En el limbo, justicia para los migrantes

La PGR inició 432 averiguaciones previas por delitos contra migrantes, de 2006 a 2013, de las cuales sólo se han logrado 36 consignaciones. ONG solicitan mejorar la atención de los casos.

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02/03/2014 04:58  Juan Pablo Reyes

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo.- En cinco años, únicamente 36 criminales han sido puestos a disposición de las autoridades de justicia por cometer delitos contra migrantes, la mayoría de las víctimas provienen de Centroamérica, como Guatemala, Honduras y El Salvador.

La Procuraduría General de la República (PGR) inició un total de 432 averiguaciones previas por delitos como trata, secuestro, abuso sexual y tráfico de menores cometidos contra migrantes en territorio nacional de 2006 a 2013.

Un documento obtenido vía transparencia señala que de 2008 a 2013 hubo 365 denuncias presentadas por migrantes de diversas nacionalidades, tras haber sufrido distintos delitos relacionados con el tráfico de indocumentados, secuestro y delincuencia organizada.

De acuerdo con el reporte de la PGR, las nacionalidades de los migrantes que transitan por nuestro país y que mayor cantidad de denuncias han presentado ante la dependencia federal son la guatemalteca, salvadoreña, hondureña y haitiana.

Los delitos más denunciados por los migrantes, de acuerdo con los registros de la Procuraduría General de la República, son los relacionados con la trata laboral y sexual, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, abuso sexual y lenocinio.

Respecto a las consignaciones, los documentos que posee Excélsior detallan que de 2006 a 2013 hay 119 Averiguaciones Previas consignadas y 36 consignaciones.

Tan sólo en 2008 y 2009 hubo ocho consignaciones por trata laboral contra migrantes provenientes de países como China, Guatemala, Honduras, Cuba y Colombia. Entre 2010 y 2011 se lograron 19 consignaciones por ilícitos como esclavitud, trata y abuso sexual, así como tentativa de violación contra personas provenientes de países como El Salvador y España.

Y, finalmente, en el periodo comprendido entre 2012 y 2013 se hicieron nueve consignaciones por delitos como pederastia, contra la Ley de Migración, pornografía infantil y trata de personas, tanto sexual como laboral, contra ciudadanos rusos, estadunidenes, colombianos y ucranianos.

De acuerdo con el estudio Narrativas de la transmigración centroamericana, elaborado por la Red de Documentación de las Organizaciones de Defensa de los Migrantes, durante el año pasado las cinco entidades federativas en las que suceden una mayor cantidad de crímenes en contra de los migrantes son Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Estado de México, y según testimonios de las propias víctimas y testigos, 82 por ciento de las actividades delictivas fueron llevadas a cabo por civiles y 18 por ciento por autoridades del país.

El documento indica que el 52 por ciento de los migrantes procedentes de Centroamérica sufre robos, que el 33 por ciento resulta extorsionado y que el tercer delito más frecuente que enfrentan es secuestro.

Por su parte, Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reportó que en sólo un año hubo 11 mil secuestros de migrantes, resaltando que la trata de personas se ha convertido en el tercer delito que mayores ingresos deja a la delincuencia organizada, pues “unas 16 mil personas son objeto de esa moderna esclavitud”.

Asimismo, aseguró que la frontera sur, “por su alta peligrosidad, abandono, condiciones asimétricas y desiguales a lo que ocurre en el norte, propicia no sólo el tráfico de personas sino también otros ilícitos graves, por lo cual requiere de atención urgente de las autoridades”.

Según el informe Las personas migrantes como grupo vulnerable, que detalla la situación de los migrantes en su paso por territorio nacional y que fue entregado al relator de Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, no existen mecanismos eficaces para investigar graves violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes.

“La actuación de México para investigar estas violaciones resulta claramente insuficiente. En particular, entre los principales obstáculos a las investigaciones cabe mencionar la demora en iniciar las investigaciones, la renuncia de responsabilidades por parte del Ministerio Público, la falta de coordinación entre autoridades, la delegación de tareas investigativas a los familiares y la corrupción de agentes a cargo de las investigaciones, con relativa pérdida de confianza de las familias.”

Tan sólo durante el segundo semestre de 2013 se registraron 110 casos de extorsiones, desapariciones forzadas, secuestros, robos, amenazas, ejecuciones arbitrarias por parte de bandas delincuenciales, así como una sucesiva violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades locales, estatales o federales contra migrantes.

“Muchas de las personas migrantes no denuncian los delitos sufridos por miedo a las autoridades o por desconocimiento de sus derechos. Las personas migrantes en tránsito por México representan una población extremadamente vulnerable y continúan siendo víctimas de extorsiones, desapariciones forzadas, secuestros, robo, amenazas y ejecuciones arbitrarias”, expone el documento.

El informe, realizado por diversas organizaciones civiles, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Trac Impunity Always y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, ejemplifica el temor de los migrantes a denunciar los delitos cometidos en su contra con un caso documentado el año pasado por la Casa del Migrante de Saltillo, en el que 35 personas migrantes  fueron víctimas de tortura por parte de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo.

Se relata que los elementos policiales hicieron uso de la tortura, con el objetivo de obtener una declaración de culpabilidad por posesión y venta de droga al menudeo. De los 35, sólo dos víctimas presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.

Respecto a la desaparición de migrantes mientras recorren México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, se denuncia que la desinformación sobre la problemática de personas migrantes desaparecidas es regla general para los gobiernos de la región, y la excepción está propuesta por las organizaciones de la sociedad civil, que han documentado en diferentes ocasiones la situación de las personas desaparecidas.

“Con esto en mente, se vislumbra difícil la coordinación entre los diferentes gobiernos en términos de cifras y estadísticas, por lo que concebir el fenómeno de la desaparición en tránsito desde una perspectiva regional sigue siendo una tarea pendiente.”

Ante las problemáticas experimentadas por los migrantes en nuestro país, diversas organizaciones civiles que realizaron el informe sugieren establecer mecanismos eficaces al interior de las procuradurías de justicia, que permitan contar con metodologías aplicadas para investigar casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como homicidios y desapariciones que estén relacionados con la delincuencia organizada.

También en el documento se recomienda garantizar el cruce de información entre agentes del Ministerio Público, peritos y policías; establecer reuniones de planeación y estrategia de investigación con otras áreas de las procuradurías y con otras procuradurías de la República Mexicana para detectar y combatir ciertos modus operandi en el país.

 

Restan valor a su palabra

Llevaba semanas atravesando México con el objetivo de llegar a la Unión Americana. Originario de Guatemala decidió emprender el viaje hacia el norte, junto con otros de sus compatriotas, utilizando diversos métodos de transporte, desde el ferrocarril y tráilers hasta caminando grandes distancias.

Al llegar a Saltillo, Coahuila, José Joaquim “N”, de 27 años, recorría a pie las vías del tren junto con otros seis migrantes, algunos de ellos provenientes de El Salvador y Honduras. Se conocieron en el camino. Metros adelante había un grupo de policías municipales que se dirigían hacia ellos.

¡Deténganse un momento!, les ordenó uno de los vigilantes.

Tras revisar minuciosamente a cada uno, el policía les dio la instrucción de acompañarlos, pues un ciudadano anónimo había hecho una denuncia de que justo en ese lugar se practicaba la venta al menudeo de drogas.

“No somos narcotraficantes”, exclamo Lázaro, otro centroamericano.

“Sólo estamos de paso, nosotros no vendemos nada, ni hacemos daño a nadie, tomaremos el tren por la mañana”, explicó a su vez José Joaquim.

Sin embargo, el policía les aseguró que en algunas mochilas habían encontrado mariguana y restos de cocaína, de inmediato les exigieron dinero a cambio de dejarlos ir y si nos les daban lo que querían lo que seguía era ir ante el Ministerio Público, donde serían acusados de narcomenudeo y ahí deslindarían responsabilidades.

“Si no nos dan el dinero se los va a cargar la chingada”, advirtió otro de los agentes municipales.

El guatemalteco y sus compañeros sabían que les habían sembrado la droga y que lo único que querían los policías preventivos de Saltillo era dinero.

Tras buscar entre sus pocas posesiones, los siete lograron juntar mil 500 pesos que íntegros se los dieron a los elementos policiales, quienes entre risas le dieron una bofetada a un joven de 22 años, que viajaba desde El Salvador.

Los dejaron ir con la advertencia de que si los volvían a encontrar, ahora sí los llevarían ante el MP y seguramente no la librarían, porque “la palabra de un migrante poco vale en estas tierras”.

La extorsión contra este grupo de centroamericanos se había consumado.

Tan sólo en 2013, el sacerdote Pedro Pantoja Arreola denunció que en Saltillo, Coahuila, al menos 30 migrantes centroamericanos habían sido detenidos y torturados por policías para luego sembrarles droga y, finalmente, ser acusados de narcomenudeo.

De acuerdo con Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, los policías de la localidad llegan a las vías del tren, habitaciones particulares o de hoteles que usan los migrantes, los privan ilegalmente de su libertad, vendan sus ojos y los llevan a un lugar desconocido donde sus derechos humanos son vulnerados. Posteriormente les siembran droga y, al final, los llevan ante el Ministerio Público.

“A pesar de que estos casos fueron denunciados por las víctimas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), no se llevó a cabo una investigación eficaz que permitiera identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos. Por otro lado, muchos de los migrantes no denuncian los delitos por miedo a las autoridades o por desconocimiento de sus derechos.”

En el informe Las personas migrantes como grupo vulnerable se indicó que sólo dos personas han presentado una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila por agravios de elementos de la policía municipal.

 

Pugnan por el respeto a derechos

En el Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de implementar de forma adecuada la reforma en materia de derechos humanos, se busca garantizar el acceso a la justicia de migrantes, asilados y refugiados, como sujetos de derechos en nuestro país.

Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha buscado concienciar a los juzgadores mediante la implementación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afectan a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional es una herramienta práctica en la que se plasman los ordenamientos jurídicos que regulan el tema de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México, así como ejemplos de sentencias de otros países que han resultado emblemáticas por su contenido en favor de los derechos humanos”, se explica en el texto.

En el documento, que ya debe poseer la totalidad de los jueces y magistrados del país, se explican temas relacionados con principios como la igualdad y no discriminación, la no devolución, la unidad familiar, la no revictimización, el interés superior del niño, niña y adolescentes migrantes, la gratuidad en los servicios y la presunción de inocencia.

También se busca proteger a este sector, víctima recurrente de la trata de personas, la explotación sexual y laboral.

“El protocolo pretende eliminar la invisibilidad de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, informando sobre sus derechos y exponiendo las reglas de actuación y buenas prácticas que pueden ser útiles a cualquier persona que imparte justicia, para resolver los asuntos jurisdiccionales.

“La aplicación del Protocolo coadyuvará a que en México se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria; a que se genere una discusión especializada sobre los temas migratorios, y a transformar el paradigma de la criminalización de la migración”, se detalla en el documento.

Basados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tratados internacionales signados por nuestro país, entre los principios que deben regir las resoluciones de los impartidores de justicia hacia los migrantes destacan la no discriminación e igualdad, pro persona, presunción de inocencia, beneficio de la duda, entre otros.

El protocolo, si bien no es vinculante, incluye criterios obligatorios para los jueces en los que se deben garantizar los derechos de los migrantes involucrados en un proceso judicial, como es el respeto al debido proceso y a una defensa adecuada, entre otros.

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