Corte resolverá caso de mujer indígena tlapaneca

Adriana Manzanares se enfrenta a una condena por aborto; la joven acusa varias anomalías en el proceso en su contra, como que no fue asistida por un intérprete

COMPARTIR 
22/01/2014 06:19 Juan Pablo Reyes

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero.- Luego de ser apedreada e insultada, los usos y costumbres de los habitantes de su localidad provocaron que Adriana Manzanares Cayetano, una indígena tlapaneca, fuera condenada a 22 años de prisión, acusada de infidelidad y de haber asesinado a su hijo recién nacido.

Además de sufrir las agresiones por parte de quienes la inculparon, entre ellos su propio padre, Adriana Manzanares padeció las fallas en el sistema judicial, pues no conocía el idioma español y en ningún momento del proceso en su contra contó con un traductor.

Así, el debido proceso volverá a ser el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros analizarán y resolverán hoy el caso de Adriana Manzanares Cayetano.

Luego de que una asamblea popular de Ayutla de Los Libres, Guerrero, la insultara y amedrentara, la joven fue obligada a confesar crímenes que, a decir de su defensa, no cometió.

El argumento de la defensa es que tras siete meses de gestación, la mujer sufrió un parto prematuro por la muerte del producto en su vientre.

Ella se embarazó de otra pareja sentimental, pues su esposo la dejó al partir a Estados Unidos.

Manzanares era a sus 20 años una campesina de Camalote, ama de casa con dos hijos; en 2006 fue acusada por su padre, ante la comisaría ejidal, por adulterio y por asesinar al bebé.

Ante el llamado de las autoridades del lugar, los pobladores conformaron una asamblea para decidir su futuro, tomando como base sus usos y costumbres.

Después de insultarla y obligarla a declararse infiel y provocarse un aborto, la joven fue entregada a los agentes del Ministerio Público de Ayutla, donde sin un intérprete, pues ella no habla ni comprende el español, y sin la presencia de algún abogado que la defendiera, firmó los documentos que ahí le dieron.

Meses después, el 27 de abril de 2010, un juez le dictó una sentencia de 27 años, luego reducida a 22 años mediante apelación.

La Primera Sala de la SCJN decidió atraer este caso con el argumento de que la mujer fue juzgada sin el apoyo de un intérprete. En marzo de 2013, los ministros de la Corte dieron entrada al amparo promovido por la defensa de Manzanares.

Sus defensores afirman que hubo graves deficiencias en el debido proceso judicial y que las pruebas para acusarla, y posteriormente condenarla, fueron obtenidas de forma ilícita.

El amparo interpuesto por la joven indígena ante el tribunal constitucional se encuentra bajo la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien hoy presentará un proyecto de resolución que sus cuatro compañeros podrían avalar.

Situación recurrente

La historia de Adriana Manzanares es una de las muchas que viven decenas de indígenas en el país. En su informe sobre el Sistema de Justicia en México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos plantea la problemática de la recurrente ausencia de traductores e intérpretes durante la etapa de averiguación previa en casos relacionados con indígenas.

“Aunado a ello, se ha visto que a los agentes del Ministerio Público y secretarios les basta con escuchar de los detenidos o testigos indígenas la pronunciación de algunas palabras en español, a través de las cuales intentan darse a entender (pues no dominan plenamente el español), para dar por hecho que no requieren ser asistidos por un traductor”, resalta.

Para ellos, esta situación impide el ejercicio del  derecho a una defensa adecuada y afecta sustancialmente el acceso a las garantías mínimas del debido proceso.

“Aunque existe la posibilidad de recurrir al juicio de amparo como el último recurso de acceso a la justicia, para un gran número de personas indígenas víctimas de este patrón, las condiciones de acceso a la justicia se ven seriamente restringidas, y el derecho a la libertad personal gravemente vulnerado”, se agrega en ese informe.

El 31 de julio de 2013, la Primera Sala de la SCJN fijó los alcances de los derechos fundamentales de los indígenas respecto del acceso a la justicia y de ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y de su cultura, como lo dicta el artículo segundo de la Constitución.

Si la indígena tlapaneca no queda en libertad, es probable que los ministros de la Primera Sala de la Corte determinen concederle un amparo para que se tome de nueva cuenta su declaración preparatoria, pues las autoridades judiciales fueron omisas al no respetar sus derechos fundamentales, ya que no estuvo acompañada de un intérprete que conociera su lengua y cultura, por lo cual se vulneró su derecho a la defensa adecuada.

Tendría que vivir en otro sitio

Adriana Manzanares es defendida por la Clínica de Interés Público del CIDE y por el Centro Las Libres.

Ambas organizaciones consiguieron hace cuatro años  la liberación de nueve mujeres que estaban presas en Guanajuato por circunstancias parecidas a la de Manzanares.

“Ahora, es importante subrayar que si ella sale de prisión, no podrá volver a su pueblo. La comunidad asegura que no puede volver  por haber faltado a su hombre”, comentó Verónica Cruz, quien es la directora del Centro Las Libres, con sede en Guanajuato.

 “Si sale de la cárcel, las organizaciones que la apoyan harían un proceso de reinserción en algún otro lugar. Es obligación del Estado mexicano y del guerrerense hacerlo. Pero sabemos que no lo harán”, afimó Verónica Cruz.

Video Recomendado

Comentarios

Lo que pasa en la red