Detectan más anomalías de Oceanografía

La Auditoría Superior reporta irregularidades en 2008, 2011 y 2012

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02/03/2014 04:52 Lilian Hernández
De incumplimiento de contrato acusa la ASF a la empresa Oceanografía en obras realizadas en 2008, 2011 y 2012. Foto: Especial
De incumplimiento de contrato acusa la ASF a la empresa Oceanografía en obras realizadas en 2008, 2011 y 2012. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo.- En 2012, 2011 y 2008, Oceanografía, SA de CV, aparece en diversos reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por anomalías en contratos firmados con Petróleos Mexicanos que van desde incumplimiento en la entrega de obras públicas hasta deficiencias en la planeación y realización de obra civil.

En 2012, la fiscalización a uno de los contratos para la construcción de un muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, BCS, detectó avance de apenas 22% en la obra civil cuando debía haberse completado 100% ; en 2011, la ASF estableció que el avance en esa misma obra no llegó ni a 12% de casi 30% que debía haberse concretado.

En 2008, la ASF estableció que Oceanografía incumplió con la fecha estipulada de otro contrato y no se celebró una ampliación, por lo que Pemex Exploración y Producción debió proceder a la rescisión del contrato y hacer efectiva la fianza de garantía de cumplimiento, acción omitida por la paraestatal.

En la Cuenta Pública de 2012, la ASF determinó que el consorcio formado por las empresas Oceanografía, Blastinaval de México y Proyectos y Medio Ambiente para la construcción del muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, BCS, se retrasó en los plazos para tener listo el trabajo, pero además no pudo argumentar por qué no se logró avanzar en el tiempo establecido en el contrato que firmó con Pemex en 2011.

Por tanto, la ASF estableció que las empresas de ese consorcio “no acreditaron haber llevado a cabo acciones que abatieran el retraso en el desarrollo de los trabajos, debido a que la obra continúa con retrasos importantes en obra electromecánica, eléctrica, instrumentación, equipamiento y obras complementarias”.

Sumado a ello, el informe de la Auditoría señaló que, además del retraso en las obras del muelle, también hubo “deficiencias constructivas de obra civil por parte del constructor”.

El órgano fiscalizador explicó que el 7 de junio de 2011 se formalizó el contrato III-EST-COP-053-11 con el consorcio en el que participó Oceanografía por 229 millones 631 mil 700 pesos para un periodo de ejecución de 560 días naturales, concluido el 17 de diciembre de 2012.

Pero 11 días antes de vencer el plazo, el 6 de diciembre de 2012 se formalizó un segundo convenio para ampliar el tiempo de ejecución con 257 días naturales más, equivalente a 45.9% de los días fijados en el contrato inicial.

Ese convenio estableció una extensión hasta el 31 de agosto de 2013, para quedar en un total 817 días naturales en vez de los 560 determinados en 2011.

La ASF detectó que esa ampliación se firmó porque había retrasos importantes en la obra pública desde 2011, pues en diciembre de 2012, cuando debía concluirse, “únicamente se tenía un avance financiero de 22.4%”.

Para la Auditoría, esas irregularidades son evidencia de la “deficiente planeación de la obra, ya que en el dictamen técnico para justificar la celebración del convenio señalan diversos motivos imputables a Pemex Refinación, relativos a indefiniciones del proyecto, así como la entrega tardía de las instalaciones libres de operación, y el retraso en la realización de sondeos exploratorios, deficiencias que la entidad aceptó y que han afectado el avance de la obra”.

Lo más grave es que en julio de 2013, cuando la ASF hizo la verificación física de la obra, observó atrasos “relevantes” en la parte electromecánica, equipamiento e instrumentación sin que se haya sancionado a dicho consorcio.

En la Cuenta Pública de 2008 se dictaminó que Oceanografía incumplió el contrato y Pemex no hizo efectiva la fianza de garantía de cumplimiento emitida por la Afianzadora Sofimex por un monto de 36 millones 234 mil pesos y cuatro millones 690 mil 300 dólares americanos.

 

PRD exige se castigue el perjuicio al erario

El PRD en la Cámara de Diputados consideró que además de sancionar los fraudes entre particulares que se dieron en torno de Oceanografía, deben combatirse los delitos cometidos en contra del erario y en los que se encuentran involucrados los hermanos Bribiesca Sahagún.

Alfa González Magallanes, secretaria de la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior en San Lázaro, reclamó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) actúe con mayor rigor cuando se detectan casos de corrupción como el ocurrido con esa empresa.

Llama la atención que exista una justicia tan expedita cuando Oceanografía comete un fraude en contra de Banamex, donde se actúa de inmediato, y sin embargo cuando el Estado pide sancionar un caso de corrupción no se actúe y las denuncias por corrupción terminen en sanciones que son una burla”, señaló la diputada perredista.

Afirmó que su partido es el único que hasta ahora ha denunciado y demanda se combatan los casos de corrupción en torno de ese caso. Pero lamentó que siga sin actuarse cuando se trata de recursos públicos.

Porque es necesario sancionar no sólo los fraudes entre particulares, como ocurrió con el que presuntamente realizó Oceanografía en contra de Banamex; es urgente combatir los que se cometen en contra del erario, porque la empresa en mención, propiedad de los hermanos Bribiesca Sahagún, fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública federal con inhabilitación de un año nueve meses y 12 días y una multa de 24 millones de pesos, por incumplir con el depósito de fianzas en nueve contratos”, detalló.

En entrevista, consideró que la sanción resulta “ofensiva” porque esa empresa se benefició con seis mil 834 contratos de 2010 a 2012, de los cuales en más de mil se elevó el costo original de los convenios firmados con Pemex Exploración y Producción.

En casos como éstos sería necesario que, ante el desvío de recursos y la corrupción en que incurren, se aplicara un mayor rigor por parte de la Auditoría Superior de la Federación y del propio órgano del Ejecutivo federal, para no fomentar casos de impunidad”, argumentó González Magallanes.

—Ivonne Melgar

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