Crece gasto en cárceles militares

Las erogaciones por mantenimiento y pago de personal se duplicaron entre 2006 y 2012, al pasar de 32.4 a 72.8 mdp en las prisiones de Distrito Federal, Jalisco y Sinaloa

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02/02/2014 08:06 Juan Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero.- Los recursos que destina la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en mantenimiento y pago al personal de las tres prisiones militares que existen en el país se duplicaron entre 2006 y 2012, al pasar de 32.4 a 72.8 millones de pesos, fenómeno que especialistas atribuyen al aumento de los uniformados procesados, a raíz  de su incursión en tareas de seguridad pública.

De acuerdo con una respuesta del instituto armado a una solicitud de información vía el IFAI, en las cárceles ubicadas en el Distrito Federal, Sinaloa y Jalisco hay una población de 800 militares presos. El documento con el número de folio 0000700144413, fechado el 22 de noviembre de 2013, refiere que entre los presos hay tres generales, siete coroneles, siete tenientes coroneles, ocho mayores y 30 capitanes.

Y el perfil de los reos también ha evolucionado. Mientras que en el pasado predominaban los procesados por deserción y desobediencia, ahora el delito más recurrente de los prisioneros del Ejército es el homicidio, pues en los tribunales de la Sedena hay 258 expedientes por dicho ilícito.

124 por ciento aumentó el gasto en cárceles militares.

De acuerdo con otra respuesta a una solicitud de información, ésta con el folio 0000700186613 y con fecha del 14 de noviembre de 2013, el segundo motivo por el cual los militares van a prisión es narcotráfico (contra la salud) con 127 procesos. El tercer delito más frecuente es deserción, pues hay 114 expedientes. Cabe aclarar que hay casos en los que un mismo integrante de las Fuerzas Armadas es procesado hasta por cuatro delitos.

“Se calcula que en el sexenio de Calderón, unos 10 mil militares enfrentaron procesos derivados de sus actividades en seguridad pública. Y obviamente, mientras transcurre la investigación, los militares no pueden estar en su casa, sino en las prisiones militares, y eso implica para las Fuerzas Armadas un gasto que no estaba presupuestado, porque el personal que está en la prisión militar genera gastos”, apuntó Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Cárcel por cárcel

La prisión castrense más grande del país es la ubicada en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México. Tiene una capacidad para alojar a 864 personas y una población de 448 reos, 408 de los cuales están en el estatus de procesados y 40 sentenciados.

En 2006, a esta cárcel se destinaron 18.2 millones de pesos, 493 mil para mantenimiento y 17.7 millones para el personal de la planta. Seis años después, el gasto subió a 49.5 millones de pesos, lo que representó un aumento de 171 por ciento.

La prisión militar más saturada es la ubicada en Mazatlán, Sinaloa, en la III Región Militar, pues tiene espacio para 248 personas y actualmente es habitada por 245 reclusos. Actualmente, 231 uniformados son procesados y 14 ya fueron sentenciados.

15 años de prisión es el castigo por delitos contra la salud.

A principios del gobierno de Felipe Calderón esta cárcel implicaba un gasto de 7.5 millones de pesos, 75 mil para mantenimiento y 7.4 millones para haberes y demás emolumentos del personal. Para 2012, el presupuesto destinado se elevó a 12 millones de pesos, es decir, 60 por ciento más.

Por último está la prisión más pequeña del sistema carcelario castrense, la cual está localizada en Zapopan, Jalisco, en la V Región Militar. “La Mojonera”, como se le conoce a este penal, tiene capacidad para 115 personas y actualmente 107 presos viven allí.

En 2006, este penal supuso un gasto de 6.6 millones de pesos, de los cuales 62 mil 681 fueron para mantenimiento y operación, y 6.5 millones para personal. Seis años más tarde, los recursos se elevaron a 11.2 millones, lo que representa un aumento de 69 por ciento.

Apertura de las prisiones militares

En noviembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Carcelaria 2012, la cual, por primera vez, incluye la situación que se vive en los penales dependientes de las Fuerzas Armadas.

La cárcel mejor calificada fue la de Mazatlán, con un promedio de 9.1 en condiciones de gobernabilidad, 8.4 en aspectos que garantizan la integridad física del interno y 9.0 en aspectos que garantizan una estancia digna. Sus puntos débiles fueron reinserción social del interno (6.8) y atención a grupos con requerimientos específicos (discapacitados, personas con VIH, indígenas, adultos mayores y adictos).

A pesar de ser el espacio menos poblado, la prisión de Zapopan sacó las peores notas, con una calificación de 7.9 en condiciones de gobernabilidad. A su vez, la prisión de la Ciudad de México obtuvo un promedio de 8.3.

Al hacer una evaluación conjunta, la CNDH llegó a la conclusión de que los tres centros de reclusión tienen las siguientes deficiencias: inexistentes procedimientos para la atención y/o prevención de casos de tortura y/o maltrato; inexistentes actividades laborales y de capacitación; deficiencias en la separación entre procesados y sentenciados en dormitorios y áreas comunes; deficiencias en las actividades educativas; deficiencias en la atención a internos con VIH, y deficiencias en los programas para la prevención y en los de desintoxicación voluntaria.

CNDH pone fin a la exclusión

Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador de la CNDH y encargado del diagnóstico nacional, afirmó en entrevista que el organismo visita los penales militares desde 2007 (año en que comenzó a realizarse el informe penitenciario), pero se había dejado fuera de la evaluación debido a que la población es menor que en las prisiones civiles, además de que las condiciones de orden, limpieza y disciplina son abismalmente superiores a las del resto del país.

“A raíz de las reformas de 2011, todas las dependencias federales están obligadas a colaborar con la CNDH en la protección de los derechos humanos”, sostuvo el funcionario, quien agregó que encontraron buena disposición de la Defensa Nacional para realizar la visita a los centros penitenciarios y levantar la encuesta con los internos, al grado que permitieron la toma de fotografías.

Al informar sobre las deficiencias en las cárceles militares, Aguirre destacó que no hay suficientes actividades laborales para los internos, además de que no existe una debida separación entre reos procesados y sentenciados. Si bien hay pocas mujeres militares presas, el tercer visitador resaltó que éstas no siempre tienen sus propios espacios en comedores y servicios de salud.

Las sentencias

Actualmente la pena más severa que se purga en las prisiones militares es una de 45 años por el delito de “insubordinación con vías de hecho causando la muerte al superior”. Le sigue una condena a 30 años y seis meses de cárcel de un integrante del Ejército que fue hallado culpable de “inhabilitación voluntaria para el servicio por embriaguez, abuso de autoridad, causando la muerte al inferior y violencia contra los miembros de una guardia”.

La tercera sentencia más larga que se puede observar en los expedientes de la Sedena es una de 26 años que purga un militar a quien se le imputó el delito de “insubordinación con vías de hecho causando la muerte de un superior”.

Respecto a militares implicados en actividades de narcotráfico, destacan 12 sentencias a 15 años de prisión por delitos “contra la salud en su modalidad de permitir en calidad de servidor público extracción del país narcótico conocido como mariguana” y “contra la salud en su modalidad de colaborar en cualquier manera al fomento para posibilitar la siembra, cultivo y cosecha de mariguana”.

Hay casos de desobediencia que se purgan con cuatro años de prisión; de falsificación, con seis años de cárcel; de abandono del servicio, con dos años y ocho meses; de insultos, amenazas y violencia contra la tropa, con tres años y diez meses; de abuso de autoridad, con cinco años y tres meses, y de insubordinación, con cuatro años de cárcel.

El delito que tiene las penas menos severas es el de deserción, pues hay 467 casos de militares que sólo estuvieron dos meses en la cárcel por abandonar las filas sin causa justificada.

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