisión de la Cuenta Pública dio como resultado cero responsabilidades en su contra.

“La administración que me tocó encabezar fue ampliamente auditada, incluso se realizaron auditorías especiales a proyectos y dependencias específicas, solicitadas por mí; y la revisión a la cuenta pública arroja cero responsabilidades a mi persona.

“Así lo dictaminaron las auditorías y procedimientos de revisión practicados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, órgano independiente del Congreso Estatal”, comentó Oliva en una carta enviada a Excélsior.

Asimismo, el exmandatario estatal se refirió a los señalamientos en su contra por parte de Roberto Saucedo Pimentel, representante legal de la asociación civil Ciudadanos Hartos.

“El señor Saucedo Pimentel patrocinó veintiún procedimientos judiciales, entre demandas y reclamaciones, por actuaciones de servidores públicos del gobierno del estado durante mi periodo como gobernador, y todos fueron desechados o confirmados en contra de él, inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

En referencia a la que llamó supuesta denuncia penal por el delito de peculado presentada por 11 diputados del PRI en el 2013 ante la delegación de la PGR en Guanajuato, en el contexto de los procesos locales electorales de ese año, dijo que “es falso que haya sido en contra de mi persona; en la propia denuncia los denunciantes afirman textualmente que ‘es contra quien resulte responsable’. Temas que además ya fueron auditados y sancionados por las autoridades responsables”.

Oliva agregó en la misiva que en lo referente al manejo de deuda pública contraída en Guanajuato durante su periodo como gobernador,  agencias calificadoras como Standard & Poor’s y Moody’s dictaminaron que, comparando la deuda estatal con la de otras entidades, el nivel de endeudamiento per cápita es mucho menor en Guanajuato.

Aseguró que no fueron comprometidos recursos futuros provenientes de participaciones federales, por lo que actualmente el gobierno de Guanajuato está avalado por las mismas agencias calificadoras como una entidad acreedora a gestionar deuda pública en las mejores condiciones financieras.

“Por último, reitero que como gobernador actúe con compromiso con Guanajuato, avanzando en su desarrollo con importantes resultados, como empresas nacionales e internacionales que se arraigaron en el estado, nuevas  universidades y   mejores  carreteras, entre otros; producto de un programa de inversión para el desarrollo,  que potenció la competitividad del Estado”, afirmó en el documento que envió a este diario.

 Esta inversión productiva, aseguró el exgobernador del estado de Guanajuato, es reflejo del gasto público.

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