Castigan 4.2% de los casos de corrupción en México

El PRD propone agilizar procesos sancionatorios, dada la ineficiencia del actual sistema de fiscalización

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01/03/2014 05:18 Ivonne Melgar
La diputada priista Lourdes Quiñones dijo que resultaba absurdo que antes se sancionaba a un funcionario y que éste pudiera seguir en el servicio público. Foto: Mateo Reyes

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de marzo.- El Congreso está obligado a fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos para revertir la ineficiencia del actual sistema de fiscalización, en el que sólo se concreta 4. 2 % de las denuncias penales por corrupción.

Con este diagnóstico, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados considera necesario agilizar los procesos sancionatorios que castiguen el uso indebido de los recusos públicos.

En entrevista, el vocero del grupo parlamentario, Carlos Reyes Gámiz, detalló que en los 14 años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se han presentado 457 denuncias penales, pero únicamente prosperó una cifra que representa 4.2% del total.

Detalló que las 147 denuncias relativas a la Cuenta Pública 2012 están aún en curso ante el Ministerio Público.

El portavoz de la bancada perredista señaló que, frente a esas cifras, resulta urgente terminar con la falta de transparencia en la administración pública federal, “pues año con año se incrementa la opacidad, como se demuestra en la presentación de denuncias”.

Ofreció más cifras: en 2012, 147; en 2011, 133; en 2010, 102; en 2009, 34; en 2008, 10; en 2007, dos; en 2006, cuatro; en 2005, tres; en 2004, cuatro; en 2003, uno; en 2002 y 2001, cero; en 2000, dos; en 1999, 13 y en 1998, dos.

Señaló que en los hechos la tarea de la Auditoría Superior de la Federación queda anulada en cuanto a la recuperación de los recursos perdidos, desviados o sin comprobar del gasto federal.

 “De las Cuentas Públicas de 2001 a 2011 apenas se ha logrado obtener poco más de 71 mil millones pesos, según el último registro que tiene la dependencia al 31 de diciembre del año pasado, cuando tan sólo en la Cuenta 2007 hizo observaciones por desvíos que ascendieron a 60 mil 723.6 millones de pesos.”

Reyes Gámiz expuso estas consideraciones a raíz de la aprobación que esta semana se dio en San Lázaro del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para obligar a quienes incurrieron en ilícitos a reparar el daño patrimonial.

“Necesitamos fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos a través de ordenamientos que sancionen a los funcionarios a quienes se compruebe alguna práctica corrupta que genere incentivos para la denuncia y que disuada la comisión de nuevos actos de corrupción”, propuso el secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara.

Endurecimiento de reglas

Sobre el tema, la bancada del PRI consideró un gran avance la aprobación de la iniciativa para evitar que los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados penal o administrativamente por desviar recursos públicos, sean contratados, presten servicio o encargo a la Federación hasta que solventen la totalidad del monto dañado.

Por conducto de Lourdes Quiñones Canales, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el grupo mayoritario en San Lázaro destacó la relevancia de los cambios avalados esta semana.

De acuerdo con dicha reforma, cuando los involucrados en el daño al erario no lo hayan reparado, el contrato cesará de inmediato y se considerarán inhabilitados, además de que enfrentarían proceso penal.

La priista explicó que hasta ahora quien ofendía al erario, pese a que era sancionado administrativamente, podía seguir prestando servicios a la Federación aun y cuando no hubiera devuelto la totalidad de los recursos, “circunstancia que además de indebida se encuadraba en lo absurdo.

“Lo que se propone es avanzar en transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la responsabilidad resarcitoria, la cual debe ser exigible a los servidores públicos o particulares, que por actos u omisiones causen daño o perjuicio a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales, todos ellos estimables en dinero”, explicó la legisladora.

La minuta fue enviada al Senado de la República para su dictaminación y votación.

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