Senado pide indagar sobornos de los Yáñez

El recurso es contra la naviera, y la acción Legisladores tienen indicios de que los dueños de Oceanografía dieron regalos, dinero y favores a funcionarios de Pemex

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07/03/2014 05:46 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo.- Los legisladores del PRD quieren que el pleno del Senado pida la investigación a todos los trabajadores de Pemex que fueron cómplices de Amado Yáñez, Martín Díaz Álvarez y Oliver Fernández Mena para enriquecerse con contratos en el sector petrolero, desde la subsidiaria Exploración y Producción, sobre todo por la información de que los dueños de Oceanografía entregaban regalos y dinero en efectivo a los funcionarios.

De acuerdo con la información que ha comenzado a llegar a las oficinas de los senadores, por parte de trabajadores de Pemex, es necesario investigar a los responsables de las áreas de Planeación, Desarrollo de Negocios, Administración y Finanzas, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Perforación, Exploración, Gestión de Recursos Técnicos, Mantenimiento y Logística, Servicios o Proyectos, Distribución y Comercialización y Desarrollo de Campos de Pemex Exploración y Producción (PEP).

En tanto, los senadores encabezados por Armando Ríos Piter, quienes ayer hicieron pública su propuesta para crear una comisión especial, recordaron que “las irregularidades en Pemex se han hecho notar desde el año 2003; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha estado reportando diferentes observaciones donde sobresalen temas como contrataciones, licitaciones públicas, acuerdos no públicos con el sindicato, opacidad y discrecionalidad en prestaciones y asignaciones a empresas privadas, entre otros temas de interés público”.

La información obtenida por Excélsior entre senadores del PRD establece que los propios trabajadores de la petrolera les han comenzado a hacer llegar información para que el Poder Legislativo se mantenga atento al caso que, según los empleados de la petrolera que se han acercado a los senadores de izquierda, revelará el tamaño de la corrupción que impera en la paraestatal, pues los dueños de Oceanografía entregaron regalos, dinero y favores a diversos servidores públicos.

Antecedentes

En su edición de ayer, este diario publicó que entre los principales socios de los Yáñez están Martín Díaz Álvarez, quien es investigado por la PGR por lavado de dinero, y Oliver Fernández Mena, quien en 2011 obtuvo el 5 por ciento de las acciones.

Fernández Mena preside Grupo OFEM, firma que tiene demandas por incumplimiento de pagos. La empresa Belumex, por ejemplo, la acusa de no pagar electrodomésticos valuados en 3.6 millones de pesos.

Dentro de esta acusación, además de Oliver Fernández, también se encuentran Juan Pablo Montiel, hijo del exgobernador priista del Estado de México, Arturo Montiel, además de Ernesto Zedillo Velasco, hijo de Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, a quienes más tarde les fue dado el perdón por la empresa demandante.

Los implicados

Los nombres que se observan en los “reportes” que hicieron llegar a los senadores de izquierda son de personajes políticos del PAN, pero también están de los titulares de todas las áreas de Pemex Explotación y Producción, pues explican que la relación de Oceanografía era con diferentes mandos superiores y medios de esta subsidiaria de Pemex.

Por lo pronto, ayer Armando Ríos Piter, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Benjamín Robles, formalizaron la propuesta para la creación de una comisión especial que investigue todo lo relacionado con la empresa Oceanografía.

“Los acuerdos alcanzados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión evidencian aires de renovación en el tema de transparencia, rendición de cuentas y de la actuación de nuestros funcionarios en el manejo de los recursos públicos.

“Pemex es la empresa más importante para los ingresos públicos de la nación, y frente a la opinión pública es una obligación como representantes populares expresar nuestra indignación y preocupación frente a la asignación de contratos y licitaciones a una empresa privada a través del tráfico de influencias.

“El combate a la corrupción en el interior de la paraestatal y de la administración pública en general, debe ser una prioridad frente al debate del futuro de la industria energética nacional y frente a los compromisos asumidos en la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, aprobada el pasado 13 de diciembre del 2013”, destacan los legisladores.

También recuerdan que entre 1999 y 2013, Oceanografía obtuvo poco más de 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales para proveer servicios y obra pública, principalmente para Petróleos Mexicanos y su subsidiaria Exploración y Producción, relacionados con labores de inspección, monitoreo, reforzamiento, mantenimiento, flete, transportación, hospedaje, alimentación, rehabilitación de pozos y construcciones, por un monto que superará los 31 mil millones de pesos.

Es evidente que Oceanografía, añaden los senadores, se convirtió en una de las principales contratistas de la paraestatal durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, que entre otros contratos obtuvo uno por cuatro mil 902 millones de pesos en 2007 para proporcionar un servicio de montaje de equipos y estructuras diversas de instalaciones de PEP en el Golfo de México.

Tareas especiales

En el Senado de la República, donde el PRD pide la creación de una comisión especial para investigar el fraude de la empresa Oceanografía, existen 12 de estos grupos de trabajo. Esta es la relación de las comisiones y los legisladores que las presiden:

  • Cambio Climático. Silvia Guadalupe Garza y Luz María Beristáin.
  • Desarrollo del Litoral del Pacífico. Raúl Morón.
  • De los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia: Martha Elena García, Lucero Saldaña y Angélica de la Peña.
  • De Movilidad: Jesús Casilla, Luz María Beristáin y Mariana Gómez del Campo.
  • De Rescate y Gestión de la Mexicanidad: Sólo Itzel Sarahí Ríos de la Mora.
  • De Zonas Marginadas: Sofío Ramírez y José Ascención Orihuela
  • Para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación: Marco Antonio Blásquez y Jesús Casillas Romero
  • Para Darle Seguimiento a los Procesos Electorales: José María Martínez, Manuel Camacho y Patricio Martínez
  • Para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas: Manuel Cavazos, Héctor Larios y Armando Ríos Piter.
  • Para el Desarrollo Metropolitano: Daniel Amador, Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado
  • Sur-Sureste: Zoé Robledo y Humberto Mayans
  • Acompañamiento al Gobierno Federal en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP): Teófilo Torres, Marcela Guerra, Héctor Larios, Gabriela Cuevas, Mario Delgado e Iris Vianey.

Oliver Fernández, ligado a Elba

Oliver Fernández Mena no sólo tiene vínculos con Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, sino que también estuvo ligado a Elba Esther Gordillo, cuando era la presidenta nacional del SNTE.

A través de créditos en efectivo para maestros con tasas anuales superiores al 60.8 por ciento sin IVA, los profesores afiliados al sindicato podían solicitar esos préstamos a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) denominada Crédito Maestro, la cual es propiedad de Fernández Mena.

El convenio entre esa entidad financiera y el sindicato magisterial se hizo cuando Gordillo Morales tenía el control del gremio y, por tanto, aceptó que se ofrecieran esos créditos, a pesar de que “la maestra” sabía que las tasas de interés eran incluso más elevadas que las de un banco, con la gran  diferencia de que no les pidieron aval ni garantías y solamente un talón de pago para comprobar que eran docentes afiliados al SNTE.

En tan sólo 48 horas Crédito Maestro, propiedad de Fernández Mena, podía prestarles el dinero en efectivo, desde dos mil hasta 200 mil pesos, a los profesores para pagar la deuda vías nómina a plazos de hasta 108 quincenas, es decir casi cinco años, con la opción de elegir una orden de pago directa en un banco o vía transferencia electrónica a sus cuentas de nómina.

Sin embargo, si los maestros tenían pagos vencidos, la entidad financiera de Fernández Mena podía cobrar el 20 por ciento sobre el importe de éstos, tal como lo indicaba la cláusula 5 del contrato.

Esta entidad financiera incluso tuvo la autorización de la dirigencia nacional del SNTE de instalar módulos de información en sedes del sindicato de todo el país o en los centros de trabajo, a fin de que los profesores supieran que existía ese convenio y solicitaran préstamos que eran autorizados en menos de dos días.

Incluso la página de la Sofom destaca que cuenta con módulos de atención en los centros de trabajo, que tiene una “Línea Maestra” para solicitar que un asesor visite al maestro o preguntar por una de las sucursales.

Debido a las altas tasas de interés que pagaban los maestros a las Sofom como Crédito Maestro, que es propiedad de Fernández Mena, el 22 de noviembre de 2013 el gobierno federal anunció el rescate financiero de 300 mil profesores que tenían un adeudo por alrededor de 5 mil millones de pesos con esas entidades financieras.

Ese día, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que con ese refinanciamiento, los maestros iban a poder pagar su deuda con tasas de interés más bajas, ya que algunos llegaron a dar pagos que representaban hasta el 70 por ciento de su ingreso, por lo que perdían liquidez.

Para aligerar esa deuda, el gobierno creó un fideicomiso en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), al cual los docentes pagarán sus deudas en condiciones bajas de interés, con tasa de interés de 18 por ciento, mientras que la banca de desarrollo pagará a las Sofom, convirtiéndose en el acreedor de los maestros.

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