PGR rastreó 546 celulares en 2 años

A su vez, de 2005 a 2013 el Cisen hizo 869 intervenciones a comunicaciones privadas

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28/02/2014 05:57 Juan Pablo Reyes

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero.- En los dos últimos años, 546 equipos de telefonía celular han sido ubicados mediante la geolocalización por la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de contribuir a la investigación de crímenes relacionados con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas.

Desde 2012, año en que entraron en vigor las reformas que permiten a la PGR solicitar a las empresas de telefonía celular que ubiquen un aparato sin previa orden judicial si está relacionado con un delito, esa dependencia ha solicitado a cuatro compañías localizar en tiempo real esos equipos móviles.

Los recientes detalles sobre la detención de Joaquín El Chapo Guzmán indican que ésta se logró, en parte, gracias a la geolocalización.

La PGR reveló, ante una respuesta a una solicitud de información, que a Radio Móvil Dipsa (Telcel) se le hicieron en 2012 y 2013 un total de 309 solicitudes de localización geográfica en tiempo real de teléfonos celulares; a Iusacell, 42; a Movistar, 103, y a Nextel México, 92.

Sobre qué tipo de delitos han estado relacionados con los teléfonos celulares que se ha solicitado localizar, así como cuántas personas han sido detenidas y consignadas ante un juez gracias a investigaciones derivadas de esa ubicación, la PGR explicó que no se lleva un control estadístico al nivel de detalle que se requirió.

En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no violentan los derechos humanos las normas que permiten a la PGR y a las procuradurías estatales localizar geográficamente, en tiempo real y sin autorización de un juez, teléfonos celulares durante la investigación de crímenes como secuestros, extorsiones o relacionados con el crimen organizado.

Sin embargo, durante sus ponencias, los ministros del máximo tribunal precisaron que dicha solicitud de ubicación sólo procede en casos urgentes y el Ministerio Público deberá dejar constancia de su necesidad en la averiguación previa.

Asimismo, en 2013, el número de intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por diversos impartidores de justicia al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue de 530; octubre y diciembre fueron los meses en que más se utilizó esa herramienta para detectar y poner un alto la actividad de grupos criminales.

Del total de peticiones de intervención a comunicaciones privadas que efectuó el CISEN en 2012 y 2013, ninguna fue rechazada por juzgadores federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, se observa en la respuesta a una solicitud de información.

El CISEN aclaró que de 1999 a 2004 no se realizaron intervenciones a las comunicaciones privadas, pues carecía en ese momento de facultades legales para hacerlo.

Del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de  2013, el Cisen realizó un total de 869 intervenciones de comunicaciones privadas.

En 2005, únicamente fueron intervenidas cuatro comunicaciones privadas; 32 durante 2006 y 2007; en 2008 fueron 19; en 2009 un total de 21, mientras que de 2010 a 2012 el CISEN concretó 263 intervenciones con el objetivo de alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar al Estado mexicano.

El periodo de cada intervención que realiza el CISEN puede durar hasta 360 días. 

Alegatos

Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, argumentó en favor del rastreo de equipos celulares en ciertos casos.

  • Expuso que “en realidad los delitos de alto impacto a los que se refiere el artículo 133 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, atentan seriamente contra las instituciones democráticas y justifican que el Estado bajo el principio de debida diligencia lleve a cabo las acciones y utilice los medios técnicos adecuados para proteger la integridad de las personas que sufren o son susceptibles de sufrir esos delitos”. 
  • La ministra Olga Sánchez Cordero explicó que este tipo de medidas requerían de control judicial, para evitar posibles abusos y excesos de la autoridad.

 

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