México social: Corrupción amenaza para la democracia

De acuerdo con Transparencia Mexicana, en el país se cometen anualmente más de 200 millones de actos de corrupción, con un costo aproximado de 400 mil millones de pesos

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01/04/2014 05:48 Mario Luis Fuentes/ CEIDAS

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de abril.- Hay un reconocimiento tácito, desde hace más de 30 años de la profunda corrupción que existe en todo el país, y de la necesidad de transformar las estructuras que permiten su reproducción. En efecto, en la administración  de 1982-1988 se hizo un llamado público a construir lo que en su momento se denominó como “la renovación moral del gobierno”.

Lo anterior significó al menos dos cosas: la primera, que desde el propio Estado mexicano se reconocía que la corrupción estaba corroyendo a las instituciones; y la segunda: que sólo mediante una renovación de los valores y de la ética de servicio público podría generarse una transformación sustantiva en la materia.

Desde entonces a la fecha, la información disponible permite suponer que no sólo no han mejorado las cosas, sino que incluso hay áreas en las que se ha empeorado; y que no importa qué pase con el dinero y los recursos públicos, la impunidad sigue siendo la constante en prácticamente todos los escándalos de corrupción y malos manejos de la administración pública que se conocen de manera cotidiana.

El panorama general

De acuerdo con el Índice de Corrupción de Transparencia Mexicana, el costo promedio por “mordida” en el año 2011 ascendió a 167 pesos; y en el agregado, el costo total de la corrupción se estima en casi 400 mil millones de pesos anuales. Lo anterior, considerando que cada año se cometen aproximadamente 220 millones de actos de corrupción, es decir, un promedio de dos eventos de corrupción per cápita en el país.

Debe destacarse que el costo aproximado de la corrupción por el acceso a 35 servicios y trámites básicos de la administración pública asciende, de acuerdo con Transparencia Mexicana, a una suma de 32 mil millones de pesos; prácticamente un monto equivalente a lo que se eroga en los “componentes básicos” del Programa Oportunidades.

Como en casi todos los ámbitos de la cuestión social, los pobres son quienes más afectados se ven por la corrupción, pues su persistencia no sólo limita su acceso a bienes y servicios públicos, sino que además encarece su vida de manera sumamente significativa.

De acuerdo con las estimaciones del organismo citado, en el año 2011 la corrupción representó para los hogares en los que se tienen ingresos equivalentes a un salario mínimo al día, un 33% del total de las erogaciones que se hicieron; es decir, para los que menos tienen, la corrupción representa uno de cada tres pesos que gastan.

Para muestra, basta un botón

La Auditoría Superior de la Federación presentó recientemente su Informe de la Cuenta Pública 2012. La conclusión que puede extraerse de la lectura de éste y los informes previos, sin excepción, es que no hay una sola dependencia de la administración pública en la que pueda decirse que la corrupción es un asunto del pasado.

Dicho de otro modo, la corrupción es una práctica generalizada que se desarrolla en todos los niveles: desde la asignación de contratos de servicios y obras, hasta la utilización de los recursos públicos para fines distintos establecidos en su normatividad.

Así, a lo largo de todo el informe se encuentran párrafos como los que siguen, los cuales han sido elegidos al azar y con el propósito único de mostrar que el problema está en todas las dependencias:

I. Respecto de BANSEFI: “La ASF detectó pagos indebidos por 14.7 millones de pesos, por etapas no concluidas. El banco, para evaluar la seguridad en su infraestructura tecnológica, llevó a cabo la contratación de este mismo servicio en dos ocasiones por un monto de 5.8 millones de pesos a dos proveedores”.

II. Respecto de la Secretaría de la Función Pública: “Como resultado del estudio, la ASF determinó que la implantación de sistemas de control interno en las instituciones del sector público federal requiere de mayor impulso de sus titulares. De las 290 instituciones analizadas, cuatro de ellas (1%) se ubicaron en el rango alto, de 70 a 100 puntos; 75 (26%) en el rango medio, de 40 a 69 puntos, y 211 (73%) en el rango inferior, hasta 39 puntos. Derivado de lo anterior se dará continuidad al estudio a efecto de promover que se instrumenten las acciones correspondientes para la mejora de dichos sistemas”.

III. Respecto de los recursos federales transferidos a las entidades federativas para fines de seguridad pública: “La ASF determinó que de 2006 a 2012, éstos crecieron 13.8%, en promedio anual (…) en tanto que los datos estimados de la incidencia delictiva para el mismo periodo muestran que ésta se incrementó a un ritmo de 10.8% (...) lo que permite inferir que el aumento sostenido del gasto para la seguridad pública no ha logrado revertir la dinámica delictiva prevaleciente”.

IV. Respecto de la Sedesol, en el programa de estancias infantiles: “En 2012 el programa no fortaleció las acciones de protección civil para que los inmuebles que ocupan las estancias infantiles fueran espacios seguros que salvaguardaran la integridad física de los menores en caso de contingencia; los servicios de cuidado y atención infantil limitaron la atención sicológica, no incluyeron la educación inicial para los menores de uno a 3 años ni garantizaron la inscripción al primer año de preescolar para aquellos con 3 años cumplidos”.

En resumen, la lista de observaciones, irregularidades y sanciones es simplemente muy larga.

Desconfianza ciudadana

Si hay un elemento que corroe y daña los cimientos democráticos, éste es el relativo a la pérdida de confianza de las y los ciudadanos en sus autoridades. De acuerdo con el informe Latinobarómetro más reciente, México es uno de los países latinoamericanos con mayor desencanto ciudadano respecto de la democracia y sus resultados como forma de gobierno.

Asimismo, el estudio panel de la Encuesta Nacional de Cultura y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2012, muestra que para la mayoría de las personas, el combate a la corrupción es un asunto muy urgente; en efecto, 67.7% de las y los entrevistados contestaron que la corrupción gubernamental debe ser una de las prioridades públicas; un 30% adicional considera que es urgente; mientras que únicamente el 1.52% considera que se trata de un tema poco urgente.

Lo anterior está vinculado con la enorme falta de eficiencia y calidad de servicio de las instituciones, pues, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011, elaborada por el INEGI, prácticamente la mitad de la ciudadanía enfrentó obstáculos al momento de llevar a cabo algún trámite sin recurrir a intermediarios.

Debe decirse que en medio de esta descomposición, hay instituciones que han perdido con mayor celeridad la confianza de la ciudadanía; en efecto, las instancias peor evaluadas son las policías y preventivas municipales y las policías de tránsito en lo local, frente a las cuales, dos de cada tres ciudadanos sostienen que confían poco o muy poco en ellas.

En el mismo sentido, frente a los Ministerios Públicos y las policías ministeriales, 59% dice que confía poco o muy poco en su trabajo y transparencia.

En tanto los jueces, quienes deberían ser sinónimo de probidad y equidad generan poca simpatía, 52% de las personas sostiene que confía poco o muy poco en su trabajo.

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