Buscará IP negociar en pacto fiscal; abogan por crecimiento y empleo

Analistas descartan cambios en la Reforma Hacendaria aprobada por el Congreso en 2013

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03/02/2014 06:40 Jorge Ramos
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, y Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, van juntos para tratar de ganar reducciones a impuestos como el ISR. Foto: Quetzalli González / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero.-El sector empresarial del país buscará utilizar el pacto fiscal como un espacio de diálogo y negociación política para corregir las disposiciones que inhiben la inversión y la generación de empleo.

Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), respectivamente, adelantaron que demandarán la deducibilidad del ciento por ciento de las inversiones productivas y de las prestaciones sociales pagadas a los trabajadores.

También solicitarán la reducción progresiva de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que grava el reparto de dividendos de las empresas a las personas físicas y el ingreso de éstas.

Más allá de estas aspiraciones de los empresarios, los analistas Pedro Carreón, de PWC; Miguel Ángel Temblador, de KPMG; y Manuel Tron, de Ernst & Young, descartaron que el gobierno pueda hacer algún cambio a lo ya aprobado por el Congreso.

 

IP busca cambiar la Reforma Fiscal

A  pesar de que el secretario de Hacienda ya dejó claro que el Pacto de Estabilidad Tributaria no tiene el objetivo de modificar la Reforma Hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión, el sector empresarial tratará de utilizarlo como un espacio de diálogo y negociación política para corregir las disposiciones fiscales que inhiben la inversión y la generación de empleo.

Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), respectivamente, anunciaron que demandarán la deducibilidad de ciento por ciento de las inversiones productivas y de las prestaciones sociales pagadas a los trabajadores.

También solicitarán la reducción progresiva de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que graba el reparto de dividendos de las empresas a las personas físicas y el ingreso de éstas.

“Si no son positivas para la inversión y el empleo las tenemos que modificar”, dijo Gutiérrez Candiani, quien agregó: “en lo personal, tenemos que ir a una Reforma Hacendaria integral”.

Juan Pablo Castañon añadió al pliego petitorio la exigencia de que se reconsidere el incremento de la tasa del IVA de 11 a 16 por ciento en la zona fronteriza y el régimen fiscal impuesto a la industria maquiladora de exportación.

“Nosotros, desde el punto de vista de las empresas y de nuestras actividades económicas, vemos con preocupación algunas de estas medidas, entonces tenemos que acordar cuál es el verdadero escenario para poder tener fortaleza fiscal, pero al mismo tiempo promoción de las inversiones.

“Si logramos tener ese escenario con las fórmulas, encontraremos la estrategia jurídica más conveniente para realizar los cambios. Lo más importante es que lleguemos a tener una visión compartida completa de cuál es el modelo fiscal más conveniente para el contribuyente, para el sistema fiscal, para tener un Estado fuerte pero también una economía fortalecida”.

Por los acuerdos

El presidente de la Coparmex comentó que por supuesto que les interesa el Pacto Fiscal, “pero procesando y platicando estos temas”.

Castañón, para quien el primer paso en este proceso debe ser un acuerdo que comprometa a las partes a impulsar medidas que promuevan la economía mexicana, manifestó que el pacto debe ser un instrumento que permita darle fortaleza fiscal al estado mexicano, por una parte y promover la inversión de las empresas, por la otra. “Si logramos tener ese escenario, encontraremos la fórmula jurídica más conveniente” para materializar los acuerdos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani dijo que para construir un pacto tributario entre el gobierno y la iniciativa privada se deben considerar  las variables macroeconómicas como los ingresos públicos, los gastos y el déficit para tener certidumbre de largo plazo.

El 27 de enero el secretario de Hacienda anunció que en febrero se firmaría un pacto fiscal con la iniciativa privada del país; pero que esto no significaba que se fueran a eliminar los impuestos aprobados en la reforma hacendaria.

Candiani comentó que los empresarios deberán revisar si el pacto a proponer “va en la dirección correcta”, para ello evaluarán si las propuestas –del pacto- impulsan la competitividad y la productividad que permitan generar mayores empleos y mejores salarios. 

El representante del sector empresarial opinó que el pacto tributario es “un tema positivo por la certidumbre que da, pero hay que cuidar estas sensibilidades”.

Contextos

Candiani explicó que en el marco de la discusión de la Reforma Fiscal acordaron con la Secretaría de Hacienda que si llegaban a buenos términos, después se podría entrar a un pacto fiscal para dar certidumbre de largo plazo a las inversiones.

Los impuestos que entraron en vigor en 2014, como el ISR sobre los dividendos de la BMV, acotan el margen para deducir las prestaciones sociales.

 

Efectos

1.- Para las autoridades de Hacienda, el compromiso es mantener el esquema fiscal vigente hasta 2016, con la finalidad de generar certidumbre no sólo a los hombres de negocios, sino a la población en general. Por ello se vislumbran pocos acuerdos en la reunión.

2.- Los funcionarios de la SHCP han dicho que sólo en caso de un choque extraordinario que desajustara las previsiones económicas y de ingresos del país, la secretaría discutiría con los participantes del acuerdo para ver si es necesario un tipo de ajuste.

 

Sin marcha atrás: analistas

Más allá de las aspiraciones de los empresarios, el tema es si la miscelánea fiscal aprobada por el Congreso de la Unión puede ser modificada por el Poder Ejecutivo a gusto del sector empresarial.

La respuesta es no, según Pedro Carreón, socio de Impuestos de PWC, para quien el Ejecutivo no tiene facultades para revisar y modificar la Reforma Hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión para 2014.

En entrevista con Excélsior, advierte que todo cambio pretendido por el sector empresarial tendrá que darse en el Poder Judicial, si y sólo si éste falla a favor de los amparos promovidos por las empresas contra algunas normas fiscales.

“La revisión de las reformas fiscales ya no está en el ámbito del Poder Ejecutivo, él ya promulgó la ley, va a estar en el Judicial, es el que va a revisar la deducción de las prestaciones sociales y la tasa a dividendos.

“No creo que vaya a haber un cambio de parte del Poder Ejecutivo hasta en tanto lo revise el Judicial”, sostuvo Carreón.

Explicó que si el Poder Judicial considera que las disposiciones van contra la Constitución, se tendrán que modificar, pero no en el corto plazo, pues para llegar a eso tendrán que darse dos o tres años de discusión.

Pedro Carreón, socio de Impuestos de PWC.

 

 

Miguel Ángel Temblador, socio de Impuestos Corporativos de KPMG, dijo que el objetivo del pacto no es que el Ejecutivo envíe una iniciativa de Reforma Fiscal al Congreso de la Unión, sino ofrecer seguridad para atraer inversiones.

En ese sentido, considera posible que el Ejecutivo Federal conceda estímulos fiscales a las empresas, a través de dos figuras: la Resolución Miscelánea Fiscal o el Decreto.

“La posición de las autoridades es que no habrá cambios y la de los empresarios que debe haber facilidades, entonces, podría haber un acuerdo para que se les otorguen estímulos sin reformar la ley.

“El gobierno federal ha propuesto un pacto cuyo objetivo principal es atraer inversiones con base en una nueva expectativa fiscal, por lo que se podrían establecer ciertos estímulos hacendarios con la idea de atraer capitales”, agregó.

Miguel Ángel Temblador, socio de Impuestos Corporativos de KPMG.

 

Para Manuel Tron, socio a cargo del Área de Política Fiscal para el Continente Americano de Ernst & Young (EY), es positivo que se piense en un pacto que le de permanencia a las leyes tributarias.

Sin embargo, advirtió que va a ser muy difícil que las partes lleguen a un acuerdo respecto a una reforma con disposiciones tan duras y controversiales, como la hacendaria.

Como abogado considera poco deseable que se pretenda realizar cambios a través de las llamadas reglas de aplicación general o decretos, figuras que si bien ayudan a remediar temporalmente un problema, no lo solucionan de fondo.

“Lo que sería deseable es un diálogo tendiente a un pacto que sí incluya un acuerdo para tener estabilidad fiscal en por lo menos cinco años, pero también una propuesta de reforma consensada a algunas disposiciones.

“Creo que necesitamos hacer unas reformas legales y si el pacto permite hacer el análisis para ver cuáles y ésas que se acuerden se proponen al Congreso de la Unión y se aprueban, sería muy favorable.

“El periodo de sesiones inicia esta semana, nada impide que en este lapso, entre febrero y abril que el Congreso esté sesionando ordinariamente, el Ejecutivo, previo acuerdo con los organismos empresariales, le diga, mira, acordamos que estas disposiciones ameritan un ajuste y que una vez ajustadas quedarán sujetas a una condición de permanencia”, agregó.

Manuel Tron, socio a cargo del Área de Política Fiscal de la región para EY. Fotos: Eduardo Jiménez / Especial / Mateo Reyes

 

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