Sedatu meterá en orden a municipios; permisos de obra, sólo con aval

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció la firma de un convenio entre el gobierno federal y los municipios más grandes del país, a fin de que no se otorguen licencias de construcción o se autoricen cambios de uso de suelo sin la aprobación de la dependencia federal.

Así lo anunció Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Sedatu, en el marco de la inauguración del Foro Nacional Ordenamiento Territorial y Desarrollo Metropolitano, que se efectuará en la Ciudad de México.

El convenio, detalló Ramírez Marín, se llevará a cabo, en una primera etapa, con los 90 municipios con mayor extensión territorial, mayor número de habitantes, importancia económica y política.

“El objetivo es que el otorgamiento de licencias de construcción, de cambios de uso de suelo, tenga que pasar forzosamente por una consulta a un mecanismo que, a través del Registro Único de Vivienda, inicialmente le permita saber a ese presidente municipal si la licencia que está otorgando está, en primer lugar, dentro de los polígonos de la Comisión Nacional de Vivienda, es decir, si es suelo apto para el desarrollo de un fraccionamiento, de un desarrollo habitacional.

“Pero en segundo lugar, si efectivamente esa tierra se encuentra calificada fuera de riesgo por los Atlas que se han sobrepuesto a esta estructura que era inicialmente sólo para vivienda”, explicó.

El mecanismo impedirá que los alcaldes puedan determinar estas consideraciones de manera unilateral, ya que tendrán que realizar la consulta de forma obligatoria.

“La consulta del presidente municipal quedará debidamente registrada, así como la respuesta de esa consulta, de tal manera que los presidentes municipales de estas ciudades convenidas con el gobierno federal no podrán otorgar licencias de construcción, ni cambios de uso de suelo en zonas de riesgo que pongan en peligro la vida de los ciudadanos”, detalló.

Igualmente señaló que la firma del convenio tendrá que darse antes de la primera quincena de noviembre, ya que de lo que se trata es de encontrar una manera práctica e inmediata de regular el crecimiento de la mancha urbana.

También dijo que la intención es que todos los municipios del país cuenten con un plan de desarrollo urbano, a fin de que se pueda controlar el crecimiento de los mismos de manera ordenada.

Ramírez Marín expuso que la Sedatu es la respuesta del gobierno federal para poner orden, para que se dejen de violentar  las reglas en materia de desarrollo territorial por conveniencia partidista, ideológica.

Informó que, de acuerdo con información del Centro Mario Molina, el 60 por ciento de suelo urbanizado es de origen irregular.

Explicó que el suelo del perímetro de una ciudad suele ser más barato, empero, para el gobierno representará un costo económico incalculable, y es que dotar de servicios de agua potable y luz eléctrica, entre otros servicios, representa una inversión alta que ningún municipio alcanza a cubrir.

Enfatizó que en tan sólo 15 años, 21 ciudades han crecido 20 veces, y concentran más del 50 por ciento de la población, por lo que es necesario establecer un proceso de metropolización amable con el medio ambiente y la salud mental de los mexicanos.

Demolerán viviendas dañadas

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que un gran número de viviendas ubicadas en zona de riesgo en las áreas afectadas por el paso de Manuel, en Guerrero, serán demolidas para evitar que se repita otra tragedia.

Aunque dijo que aún se desconoce el número de casas que tendrán que ser reubicadas, señaló que primero se deben tener alternativas para las personas que resulten afectadas y deslindar responsabilidades para saber quién asume los costos.

“Es inevitable para hacer las correcciones que, justamente, el informe tiene que señalar que se destruyan viviendas, es una de las cosas que más responsabilidad implican, primero porque alguien tendrá que pagar estos costos y, segundo, porque nosotros no podemos, abiertamente, decir se van a destruir tantas casas si no hemos generado la alternativa que le vamos a ofrecer a las personas que van a ser objeto de este daño”, explicó.

En entrevista, dijo también que el informe de responsabilidades sobre los cambios de uso de suelo y otorgamiento de licencias de construcción en la zona de Llano Largo Kayacos, afectado por las lluvias del mes pasado, aún no está concluido.

“La idea del informe no es presentar solamente una serie de circunstancias que se hayan dado, sino señalar con precisión tanto los nombres como las responsabilidades que, en opinión de este informe, deben de ser atribuidas, ya sea a personas, instituciones o empresas.

“Pueden tener la certeza de que este informe se presentará y que en estos momentos se trabaja completándolo, justamente, para que no sea solamente la circunstancia de una presentación, sino que tenga una consecuencia inmediata”, detalló.

Cuestionado sobre la posible salida del país de algunos empresarios del ramo de la construcción relacionados con las investigaciones, Ramírez Marín dijo no tener conocimiento, “aunque no lo recomendaría”, ya que  hay que esperar a que concluya el informe y ver las posibles consecuencias judiciales o recomendaciones sobre el caso.