Pleno del Senado aprueba en lo general Consulta Popular

Por mayoría, -103 a favor, 10 en contra y una abstención- se aprobó la nueva Ley Federal de Consulta Popular en donde se modificaron algunos de sus preceptos avalados previamente en comisiones

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27/02/2014 05:48 Jaime Contreras Salcedo
Durante la sesión, la mayoría de los perredistas aprobó en lo general la ley de consulta popular. Foto: Cuartoscuro
Durante la sesión, la mayoría de los perredistas aprobó en lo general la ley de consulta popular. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero.- Por  absoluta mayoría, -103 a favor, 10 en contra y una abstención, o sea, la bancada del PRD se dividió- el pleno del Senado aprobó la noche de este miércoles en lo general la nueva Ley Federal de Consulta Popular y en lo particular lo hizo al filo de las 2:35 de la madrugada de este jueves, por 77 votos a favor y 25 en contra también se aprobó en los términos del dictamen de comisiones la minuta correspondiente que se envió a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos correspondientes.

En la Ley de Consulta Popular se modificaron 15 de sus preceptos avalados previamente en comisiones, por medio de los cuales ahora se impedirá por ejemplo que el Ejecutivo, el Congreso o la misma ciudadanía promuevan en los medios el sí o el no sobre cualquier pregunta que se haga a la sociedad.

Dentro de las modificaciones se establece que corresponderá exclusivamente al Instituto Nacional de Elecciones el utilizar los tiempos oficiales para impulsar la participación ciudadana en una eventual consulta.

También se mueven otros requisitos, por ejemplo, sobre la credencial de elector y su uso para estos fines, explicó el senador panista, Roberto Gil.

En el 35, reproducirlo en el artículo 5; eliminar la posibilidad de uso de tiempos oficiales; eliminar la posibilidad de que se repartan tiempos en radio y televisión para quienes promocionen o patrocinen una determinada consulta popular y eliminar algunas de las restricciones o requisitos formales para la acreditación de las firmas, específicamente este requisito que se puso en la minuta del número de identificación de la credencial de elector, que es un número un poco complejo de hallar  en las credenciales de elector. En consecuencia, estos son los cambios que en principio se han acordado, se han convenido”, dijo en entrevista el senador  de Acción Nacional.     

Al filo de las 23:42 horas, y tras dos etapas que juntas sumaron seis horas de debate y discusión, los senadores de todas las fuerzas políticas iniciaron en la plenaria el análisis de las reservas en las que la bancada del PRD centraría su estrategia sobre las cartas ciudadanas así como la queja de la complejidad que el dictamen tiene para hacer realidad cualquier consulta en algún tema, por sencillo o controvertido que pareciera, sea o no el energético.

Roberto Gil, también presidente de la Comisión de Justicia, detalló que en comisiones se lograron cambios en la minuta del proyecto de Ley para impedir, entre otros puntos, que el Presidente de la República, el Congreso o la misma ciudadanía, puedan usar tiempos oficiales para promocionar el sí o el no en una consulta popular.

Será el Instituto Nacional de Elecciones la instancia que impulsará la participación ciudadana en un ejercicio de este tipo. “La socializará”, para que no existan ventajas electorales para nadie.

El panista Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, detalló que “uno de los acuerdos que hemos tenido es que se le retire (al Ejecutivo) la facultad, la posibilidad, de hacer tiempos oficiales para promocionar una posición con respecto a la consulta, para promocionar incluso la propia consulta”.

Las partes, en todo caso, esperarán que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que emita el veredicto final sobre la consulta popular, a partir de la demanda de amparo que interpusieran diversos senadores del PRD, del PT y Movimiento Ciudadano.

Además de los ingresos y gastos, tampoco podrán ser sujetos de consulta popular, acorde con el texto de este ordenamiento la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.

El nuevo ordenamiento, que se deriva de la reformas constitucional en materia política, tiene como propósito regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular, así como promover la participación ciudadana en la implementación de este mecanismo.

Entre otros puntos, el proyecto de decreto establece que serán objeto de consulta popular “los temas de trascendencia nacional que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población”.

En el documento se expone que esta Ley Federal de Consulta Popular “contribuirá a fortalecer los mecanismos que permitan a la sociedad ejercer su derecho a expresar su opinión sobre temas trascendentales para el desarrollo del país, siendo factor determinante en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas públicas por parte de las autoridades, para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional; lo que representa un importante avance en la búsqueda de consolidar nuestro sistema democrático”.

Un asunto será considerado de trascendencia nacional y, en consecuencia, ser un tema de consulta popular, cuando el mismo contenga elementos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional; que impacten en una parte significativa de la población; que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población; que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población, y las que determine el Congreso de la Unión.

Este decreto puntualiza correctamente el procedimiento que tendrá que seguirse en la consulta, relacionado con la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de ésta; etapas que deberán cumplimentarse bajo los principios de transparencia y publicidad en el proceso; lo anterior, con el propósito de que las consultas que se apliquen en un futuro, alcancen un alto grado de legitimidad.

Así se está dando cabal cumplimiento “a lo establecido en el texto constitucional, toda vez que se definirían los objetivos y alcances de la consulta popular, así como las particularidades según el sujeto que en su momento presenta la petición de consulta popular; así también, los alcances que tendrán en esta materia, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal Electoral”.

En ese sentido, es importante señalar, que el Proyecto de Ley considera como requisito sine qua non para presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente, el formular el denominado “aviso de intención”, mismo que deben agotar los ciudadanos para expresar su voluntad a la Cámara de Diputados. De esta manera, uno de los efectos más importantes del aviso de intención es que posibilita el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo ciudadano, y en caso de la falta de su presentación, será causa suficiente para no admitir a trámite la petición de consulta popular.

Las Comisiones destacamos que una vez realizada la consulta y el informe del IFE indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales; así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la SCJN, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención. Cabe señalar que cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso e implique que deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, tendrá efectos “durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez”

PRD no desistirá

Jesús Zambrano advirtió que nadie evitará la realización de una consulta popular.

  • Explicó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegara a determinar la no realización de la consulta popular por las modificaciones constitucionales en materia energética, ésta deberá hacerse para las legislaciones reglamentarias sobre el tema.
  • “Habrá consulta popular sobre la Reforma Energética quiéranlo o no los diputados o legisladores del PRI y del PAN”, aseguró el perredista.

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