Hallan improvisación en evaluación policial

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre.- El nuevo modelo de evaluación y control de confianza para los elementos policiacos del país, que anunció la Secretaría de Gobernación, está basado en un diagnóstico realizado por la organización civil Causa en Común, sobre el modelo de desarrollo policial en México.

El documento en poder de Excélsior revela que algunos evaluadores no tienen experiencia, ni capacitación suficiente y que algunos servicios han tenido que ser subrogados debido a la falta de infraestructura.

Lo anterior ha traído como consecuencia que, a pesar de que por ley se exige la certificación de los elementos policiacos, el resultado de las pruebas no se ha analziado técnicamente, las evaluaciones no consideran niveles jerárquicos y de acceso a la información y que se dé un mayor peso al resultado del polígrafo, ya que no se cuenta con evaluaciones socioeconómicas a profundidad.

Mientras que a la par existe un desconocimiento del sistema de desarrollo policial por parte de las instituciones policiales, y desconocimiento de los policías de sus derechos en el proceso de control de confianza.

Por ello se propone una revisión técnica de los instrumentos aplicados, a fin de ajustarlos a perfiles específicos y necesidades locales de estados y municipios, así como aplicar la evaluación poligráfica y socioeconómica a profundidad a mandos y personal a cargo de puestos sensibles.

También se contempla fortalecer la evaluación socioeconómica mediante la contratación de personal con experiencia contable o de auditoría, y gestiones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para agilizar de consultas de información.

Establecer de tres a cinco niveles de sensibilidad para el personal de las instituciones de seguridad y justicia y definir procesos específicos de control de confianza para cada nivel y garantizar que los centros de Control de Confianza tengan acceso a los expedientes del personal policial.

“La Comisión de Control de Confianza del CNSP decidió que los elementos de seguridad pública deberán pasar cada dos años, sin embargo, no hay capacidad instalada suficiente para cumplir ese mandato legal”, detalla.

Por lo cual se proponen pruebas aleatorias a personal en activo, evaluaciones focalizadas, construidas a partir de mapas de riesgo (elaborados por unidades de asuntos internos u otras instancias de control).

También se contempla asignar becas para evaluación para que sean los policías los que acudan directamente a los C3 bajo cita y regular el modelo diferenciado de evaluación en función de las particularidades de los municipios.

Nuevo modelo de evaluación policial pasará por legisladores

El nuevo modelo de evaluación y control de confianza de policías en el país deberá pasar por el poder legislativo antes de sustituir los mecanismos que actualmente se emplean, explicó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

¿Este nuevo modelo sustituirá al que actualmente se aplica?

—“No puedo asegurarlo, ésta es una decisión de los legisladores, apenas se está trabajando en ella y me comprometí en la comparecencia a que la habremos de construir junto con los legisladores.

—“Ya tenemos una propuesta venida de los grupos organizados de la sociedad civil”, respondió.

Explicó que la propuesta contempla evaluaciones más personalizadas, que van más allá de los exámenes toxicológicos y pruebas de laboratorio.

“El que sean controles internos permite ver no solamente los exámenes, no solamente el polígrafo, sino cómo vive, (cómo) convive el policía con su entorno y dirigido fundamentalmente, no quiero decir que solamente a ellos, quiero dejar bien claro, pero a mandos en todos sus niveles”, dijo.

El martes pasado, Osorio Chong aseguró que nunca se va a llegar a cubrir la totalidad de certificación de los cuerpos policiacos, por lo que es necesario cambiar de modelo.

Explicó que la rotación de elementos y la contratación a nivel municipal para cubrir una fuente de empleo y no como la formación de una institución para proteger a la ciudadanía, son las principales causas de que no se alcance la cobertura total de evaluaciones.

“Nunca, a este paso, vamos a llegar al 100%, es imposible, porque además al policía que hoy se le certifique, en las consideraciones que tenemos, mañana nadie nos va a asegurar que se vayan a otro extremo y cometan actos al margen de la ley. Tenemos que entrar en otro modelo”, señaló.

Nueva prórroga sigue aplazando las sanciones

Con el voto en contra de los panistas Gabriela Cuevas, Adriana Dávila y Francisco Búrquez, el pleno del Senado avaló ayer otorgar a los gobiernos estatales un año más para que concluyan el proceso de certificación de sus cuerpos policiacos, para evitar el despido de 171 elementos.

La reforma consiste en cambiar sólo el régimen transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer que “los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio.

“(…) El secretario ejecutivo del Servicio Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del Programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto”, dice.

También precisa que el gobierno federal “deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo Tercero transitorio de la presente ley, y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor”.

Añade que “los gobiernos estatales deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento (de la certificación) y establecer una partida presupuestal específica, en sus respectivos presupuestos de Egresos, para el siguiente ejercicio fiscal”.

Desde 2009, el Congreso fijó un plazo perentorio, de cuatro años, para obligar a la certificación policial; el plazo oficial venció en enero pasado, pero, ante la imposibilidad de cumplir con el objetivo, el senador Omar Fayad propuso una prórroga para que venciera este 30 de octubre; sin embargo, nuevamente no es posible cumplir con el ordenamiento.

Desde tribuna, Fernando Yunes, quien presentó la reforma por parte de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que “ésta es la última oportunidad que tendrán de cumplir con lo establecido en el citado ordenamiento”.

Anunció que se analizará profundamente la operatividad de los exámenes de control de confianza, para que se construya un nuevo gran acuerdo que permita hacer las modificaciones necesarias a estos exámenes, para hacerlos más ágiles, eficientes, accesibles y  permanentes.

Yunes informó que entre los estados que están por debajo de 70% de la certificación están Tamaulipas y Michoacán.